León, Gto.- Colectivos de ciclistas presentaron una demanda de amparo en movilidad contra el Gobierno Municipal de León ante la falta de infraestructura y presupuesto para facilitar la movilidad urbana.
Urbe, Planeta B y Red de Ciclistas Urbanos Independientes informaron que esta demanda fue interpuesta ante el juzgado de distrito y que obligaría a la autoridad a modificar su presupuesto 2023 para priorizar la movilidad de transporte público, ciclistas y peatones.
El activista Juan Pablo Delgado acompaña jurídicamente la demanda y explicó los dos alcances que podría tener dicha proceso jurídico.
“La aprobación de presupuesto de egresos 2023 y la aprobación de modificaciones del programa de gobierno 2021-2024 por la reducción de metas importantes para el transporte público, ampliación de infraestructura y transitar en bicicleta”, explicó el activista.
Ernesto Ramírez de Urbe presentó algunos datos que demuestran que León no cumple con la Ley General de Movilidad.
Por ejemplo, de acuerdo con la Organización Para la Cooperación y Desarrollos Económicos (OCDE) por cada peso invertido en transporte privado, la autoridad debe invertir dos en el transporte público.
Y el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) menciona que si en León el 30% de personas usa el auto es el mismo porcentaje que debe darse en presupuesto y si el 70% de personas usan transporte, debe ir igual el recurso.
León prioriza a los coches particulares
Benjamín González Millán de Planeta B explicó que el programa de gobierno de Alejandra Gutiérrez Campos, redujo dos programas que priorizar la jerarquía de movilidad.
“Reducción de polígonos de bici pública se pasó de dos a uno, y las estaciones del SIT se redujeron las que iban a construir. Lo cual sigue violentando la pirámide de movilidad”, explicó.
Para este 2023 el presupuesto en León destinó 76.4% para vialidades de coche particular es decir, 315 millones de pesos. Mientras que 81 millones de pesos para transporte y para infraestructura de ciclistas 9 millones y 6 millones para peatones.
La demanda busca dos líneas de reparación; que el presupuesto 2023 sea modificado para priorizar el transporte colectivo e infraestructura ciclista así como ampliar el programa de gobierno.
Pero además de forma complementaria, el gobierno tendría que reglamentar para que no ocurra nuevamente que el presupuesto viole la movilidad urbana.
