León, Gto- El presidente de la red estatal de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), Nicolás Pérez Ponce dijo que es facultad del Municipio prevenir y por ello, pidió que los escuchen, pues ellos han denunciado anexos de León que además de operar en la irregularidad, lo hacen con malas prácticas en los tratamientos de los internos, que tienen problemas de adicción.
Esto, al precisar que se deben prevenir situaciones como el homicidio del irapuatense Byron, quien de acuerdo con su hermana, fue golpeado hasta la muerte al interior de una vivienda ligada con un anexo ubicado, en la colonia Los Héroes de León.
Y es que detalló que no es la primera vez que un interno muere por una golpiza, pero cuando acudieron a la Policía Municipal para denunciar este anexo, les respondieron que tenía que ir el familiar de un afectado.
“En León no nos hacen caso. En León contamos con cuatro grupos pero aún así trabajamos, metemos denuncias: checa este anexo, hay un anexo que metí como dos veces la denuncia, donde golpearon a un chavo que dejaron casi muerto y estos carajos le hablaron a la familia, lo entregaron, se lo llevaron, era de Lagos y una vez que se lo llevaron, a los dos días se les murió de la golpiza que le pusieron, desafortunadamente pues es la situación es que el centro de rehabilitación es de un licenciado. Es ahí donde me dijeron que la denuncia tenía que ponerla un familiar”, dijo.
Destacó que este tipo de hechos afectan directamente a los centros de rehabilitación que tienen un registro, con el sometimiento de revisiones.
“Nos afecta en muchas partes, nos afecta con las autoridades. Las autoridades son responsables de esto que está pasando pero desafortunadamente, cuando pasa esto, luego ellos ya no se hacen responsables, sino buscan a quien aventarle la bronca, y pues nosotros empezamos a vernos afectados en esta manera: que las revisiones llegan bien fuertes, llegan amenazando, llegan de una manera que no es la correcta”.
Expuso que desde la Red denunciaron a este tipo de grupos y/o anexos en la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado (FGE), pero de ahí los mandaron a la Policía Municipal.
“Que no se podían brincar esta parte, que no se pueden brincar normativas que van dentro de su función porque había una policía preventiva, osea que prevenía, nosotros fuimos con policía preventiva y la respuesta que nosotros recibimos es que necesitaba que la denuncia fuera de algún familiar, que quien tenía que denunciar era un afectado y hasta que sucediera el hecho, le dijimos : ‘oye entonces ¿quieres que haya un muertito o qué?’”, agregó.
Pérez Ponce dijo que las autoridades se han enfocado en la regularización, pero no en las buenas prácticas.
Estimó que hay 70 anexos establecidos en León, sin gente capacitada para atender a personas con adicciones.
“Las prácticas que desempeñan en estos lugares no son correctas para dar a una persona enferma de drogadicción. En la mayoría de las declaraciones que da Gobierno Municipal, Gobierno del Estado habla de la regularización pero dejan a un lado las prácticas, es decir, buena alimentación, trato digno y la mayoría de las cosas que pasan en esos centros de rehabilitación cuando son malas prácticas pasan este tipo de situaciones”.
Por lo anterior, Nicolás Pérez pidió a la autoridad del Municipio de León que les hagan caso cuando ponen denuncias contra anexo que no operan bajo buenas prácticas, pues en Irapuato, Silao, Romita, Salamanca, Celaya y Cortazar, si son tomados en cuenta.
