Guanajuato, Gto. La jueza penal Liliana Martínez Sandoval determinó revocar el no ejercicio de la acción penal que había sido emitido por el Ministerio Público, ante la denuncias de activistas y familiares de personas desaparecidas que fueron reprimidas durante la manifestación que realizaron en las inmediaciones de la Glorieta de Santa Fe en Guanajuato capital el pasado 10 de julio.
Con esto, se deberán reactivar las investigaciones al menos en contra de cinco elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y la cadena de mando, la cual recae hasta el Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca.
La determinación de la fiscalía indicaba que de acuerdo al artículo 17 de la ley de movilidad, obligaba a manifestantes a notificar con 48 horas de antelación del inicio de su manifestación. Sin embargo, la jueza determinó que el artículo está mal interpretado, pues no se trata de avisar para permitir la protesta, sino para que las corporaciones de seguridad prevengan la seguridad de los manifestantes.
De tal manera que se reiteró que si la manifestación es pacífica y persigue un objeto lícito, como es el caso, no había justificación para reprimirla.
Por ello se ordenó reponer la investigación a las cadenas de mando, para poder determinar quién y por qué dio la orden de reprimir la protesta. Por otro lado, el MP debe de revisar si el uso de la fuerza se justifica, por ello se le ordena que investigue a los autores, entreviste a todos los agentes que participaron, recopile los videos de la zona y recolecte los actos de investigación.
Para el abogado y activista, Roberto Saucedo Pimentel, se trata de un logro ciudadano, porque se reitera que el reprimir no quedará impune, cuando la autoridad sobrepase sus límites.
Alegatos
Durante los alegatos en la audiencia judicial, el mismo Saucedo Pimentel se inconformó como asesor legal de las víctimas, por el archivo de la carpeta de investigación que establece el no ejercicio de la acción penal contra Alvar Cabeza de Vaca ni contra cuatro elementos de las FSPE, sin establecer de manera clara por qué se tomó esta decisión.
Afirmó que el Fiscal de este caso no llamó a declarar a ninguno de los imputados; faltó exhaustividad en la relatoría de los hechos, además de que se integró una investigación por ataque a las vías de comunicación, pero en los videos se evidencia que no se aprecia la obstrucción de la carretera.
Además, resaltó que los policías estatales alegaron lesiones pero no refieren nunca a alguna mujer como autora.
“¿Entonces por qué detuvieron a mujeres? (…) La fiscalía ha dado tres versiones de los hechos: primero ataque a las vías de comunicación, luego lesiones a los policías y luego que quienes se manifestaron no avisaron de la manifestación con anticipación. En ninguno de los tres casos se justifica la detención”.
Sergio Salazar Guerrero, abogado defensor de Alvar Cabeza de Vaca y de los policías estatales, afirmó que con esa manifestación “fue un caos, Guanajuato se paralizó”, por lo que los policías lo único que hicieron fue descongestionar o desbloquear lo que ilegalmente ellos estaban haciendo. Hubiera sido muy fácil que cerraran sólo un carril”.
Sobre Alvar, dijo que se debería archivar la acusación contra él desde el principio, “porque él directamente no les dijo vayan y detengan a las señoras, para eso tiene subordinados, no directamente el señor Alvar Cabeza de Vaca. En la carpeta de investigación no está que Alvar Cabeza de Vaca dio directamente la orden”.
Al final se ordenó que se reactive la investigación para determinar si hubo abuso de autoridad por parte de dichos policías estatales, además de revisar la cadena de mando de esos hechos para determinar quiénes fueron los responsables de las detenciones.
