La decisión de la ASF se desprende de las denuncias presentadas por el abogado Paulo Díez Gargari y los legisladores Emilio Álvarez Icaza y Lucía Riojas.
De acuerdo con la notificación de la Auditoría, en los actos denunciados se advirtieron presuntas irregularidades en la concesión para la explotación, operación y conservación del tramo carretero de Chamapa-Lechería, celebrada por la SCT y el Gobierno del Estado de México. La observación directa es sobre el manejo y la administración de 3 mil 671 millones de pesos que la SCT transfirió al Estado de México.
“Se programarán los trabajos inherentes a la fiscalización de los hechos denunciados respecto de los años 2014, 2015, 2016 y 2017”, asentó la ASF.
El caso se hizo público el 29 de mayo de 2017, fecha previa a la elección de Gobernador en el Estado de México. Esa fue la primera elección en la que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sintió una competencia real en una entidad que es, aún hasta estos días, su bastión político más importante.
El abogado Paulo Díez presentó el pasado viernes una nueva denuncia ante la que era la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del Presidente Enrique Peña Nieto, de los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes Luis Videgaray Caso y Gerardo Ruiz Esparza y del candidato priista al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, por haber creado un mecanismo que permitió canalizar 3 mil 100 millones de pesos que sirvieron para financiar campañas electorales en la entidad.
En el documento de denuncia se estableció que Peña Nieto, junto con Videgaray, aún como Secretario de Hacienda, Ruiz Esparza, Eruviel Ávila Villegas y Alfredo del Mazo Maza, entonces Director General del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), transfirieron por lo menos 3 mil 100 millones de pesos federales al Estado de México en un proceso que inició en 1991.
En ese año, la SCT otorgó a la empresa Promotora y Administradora de Carreteras S.A. de C.V. la concesión para construir, explotar y conservar el tramo carretero Champa-Lechería por un plazo de 20 años.
Un año después, el gobierno federal celebró un Convenio de Concertación de Acciones. Ahí quedó estipulado que el Gobierno del Estado de México debía aportar obligatoriamente 50 millones de pesos para cubrir el costo de liberación del derecho de vía, para que luego el gobierno federal le entregara una nueva concesión por otros 20 años y así recuperar, por ingresos de peaje, los 50 millones de pesos.
Una vez recuperado ese dinero, el Estado de México quedaba obligado a pagar con los excedentes un programa de construcción, reconstrucción, conservación y modernización de autopistas estatales.
En 1997, la Secretaría de Hacienda y la SCT aprobaron un esquema de reestructuración financiera de las autopistas concesionadas. Ahí se limitó el costo fiscal del rescate y los 50 millones de pesos fueron considerados como aportaciones “no recuperables”. El Gobierno federal no asumió el reembolso y el Estado de México no impugnó el rescate.
Fue hasta el 21 de marzo de 2007, cuando Peña era Gobernador del Estado de México, Ruiz Esparza Secretario de Comunicaciones y Videgaray Secretario de Finanzas, que presentaron varias reclamaciones al gobierno federal para que se le entregara la concesión de la autopista o para que se le reembolsaran los 50 millones de pesos “supuestamente” aportados, a pesar de que el Estado de México nunca fue titular de ningún derecho.
En la denuncia se asentó que Ruiz Esparza presionó al Gobierno federal para que se diera cumplimiento de dicha obligación, pero no tuvo éxito.
Luego llegó Peña Nieto a la Presidencia, Ruiz Esparza a la SCT y quedó aprobada la aportación del Estado de México a la autopista. No fue por 50 mil millones, sino de 125 millones de pesos, pero con una tasa de interés anual de 10 puntos reales por encima de la inflación, el monto alcanzó los 3 mil 671 millones de pesos.
De acuerdo con Díez Gargari, ese 10 por ciento utilizado no tiene soporte legal o contractual. Si la cifra se actualiza por inflación, sería de 334 millones de pesos (al 30 de abril de 2017). Pero de entrada, el Estado de México no tenía ya ni el derecho a recuperar el dinero.
De los 3 mil 600 millones que Hacienda debe pagar al Edomex, en 2016 se habrían pagado mil 600 millones. El dinero debió llegar al Sistema de Administración del Sistema Carretero del Estado de México (Saascaem), pero no hay rastro alguno de los mil 600 millones de pesos. Tampoco en otros lados hay registro o referencias al convenio.
Pero hay una cuenta de cheques Bancomer 0102614057 con esa cantidad de dinero. Para el 31 de diciembre de 2015, la cuenta ya estaba en ceros. En la SCT, en su Cuenta Pública Federal, quedó registrado como “subsidio a una entidad federativa”.
