Guanajuato. Sin capacitación, alcances ni cercanía con las víctimas, las instituciones públicas del estado de Guanajuato se han visto rebasadas por la desaparición de personas. Así lo advierte el estudio Red Lupa dedicado a evaluar las acciones del Estado mexicano para buscar y localizar a las víctimas de este creciente delito.
Publicado este 30 de septiembre, advirtieron que la Comisión Estatal de Búsqueda no brinda información suficiente sobre cómo se planifican las búsquedas y cómo definen los puntos de búsqueda, mismos que son aportados por las mismas familias y colectivos de búsqueda.
“No se conoce ningún ejercicio de análisis de información o contexto por parte de la institución para establecer estos puntos”, advierte el estudio.
Sobre la Fiscalía Especializada en Desaparición señaló que las deficiencias las encuentran las familias cuando acuden a las agencias de la Fiscalía en los municipios más pequeños, en oficinas que son la extensión de la Fiscalía General.
“En estas, los ministerios públicos no tienen la capacitación adecuada para la atención a las victimas ni entienden cómo operar los protocolos, principalmente no se cumple con los procedimientos de búsqueda inmediata. Puede pasar una semana para iniciar las búsquedas y las tomas de muestras para identificación”.
En cuanto a los servicios periciales, aclararon que a pesar de que se ha declarado oficialmente que tienen las mejores herramientas y capacitaciones con un presupuesto considerable, no hay resultados visibles de sus actuaciones.
“Existe un rezago mayor en la identificación y entrega de restos humanos. Se considera que los procedimientos no son oportunos. Tardan mucho tiempo en entregar información a las familias”.
En ese sentido, admitieron que el Centro de Identificación Humana cuenta con personal, edificio y tecnología. Sin embargo, a pesar de su existencia continúa aumentando el rezago forense.
“Se procesan casos desde el 2020 pero anterior a este año no hay acciones. Se intentó llevar a cabo una mesa de identificación y exhumación forense con Colectivos y familiares pero no volvió a sesionar, nunca se les presentó el plan de trabajo por región”.
En lo que toca al Poder Judicial, consideraron que las Declaraciones Especiales de Ausencia por Desaparición no tienen el debido proceso, debido a que muchos familiares de personas desaparecidas llevan más de dos años sin obtener la sentencia y por lo tanto no tienen derecho a los efectos que buscan en sus casos, como la patria potestad y la guardia y custodia de niños, niñas y adolescentes.
Advirtieron que tampoco tienen acceso a seguros, cuentas de ahorros o a la administración de bienes inmuebles, a servicios de salud o trámites sobre propiedades, entre otros, que garantizan el plan de vida, procuración de recursos y estabilidad de las familias.
También incluyó que se han presentado a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) , denuncias sobre funcionarios omisos o señalando su mal desempeño, pero estas no proceden, son trámites burocráticos y las respuestas poco oportunas.
“Se desconoce toda la amplitud de sus competencias por parte de los Colectivos y familiares de personas desaparecidas”, detallaron.
Sobre el Poder Legislativo recordaron que que los Colectivos y activistas Buscadoras han querido presentar modificaciones a la Ley en materia de desaparición de personas, pero no han tenido buen recibo y escucha de los diputados locales.
“En general no aceptan las necesidades presentadas. Por ejemplo: el reconocimiento de las brigadas de búsqueda independiente dentro de la Ley Estatal, además del reconocimiento de las personas buscadoras como personas defensoras de derechos humanos”.
También recalcaron que actualmente en el Consejo Estatal de Protección hay una Buscadora en representación. Sin embargo, no se entiende la problemática y las medidas diferenciales que se deben aplicar en los casos de riesgo de Colectivos o familiares en búsqueda.
“En muchos casos se traslada la responsabilidad al Mecanismo Federal sobre la implementación de medidas. Se reconoce el ejercicio de capacitaciones en autoprotección a los Colectivos”.
Sobre la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas advirtió que está centralizada en otorgar apoyo alimentario, dejando de lado la atención en salud, protección y programas de emprendimientos para las familias.
“Se implementan las acciones con un enfoque asistencial que no busca el restablecimiento de derechos ni la reparación integral del daño. Los servicios ofrecidos no llegan a todas las víctimas, la mayoría se entregan a víctimas que están colectivizadas. Muchas víctimas están solas, sin la atención adecuada y sin ninguna interlocución con esta Comisión”.
Red Lupa es parte del proyecto “Si no buscamos nosotras, nadie lo hará” , el cual está financiado por la Unión Europea, y ha incluido entre sus objetivos integrar una Red para realizar una evaluación ciudadana de la implementación de la Ley General y de las leyes locales en materia de desaparición de personas y construir un espacio de diálogo y debate público a nivel federal y estatal para impulsar estrategias efectivas de atención.
Participaron 48 organizaciones de las 32 entidades del país. Por Guanajuato, las firmantes fueron la Plataforma de la paz y la justicia en Guanajuato que aglomera a defensores de derechos humanos, investigadores y catedráticos, así como Proyecto de Búsqueda, colectivo de familias de personas desaparecidas en Guanajuato con sede en la región Laja Bajío.
