Por Efrén Flores
Ciudad de México, (SinEmbargo).- Al margen de los presuntos actos de corrupción entre OHL (hoy Aleatica) y el Gobierno del exgobernador mexiquense (2005-2011) Enrique Peña Nieto, de que Aleatica no tiene derecho de explotar el Viaducto Bicentenario y que la concesión que mantiene desde 2008 –hasta el año 2038– debería ser revocada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de la 4T, existe una incapacidad financiera por parte de la empresa para cubrir la deuda bancaria derivada de la construcción de la vía sobre uso de suelo federal.
De acuerdo con el abogado Paulo Díez Gargari, quien mantiene un proceso legal en contra de Aleatica desde hace más de una década, los problemas relacionados con los créditos del Viaducto Bicentenario implican conflictos de interés y corrupción desde el Gobierno del Estado de México, además de mentiras al mercado financiero y esquemas de fraude por parte de la empresa, que continúan al amparo de autoridades locales y federales.
“Todo conecta y todo da la vuelta. Son las mismas personas que andan en un lado y en el otro, siempre con ésta falsa apariencia de pulcritud, de legalidad y de corrección”, explicó en conferencia de prensa, para dar a entender que la puerta giratoria del peñanietismo permitió la extensión de créditos a sabiendas del riesgo de impago.
Por un lado, el banco de inversión Vace Partners, fundado en 2009 por Alfredo Vara Alonso, quien fuera director general de Banobras entre abril de 2017 y diciembre de 2018, actuó como asesor financiero para la elaboración del financiamiento crediticio del Viaducto Bicentenario en 2009-2010.
Por otra parte está Alonso García Tamés, quien fuera director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) (2007-2011) en la época (2010) en que fueron otorgados los créditos del Viaducto Bicentenario y quien actualmente se desempeña como director general y representante en México del fondo de inversión canadiense CDPQ, que “es dueña del 45 por ciento del Circuito Exterior Mexiquense”.
Además de los posibles conflictos de interés y del amañe para conceder los créditos a Aleatica, están las consecuencias financieras del impago.
“Ni siquiera asumiendo que ellos tuvieran un derecho válido para explotar esa autopista, Aleatica está en posibilidad de pagar a su vencimiento, que es en el 2024, los créditos bancarios obtenidos” en su mayoría, a través de Banobras y del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), comentó Díez Gargar.
Lo importante del caso, en la opinión del litigante, “es identificar que no estamos frente a actos de corrupción aislados, sino que son actos ejecutados por una red muy sofisticada de corrupción que estaba encabezada por Enrique Peña Nieto, y de ahí para abajo, y que tenía como uno de sus principales socios y aliados a Aleatica, en cuyo Consejo de Administración estaba, entre otros, Emilio Lozoya Austin”. Una red desde la cual “se financiaron no sólo las campañas políticas del PRI en el Estado de México y la presidencial del 2012, sino con la que también se pagaron sobornos a servidores públicos en España por la adjudicación de aquél proyecto ferroviario del Tren Móstoles-Navalcarnero, e incluso, para hacer pagos ilegales al Partido Popular“.
EL ENDEUDAMIENTO
Las cifras recabadas porPaulo Díez Gargari arrojan que la subsidiaria de Aleatica, Viaducto Bicentenario S.A. de C.V., tenía una deuda registrada de 5 mil 891 millones de pesos al 31 de diciembre de 2019. De dicha cantidad, 4 mil 469 millones pertenecen a créditos de Banobras (1 mil 422 mdp) y del Fonadin (3 mil 47 mdp).
“El crédito del Fonadin es subordinado. […] Es decir que se paga después de que se hayan pagado los créditos de los otros acreedores. De modo que hoy está clarísimo, no es una suposición, no es una expectativa… Hoy sabemos con certeza, que por lo menos ese crédito del Fonadin no se va a pagar a su vencimiento. Y es muy probable que los otros dos tampoco puedan pagarse en su totalidad”, aseguró Díez Gargari.
La falta de posibilidades de pago y de cumplimiento es grave porque el monto a cargo de crédito genera intereses que no son baratos, debido a las elevadas tasas de pago. Sólo en 2019, según lo que registró Aleatica en sus estados financieros, el costo de los intereses fue de 700 millones de pesos.
“Haciendo un cálculo […] con base en el saldo insoluto de lo que hoy se debe y los intereses que generan estos créditos, el monto aproximado de intereses […] que estos señores tendrían que pagar en el periodo 2020-2024 es como de 2 mil 700 millones de pesos”, explicó Díez Gargari.
El adeudo con intereses (5 mil 891 mdp) al corte del 31 de diciembre de 2019, más el adeudo que generará ( 2 mil 700 mdp) en los siguientes años hasta 2024, da un total aproximado a pagar de 8 mil 591 millones de pesos. En ese sentido, el abogado señaló que el problema es que los ingresos generados por Aleatica, a través del pago de cuotas de peaje, no es ni será suficiente para cubrir sus deudas con la banca de desarrollo de México. Al respecto dio cifras.
En 2019, Aleatica reportó ingresos por 1 mil 38 millones de pesos en cuotas de peaje. Y durante el primer semestre de éste año, los ingresos reportados por dicho concepto ascendieron a 271 millones de pesos.
La crisis por la pandemia de COVID-19 golpeó el flujo de ingresos de la compañía por lo que, de acuerdo con los cálculos de Díez Gargari, “si bien les va, en un escenario muy optimista, en todo 2020 podrán llegar a tener ingresos como de 600 millones de pesos”.
Si consideramos que a partir de 2021 Aleatica recuperará su nivel de ingresos por peaje previo a la crisis sanitaria a nivel nacional, explicó el litigante, la compañía podría juntar ingresos máximos por 5 mil 500 millones de pesos de aquí a 2024, año en que vencen los plazos de pago de los créditos contratados en 2010.
A ese dinero habría que restarle la contraprestación que Aleatica le tiene que pagar al Gobierno del Estado de México y que es equivalente al 0.5 por ciento de los ingresos (o a 27.5 mdp). Además están el pago de impuestos, los gastos operativos y de mantenimiento menor y mayor de la infraestructura vial.
“Lo que nos quede, que no van a ser 5 mil 500 millones de pesos, sino un monto sustancialmente inferior, probablemente 4 mil millones de pesos, habrá que aplicarlo a una deuda que para entonces va a sumar 8 mil 591millones de pesos, que es la suma de los 5 mil 891 millones de pesos que tienen de saldo, más los 2 mil 700 millones de pesos de intereses”, indicó Gargari.
De no pagarse el monto debido, considerando que el Gobierno del Estado de México no tiene obligaciones legales con Aleatica, el riesgo de la compañía en el proyecto “es el riesgo de la demanda: que si no hay suficiente tráfico, pues entonces lo único que procedería es una ampliación de la concesión, pero que si llegado el vencimiento de la concesión y de sus prórrogas no se hubiera recuperado, pues tendrían que devolver la concesión”.
Para Díez Gargari, la primera irregularidad en esta situación es que Aleatica, pese a su incapacidad de pago, “no le informa nada al mercado” sobre la necesidad de reestructurar la deuda. En ese sentido, dijo que la otra opción de la compañía es solicitar al Gobierno mexiquense la ampliación de la concesión y una autorización para aumentar el precio de las tarifas de peaje.
Sin embargo, el abogado mencionó que esto último –la ampliación y el aumento– no es factible porque, para empezar, no hay concesión federal, y segundo, si la Administración de Alfredo del Mazo Maza lo hiciera, “va a terminar en la cárcel antes de que termine su periodo como Gobernador del Estado de México. Por eso, si ustedes se dan cuenta, en ésta autopista no se ha autorizado ningún aumento de tarifa. […] Ni siquiera se le autorizó el incremento en función de la inflación de éste año, porque nadie está dispuesto, mientras esto no se resuelva, y esto será judicializado pronto por la Fiscalía General de la República, […] a meterle mano”.
AVANCES Y RIESGOS
Paulo Díez Gargari asegura que “lo más que han hecho hasta ahora las autoridades, en una actitud indolente de la SCT federal, pues es, con su inactividad y su silencio, permitir que estos señores sigan percibiendo un ingreso que no tienen derecho a cobrar”.
En la actualidad, Aleatica está en proceso de constitución de una Fibra E, que es un mecanismo financiero para atraer inversión pública o privada, para impulsar su proyecto de la Autopista Urbana Norte que conecta con el Viaducto Bicentenario, pero en territorio capitalino.
La preocupación de Díez Gargari al respecto es que, aunque Aleatica no tiene derecho de cobro ante el Gobierno de la Ciudad de México, “sin embargo, en sus estados financieros, registran un pasivo a cargo de la Ciudad de México como por 14 mil millones de pesos”.
El riesgo de dicha situación es grande, ya que si Aleatica constituye su Fibra E, podría tratar de “vender certificados a nuestras Afores, involucrar y emboletar allí a los trabajadores, blindar el proyecto y complicar que se les pueda aplicar la ley”.
No obstante, así como hay piedras en el camino, existen elementos para decir que las denuncias públicas han surtido efecto.
De acuerdo con el Diputado local morenista Faustino De La Cruz, el trabajo legislativo en torno al caso del Viaducto Bicentenario fue acotar las prerrogativas de concesión de Aleatica, que obtenía beneficios a través de negociaciones “en lo oscurito para tener canonjías”.
El legislador dijo a SinEmbargo que hubo modificaciones al “Artículo 17 del Código Financiero para que se acote el tiempo de la concesión y pueda ya determinarse de que, una vez que la empresa ha recuperado su inversión, pues el Gobierno pueda decidir convertirla en una vía estatal o concesionarla a otra empresa”.
El problema, dijo, es que “no hay voluntad del Gobernador de transparentar el manejo y acuerdo de éstas concesiones”. Además falta que otras instancias, como el Poder Judicial, la SCT o las unidades de inteligencia financiera, trabajen en conjunto para evitar que éste tipo de abusos tengan lugar.
En ese sentido, De La Cruz refirió que Aleatica “violenta los derechos” de la ciudadanía porque no tiene los derechos de vía y “en consecuencia, en términos generales, están explotando un bien público federal, están obteniendo una ganancia económica, pero en detrimento de un derecho que corresponde a todos los mexicanos”.
Para el legislador por Ecatepec, los problemas relacionados con el Circuito Exterior Mexiquense, el Viaducto Bicentenario y la Autopista Amozoc-Perote fueron orquestados por Enrique Peña Nieto, Gerardo Ruiz Esparza y Luis Videgaray Caso para “perpetuarse en el poder”.
Por su parte, el abogado Díez Gargari mencionó que hubo avances en varios frentes.
“Hemos logrado sacar varios de estos asuntos de la competencia de la Subrocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, que es un área de la Fiscalía que sigue siendo propiedad de los peñanietistas desde donde protegen a estos señores, y varios de esos asuntos los hemos logrado enviar a la Fiscalía Anticorrupción, cuya competencia aparece mucho más natural y directa que la otra, y esos han empezado a avanzar”, explicó a SinEmbargo.
Más allá de los avances y los cambios de legislación, el Diputado De La Cruz dijo que “para que no sucedan casos como estos hay que aplicar la ley. Segundo, que la Unidad de Inteligencia [Financiera federal] siga investigando a fondo y ponga al descubierto ante la opinión pública éstos enormes fraudes, ésta enorme corrupción” y que, también en éste caso, las auditorías superiores de fiscalización estatal y federal hagan lo propio.
Lo otro, abundó, es que “necesitamos los ciudadanos intervenir en la vida pública a través de la decisión en la urna, el ir quitando los gobiernos. […] Los mexicanos tenemos que exigir, pero también demandar a través de nuestro voto razonado. Y hoy creo que los mexiquenses tenemos y tienen la oportunidad de que en el 2023 acabemos con el Grupo Atlacomulco; y desde luego, llegando a ello, no por persecución, […] abrir los archivos […] porque allí está lo más putrefacto de la corrupción, de las complicidades para imponer gobiernos”.
De probarse las irregularidades y actos de corrupción ligados a casos como el del Circuito Exterior Mexiquense, el Viaducto Bicentenario, la Autopista Amozoc-Perote y la planta Etileno XXI que involucra indirectamente a Aleatica, no sólo existe la posibilidad de revocar las concesiones, sino además, la posibilidad de que Aleatica pierda las obras e instalaciones en beneficio de la Nación sin reparación alguna, además de una pena de hasta 12 años de prisión para los responsables, concluyó Díez Gargari.
