Por Dulce Olvera
Ciudad de México, (SinEmbargo).– El Poder Judicial de la Federación ha enfrentado en los últimos días los cuestionamientos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha reclamado el actuar de magistrados en la otorgación de suspensiones y amparos ante proyectos que su administración ha impulsado. La realidad es que la malas prácticas dentro de este poder es un tema que se ha ido depurando en el último año.
Por solicitud pública del Presidente López Obrador, el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar Lelo de Larrea, informó en días pasados que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), de existir elementos, indagará en torno al Juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien fue el primero en emitir una suspensión provisional de la Reforma Eléctrica. Pero esta no sería la primera vez en que un juzgador es investigado, así lo documenta el propio Poder Judicial.
Durante 2020, se impusieron 67 sanciones a servidoras y servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales por responsabilidades administrativas que en los casos graves implicó la destitución e inhabilitación, señala el Informe Ejecutivo del Poder Judicial de 2020.
El número de sanciones casi se cuadriplicó frente a 2019, cuando se impusieron 16 en casos relacionados con irregularidades patrimoniales, encubrimiento de casos de nepotismo y la obtención de beneficios de las partes del juicio, de acuerdo con el Informe Ejecutivo de ese año. De ello destaca la destitución de un Juez de Distrito por corrupción y haber incurrido en “errores inexcusables” en un caso de pederastia; y las destituciones de dos magistrados de circuito por “notoria ineptitud” y “graves irregularidades” en sus declaraciones patrimoniales.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Ministro presidente Arturo Saldívar durante su segundo informe de labores en la SCJN. Foto: Cuartoscuro.
La Comisión de Disciplina del CJF, por conductas graves como inconsistencias patrimoniales o robo de exámenes, aplicó el año pasado 13 inhabilitaciones temporales en el servicio público, dos destituciones y cinco sanciones económicas por un monto total de seis millones 168 mil pesos. En la Suprema Corte, se aplicaron ocho sanciones: tres amonestaciones públicas, tres suspensiones y dos apercibimientos privados.
“Un punto es la falta administrativa y otro si es delito. El Consejo de la Judicatura, un órgano externo a los jueces y magistrados, tiene maneras de saber de primera mano si hay algún funcionario, juez o magistrado con inconsistencias patrimoniales u otras faltas. Una vez que lo identifican, ellos mismos pueden sancionar, lo cual no está peleado con que sea un delito y también pueda ser investigado por la Fiscalía General”, dijo Adriana Greaves Muñoz, abogada de la organización Tojil.
Derivado de las faltas, desde el Poder Judicial se presentaron cuatro denuncias penales contra magistradas y magistrados de circuito, y se logró la judicialización de dos carpetas de investigación contra magistradas y magistrados “por irregularidades no aclaradas en sus movimientos financieros e inconsistencias en su evolución patrimonial”, que se suman a las seis carpetas de investigación en trámite, detalla el Informe.
Dentro de las sanciones impuestas, el Consejo de la Judicatura confirmó la inhabilitación por 20 años y la sanción económica por 3.49 millones de pesos al exdirector General de Inmuebles y Mantenimiento, Francisco Pérez Maqueda, por haber recibido dinero que no correspondía a sus prestaciones. El caso fue conocido como “El Cajuelazo” al encontrársele más de tres millones de pesos en la cajuela de su auto hace cuatro años.
También enfatizó la sanción de destitución e inhabilitación por una década a un Magistrado de Circuito, el exdirector General del Instituto de la Judicatura Federal (IJF), por habérsele encontrado responsable de la filtración y comercialización de información confidencial sobre el 28º concurso interno de oposición practicado por el IJF en 2018. El resto de los involucrados recibieron sanciones en función de su participación.
A finales de 2020, aunque el documento no lo menciona, el otro brazo del Poder Judicial, el Tribunal Electoral (TEPJF), también estuvo bajo la sombra de la sospecha. Luego de que el Magistrado electoral José Luis Vargas Valdez presentó un proyecto contra el registro de la organización calderonista México Libre, y ya como Magistrado presidente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda lo denunció por enriquecimiento ilícito.
Notas periodísticas le atribuyeron propiedades en Miami, Valle de Bravo, Lomas de Chapultepec y Polanco desproporcionales a sus ingresos anuales, señalamientos que Vargas negó ante la Fiscalía General.
LA RECIÉN REFORMA JUDICIAL
A inicios de su Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó las altas remuneraciones de jueces y magistrados, y sugirió emprender una reforma de fondo al Poder Judicial después de que en septiembre del 2019 el Juez Samuel Ventura Ramos emitió dos polémicas resoluciones en el caso Ayotzinapa: la liberación de 24 policías presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas y la salida de prisión de Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, presunto jefe de plaza de Guerreros Unidos detenido en 2015.
En el Informe Ejecutivo del Poder Judicial de 2020, y en coincidencia con lo planteado por el Jefe del Ejecutivo, el Ministro presidente Arturo Saldívar reconoció la necesidad de una Reforma Judicial contra el nepotismo y la corrupción interna, la cual fue publicada el 11 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, sustituyendo la de 1994.
No obstante, desde la organización Tojil consideran que no abona robustecer las normas si no se aplican. “Qué bueno que haya una nueva Reforma que tenga como marco central el combate a la corrupción. Sin embargo, no podemos evaluar hasta que no se vea un Consejo de la Judicatura robustecido y sancionando conforme a la ley, por ejemplo, si hay sobornos a jueces”, aseguró la abogada Adriana Greaves.
En marzo del año pasado, el Poder Ejecutivo, la Fiscalía General de la República y la Suprema Corte firmaron un convenio de colaboración para el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro.
Aunque los señalamientos contra miembros del sistema judicial trascienden los sexenios. En 2012, el entonces Magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano fue acusado de enriquecimiento ilícito por tener ingresos no justificados superiores a 2.4 millones de pesos al año. Sobre él ya pesaba el historial de haber liberado en 2008 a Iván Archivaldo Guzmán, “El Chapito”; haber exonerado al expresidente Luis Echeverría Álvarez de la matanza del 2 de octubre de 1968; y emitir un fallo a favor de Sandra Ávila Beltrán, alias “La Reina del Pacífico”. En 2017 fue destituido del Poder Judicial.
Un año después, en diciembre de 2018, el Consejo de la Judicatura de Coahuila suspendió a seis jueces y la Fiscalía de Nayarit solicitó al Congreso local iniciar un proceso de desafuero a cuatro jueces y dos magistrados vinculados a una red de corrupción y fraude hipotecarios, en detrimento de miles de derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
LAS IMPUGNACIONES A LA LEY ELÉCTRICA
Luego de la primera suspensión provisional de la Reforma eléctrica, el Presidente de la República envió una carta a Arturo Saldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte, para pedir investigarlo. Este martes, se informó de otras suspensiones de otros jueces como la otorgada por el Juez Rodrigo de la Peza.
“Las suspensiones provisionales se otorgan todos los días en este país, pero el caso le importa de manera particular al Presidente y se siente personalmente agraviado”, dijo el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Juan José Garza Onofre. “Pero como pasó con la Reforma Educativa del peñismo, las leyes que no estén discutidas de forma amplia es muy probable que se impugnen porque la misma ley lo permite para que el Poder Judicial se pronuncie sobre la constitucionalidad de las mismas”.
En la misiva, el Mandatario federal requirió revisar la resolución del Juez Juan Pablo Gómez Fierro y planteó que “intereses corporativos” han conformado un “buró jurídico” para mediante amparos y suspensiones oponerse a sus obras y acciones gubernamentales.
Desde Palacio Nacional, el Presidente López Obrador señaló como parte de estos grupos conservadores al empresario Claudio X. González porque, dijo, su familia participó en la guerra sucia de las elecciones de 2006 a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y en 2019 encabezó amparos contra el Aeropuerto en Santa Lucía.
También acusó al exministro José Ramón Cossío por votar en contra de declarar como responsables del incendio en la Guardería ABC en Sonora a diversas autoridades del IMSS “para beneficiar al Gobierno de Felipe Calderón y de la familia de la señora [Margarita] Zavala”, y cuestionó sus votos en torno al caso Cassez, Atenco, Ley Televisa y un proyecto eólico en Oaxaca. Cossío, en entrevista radiofónica con MVS, dijo que la información que le dieron al Presidente es “equivocada”.
“Está tomando una actitud más política que jurídica, lo que pone aprueba la independencia judicial y las futuras actuaciones de jueces y juezas que van a tener que resolver leyes propuestas por él o su partido, siendo que tienen que actuar con discrecionalidad como árbitros que se apeguen al derecho ajenos a cualquier consideración política”, expuso Garza.
