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jueves, febrero 2, 2023

La violencia opaca esfuerzos en Zacatecas. Viene de atrás, pero consolidó estos años

Por Monserrat Antúnez Estrada

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).– Los niveles de violencia registrados en Zacatecas nuevamente han prendido alertas. En las últimas semanas se han reportado bloqueos, personas que han sido desplazadas de sus comunidades así como el asesinato del coordinador de la Guardia Nacional, el General Brigadier José Silvestre Urzua Padilla, y el del Juez Roberto Elías Martínez. Situaciones que explican —en parte​​— por qué en 2021 fue la entidad con la mayor tasa de homicidios con 109 de estos crímenes por cada 100 mil habitantes, y sobre todo por qué está entre los 10 estados más violentos actualmente, además de tener dos de los municipios con peor percepción de seguridad de todo el país.

Zacatecas enfrenta una de las situaciones de inseguridad más complejas de todo el país, una muestra de ello fue el asesinato del coordinador de la Guardia Nacional en la entidad perpetrado la semana pasada, algo que no se había visto en otros estados en años recientes.

Las cifras que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) permiten ver cómo la descomposición de la seguridad en Zacatecas avanzó durante el Gobierno del priista Alejandro Tello Cristerna, quien al asumir el poder en septiembre de 2015 cerró ese año con 286 víctimas de homicidios dolosos, una cifra que para 2021 —al cierre de su administración y los primeros meses del morenista David Monreal, quien tomó protesta en septiembre de ese año— aumentaría un 468 por ciento.

El comportamiento de otros delitos es similar. En enero de 2015, por ejemplo, no se registraron víctimas de feminicidio, pero de 2016 a octubre de 2022 autoridades federales contabilizan 91 casos. Las personas afectadas por el delito de extorsión aumentaron 424 por ciento de 2015 a 2021, al pasar el primer año de 98 a 514 en este último. De 2015 a octubre de 2022 las víctimas de este delito suman 2 mil 322.

Especialistas y autoridades coinciden en que, por su ubicación geográfica, Zacatecas es territorio de disputa entre los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, considerado el más peligroso del país. Una problemática que está detrás de los indicadores de inseguridad.

El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval reconoció que la violencia en la entidad se debe a que es “un nudo de comunicaciones” donde confluyen las carreteras que pueden dirigirse a diferentes partes del país, principalmente hacia el norte. De acuerdo con esta información, los delitos los concentran municipios clave para el tránsito como Fresnillo, Guadalupe y la capital.

“Si lo unimos por la parte de narcomenudeo, bueno, estas son las áreas que tienen una mayor cantidad de población, es donde pueden realizar esa actividad ilícita de narcomenudeo, entonces, se convierten estos municipios en un mercado a disputar por parte de las organizaciones delictivas, esto podría ser el por qué, qué es lo que está sucediendo”, dijo el 9 de septiembre en conferencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde Zacatecas.

Tan sólo el fin de semana, habitantes de la entidad denunciaron la quema de vehículos y bloqueos de carreteras en el estado. La Secretaría de Gobierno estatal calificó estos eventos como “distractores” ya que a la par se registró un motín y varios hombres intentaron huir del Centro Regional de Reinserción Social (Cereso) de Cieneguillas. Los bloqueos, sumados a los asesinatos de funcionarios estatales, han sido vistos como parte de la creciente disputa de los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco.

“Como se trata de dos organizaciones de gran tamaño y ninguna quiere cederle terreno a la otra lo que se genera es un aumento inusitado de la violencia no sólo en términos numéricos, si no también en términos de lo visual que termina siendo la violencia: estos bloqueos que se dieron, atentar contra la vida de funcionarios de alto nivel como el General de la Guardia Nacional José Silvestre Urzua y el Juez Roberto Elías Martínez no es otra cosa que enviar mensajes de fortaleza, de que no están dispuestos a ceder terreno”, explicó en entrevista Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Cifras oficiales indican que para septiembre de 2022, dos de las seis ciudades más inseguras estuvieron en este estado. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en Fresnillo y Zacatecas el 94.7 y 90.7 por ciento, respectivamente, de los adultos consideran que vivir ahí es inseguro.

A esto se suma los diferentes episodios de violencia que se han reportado en Jerez. Hace unos días la prensa consignó cómo un grupo de habitantes de El Durazno, en el mismo municipio, protestó frente al Palacio de Gobierno para exhibir cómo su comunidad se ha convertido en un “pueblo fantasma”, precisamente por la pugna entre organizaciones criminales.

En mayo de este año, la Fiscalía de Zacatecas informó vía transparencia —en respuesta a la solicitud de información  321103822000215— que en todo 2021 tuvo 11 denuncias por desplazamiento forzado, una cifra que para los primeros cinco meses de este 2022 ascendió a 95, es decir un aumento de 763 por ciento.

La dependencia precisó que “todas las denuncias de las que se tiene conocimiento relacionadas con lo solicitado corresponden a los años 2021 y 2022 en el Municipio de Jerez de García Salinas, Zacatecas”, a la par refirió que “las causas de los desplazamientos son en todos los casos la operación de grupos criminales en sus comunidades de origen, presuntamente integrantes del crimen organizado por lo cual han sido víctimas de diversos delitos”.

Otra muestra de la crisis de violencia que enfrenta la entidad son las desapariciones, pues desde 2018 hasta diciembre de 2022 aumentaron 270 por ciento al pasar de 182 a 674 desde enero a diciembre de este año, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación y que se observan en la siguiente gráfica elaborada por la dependencia. La cifra exacta de las personas desaparecidas es difícil de conocer, porque en muchos casos no existe una denuncia.

Ante este panorama, en noviembre se cumplió un año desde que el Gobierno federal implementó el Plan Zacatecas II para responder con mayor presencia de la Guardia Nacional y el Ejército a la oleada de violencia. Sin embargo, el número de víctimas de delitos en la entidad dan cuenta de que la respuesta no ha sido suficiente.

La estrategia también es calificada por investigadores como Edgar Guerra Blanco, del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), como “un fracaso”, pues, dice, recuerda a los operativos fallidos que en las últimas décadas se han implementado en el estado y otros lugares del país en contextos de crisis para enfrentar a la opinión pública más que los “problemas de raíz”, como la lucha por el control territorial.

El investigador Sánchez coincidió al recodar que los gobiernos estatales y federales llevan años, al menos desde que el expresidente Felipe Calderón declaró “una guerra” contra el narcotráfico, sin atender las alertas de la ciudadanía.

“Las autoridades no estuvieron a la altura para hacerles frente en su momento y ahora nos encontramos en una situación todavía más difícil en términos de escala de la violencia. Nos enfrentamos a un esquema donde ambas organizaciones [los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco] tienen un importante caudal de recursos, ejércitos sicariales muy grandes y ante la similitud de fuerzas no se puede prever un ganador, quizá no lo haya y terminemos entrampados en una oleada de violencia que dure varios años en este entidad”, lamentó.

De acuerdo con Guerra Blanco, otro factor que sigue sin ser atendido es reforzar a las policías municipales y del estado, en cambio, el Gobierno federal actual apuesta por darle más tareas a personal  militar –a través de la Guardia Nacional y el Ejército–. A ello se suma la corrupción local y la impunidad que caracteriza al sistema de justicia.

Un ejemplo de ello fue el asesinato del Juez Elías Martínez. “El sistema de justicia está prácticamente amenazado por el miedo, por la delincuencia organizada”, mencionó el investigador.

Y es que para febrero de este año Arturo Nahle García, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacateca informó a La Jornada que 10 jueces de control habían tenido que ser cambiados de adscripción por sus resoluciones en casos relacionados con el crimen organizado, además de las licencias de meses que han tenido que dar en los últimos dos años para resguardarlos.

Ante este panorama la solución no basta con aumentar el número de elementos de la Guardia Nacional, expuso Edgar Guerra. “No es muy atractivo para los políticos hablar de políticas públicas a largo plazo, más bien piensan en la inmediatez, en resolver el conflicto con alguna declaración u ordenar algún tipo de movilización espectacular. No hablan, por ejemplo, de reformas que tendrían resultados a 10 años, como reforzar a las policías”.

La situación y —al parecer— la falta de resultados del Plan Zacatecas II llevaron al Gobernador David Monreal a anunciar en octubre un acuerdo de cooperación para combatir al crimen organizado en el estado con la participación de diferentes agencias estadounidenses, como el Buró Federal de Investigación (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), que fue cancelado horas después, luego de que el Presidente López Obrador recordó al Gobernador que “la política exterior corresponde al Ejecutivo federal, al titular del Ejecutivo”.

El acuerdo entre Zacatecas y Estados Unidos fue anunciado en conferencia de prensa. Foto: Twitter @USAmbMex

Este 5 de diciembre, López Obrador aseguró que su Gobierno atiende de manera permanente la situación de violencia por la que atraviesa Zacatecas, dijo que “se ha ido avanzando, pero hace falta más”, también adelantó que seguirá apostando por el trabajo en conjunto con la Secretaría de la Defensa, la Marina y la Guardia Nacional.

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