Guanajuato. Para las defensoras de derechos humanos y periodistas que laboran en Guanajuato, el contexto de riesgo y violencias que experimentan día a día ha estado marcado por una serie de procesos de amenaza, estigmatización y criminalización, lo cual no solo ha amplificado el temor por su seguridad.
Lo anterior, es parte de las conclusiones del Diagnóstico participativo “Hacia una política pública para la protección integral de las defensoras y periodistas en el estado de Guanajuato”, realizado en julio de 2023, con la participación de buscadoras, periodistas y defensoras de derechos humanos.
Con miras a revisar el marco normativo estatal en materia de protección, el contexto de incremento de violencia contra ellas, así como los impactos y las necesidades para garantizar su labor en condiciones de seguridad, se construyó el documento que además recoge las propuestas hacia las instituciones que tienen por mandato la garantía de seguridad en su labor.
El presente diagnóstico forma parte de un conjunto que incluye, junto con Guanajuato, otras cuatro entidades: Chihuahua, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí. Para elaborarlo se desarrolló una metodología que fue aplicada en los cinco estados con el fin de obtener resultados comparativos que permitan presentar un análisis más amplio del contexto nacional.
Cirenia Celestino Ortega, coordinadora del Observatorio de Medios y Capacitación de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), expuso que el objetivo principal del presente diagnóstico es hacer una revisión y reflexión sobre el contexto sociopolítico y de seguridad, y los riesgos que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos y las mujeres periodistas en Guanajuato.
Asimismo, se busca examinar, a partir del marco jurídico internacional, nacional y estatal aplicable, las medidas y garantías de protección con las que cuentan, y verificar su implementación a nivel institucional, tanto en lo federal como en la entidad y sus municipios.
Expusieron que el 80 por ciento de las situaciones de riesgo que atendió el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato de abril de 2021 a marzo de 2022, fueron en contra de mujeres.
“Las mujeres defensoras y periodistas son objeto de ataques y agresiones por causa y como consecuencia de la labor de defensa y trabajo periodístico que llevan a cabo. Además del género –que es una de las principales causas de la violencia ejercida en su contra– existen otros factores que las afecta desproporcionadamente y, por lo tanto, las coloca en situaciones de extrema vulnerabilidad”.
De acuerdo con información del Mecanismo de Protección Federal, Veronica Espinosa, periodista e integrante del Colectivo por la Libertad de Expresión señaló que hasta diciembre de 2022 esta dependencia había brindado medidas de protección a 47 personas periodistas y defensoras de derechos humanos el 61.7 por ciento mujeres, de las que 14 son periodistas, seis mujeres y ocho hombres, y 33 son personas defensoras de derechos humanos, 23 mujeres y diez hombres.
Por otro lado, añadió que el Consejo Estatal de Protección, que es uno de los dos entes del sistema de atención a casos de agresiones contra personas defensoras y periodistas en Guanajuato, y que opera desde abril de 2019, ha brindado protección a 122 personas defensoras de derechos humanos y periodistas, de las que 58 son mujeres, 47.5 por ciento.
A diferencia del mecanismo federal, en Guanajuato existen más personas periodistas bajo la protección del consejo estatal que personas defensoras de derechos humanos.
En la presentación del documento participaron: Ángeles Enríquez Rincón, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez; Edith Lendechy García, buscadora e integrante del colectivo Proyecto de Búsqueda; Brenda Patlan Zahuantitla, representante del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y Ricardo Neves, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
