*Con información de Ricardo Aguilar, Roberto Gutiérrez y Laura Villafaña
León, Gto. Santiago Maravatío es uno de los municipios más pequeños en extensión y población, pero también el más peligroso del estado y a pesar de ello no tendrá recursos estatales para seguridad este 2020, el gobierno estatal determino dejarlo fuera del Fondo Estatal para la Seguridad Pública de los Municipios, junto con otras 11 localidades, en su mayoría con gobiernos de extracción opositora al partido que gobierna la entidad.
Villagrán (Nueva Alianza), Apaseo el Alto (Morena), Juventino Rosas (PRD), San José Iturbide (Morena), Pueblo Nuevo (PRI), Uriangato (PRI), Abasolo (PRI), Santa Catarina (PAN), Yuriria (PAN), Ocampo (PAN) y San Luis de la Paz (PRI) son los excluidos.
El más peligroso del estado
De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), Santiago Maravatío tiene 7 mil 227 pobladores y una tasa de homicidios de 207.6 homicidios por cada 100 mil habitantes, resguardados por 30 elementos policíacos, quienes ganan 8 mil 600 pesos, lo mismo que un director de área, equipara el alcalde Fernando Rosas Cardoso, de extracción priista.
“Los sueldos de los policías (estatales), la media está en 12 mil pesos, 13 mil pesos para el policía raso y aquí están ganado 8 mil 600, subimos el sueldo, pero no llegamos a lo que nos pedían. Estaban ganando alrededor de 7 mil 200 (…) ese es uno de los compromisos que no pudimos cumplir, incrementamos, pero no es imposible llegar a la media estatal”, explicó.
Los que le siguen
De la lista de municipios que no tendrán recurso estatal, el más cercano a Santiago Maravatío en tasa de homicidios es Apaseo el alto (Morena) con un total de 130.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, y también es otro de los municipios que no recibirían recuso del fondo estatal para la Seguridad, le siguen Pueblo Nuevo (PRI) con una tasa de 80.4, Abasolo (PRI) con 69.8 y Yuriria con tasa de 62.7.
En este último, el alcalde de extracción panista, Salomón Carmona Ayala, parece no estar enterado o interesado en materia de seguridad, entrevistado por Zona Franca mostró poco conocimiento sobre el tema, pues no pudo precisar con certeza datos sobre el personal de seguridad, sueldos o equipo con el que cuenta el Municipio.
Tampoco las causas de exclusión del recurso estatal para seguridad, de lo cual se enteró el pasado miércoles 26 de enero cuando fue el 17 del mismo mes que la lista de municipios se dio a conocer desde el Congreso Local.
Carmona Ayala, incluso aseguró que el recurso que ahora no tendrá tenía planeado usarlo para aumentar el salario a policías, acción que era uno de los 45 compromisos a cumplir para poder acceder al Fondo Estatal, lo que nuevamente evidenció su desconocimiento en la materia.
“Esos dineros eran para aumentar el salario de policías y que tuvieran más prestaciones para eso eran esos fondos, no sé a lo mejor los voy a gestionar en la federación, para ver como lo hacemos para subsanar eso (…) hay temor en todo el país, así son los tiempos que nos tocó vivir, ¿qué haces?”, explicó.
En el caso de San Luis de la Paz, el presidente municipal emanado del PRI, Luis Gerardo Sánchez, aseguró que desconoce los motivos de la exclusión, puesto que han cumplido con los 45 compromisos requeridos por el Gobierno Estatal.
Aseguró que por ello ya gestionan reunirse con la autoridad estatal para precisar las causas más consideró una “incongruencia” que la federación ya les comprometió recurso mientras el estado les niega acceder al fondo en cuestión.
Trabajarían sólo con recursos locales
En San José Iturbide el secretario del Ayuntamiento morenista Luis Vargas Ledezma, aceptó fallas en el cumplimiento de algún compromiso, lo mismo que el regidor de Ocampo, el panista Saul Ortiz Beltrán, el director de Policía de Juventino Rosas, Gerardo Pérez y funcionarios municipales de Santa Catarina, gobernado por la alcaldesa panista Sonia García Toscano, quienes aseguraron que ya buscan la manera de subsanar los incumplimientos para poder acceder nuevamente al recurso.
El otro extremo es el justamente el municipio de Santa Catarina que, con 5 mil 524 habitantes, no registraba ningún homicidio doloso, y con ello tiene una tasa de homicidios de 0.0, lo contrario a Santiago Maravatío; lo que dejaría ver que la peligrosidad de los municipios no fue un criterio a considerar en la asignación de recursos del Fondo Estatal de Seguridad.
El vértice de la violencia tampoco tendrá recurso
Irónicamente también Villagrán, sitio donde se asentó el cartel de Santa Rosa de Lima, señalado por la autoridad estatal como el responsable de la violencia por la que atraviesa hoy el estado de Guanajuato, no recibirá recurso estatal pues no cumplió con la homologación salarial.
A decir del alcalde Juan Lara Mendoza, cumplieron todo excepto la homologación salarial porque las cuentas del municipio fueron congeladas por la Secretaría de Hacienda, a causa de una investigación que realiza la Fiscalía General del Estado en su contra por vínculos con personas señaladas de ser integrantes de grupos delictivos.
En general los 11 municipios coincidieron en que el incumplimiento de los 45 compromisos al 100 por ciento fue debido a la falta de recursos económicos, y por ello serán “castigados” con mayor restricción, limitados incluso a dar seguridad a sus pobladores con sus diminutos presupuesto municipales.
