León, Gto. El contralor municipal, Leopoldo Jiménez Soto, confirmó el inicio de un proceso de responsabilidad administrativa contra una exempleada de la Dirección de Servicios Generales, que sería acreedora a una inhabilitación pública de ocho meses. Esta habría realizado una contratación sin la firma de autorización.
Aunque el proceso está sujeto a una impugnación, el presunto abuso del cargo deberá ser sancionado, ya que se aplicó la ley de responsabilidades administrativas anterior. Generalmente es quizá el cargo que más se da.
Además, el funcionario municipal explicó que existen 10 procedimientos de responsabilidad de administrativa 6 graves y cuatro menores
“Se acuerda su ingreso y después se programan las audiencias para que vengan las personas señaladas en el informe; presunta responsabilidad administrativa como probables responsables (…) son seis direcciones y cada una tiene sus puntos muy peculiares. No quiero ser impreciso en ese tipo de información ni tampoco rebasar el límite que la ley me permite”.
Sin dar mayores detalles de estos casos, explicó que en lo que corresponde a los procedimientos administrativos se trata de seis casos de faltas graves y cuarto no graves en los que apenas está por iniciar la imputación.
Cabe recordar que en agosto de 2018, antes de que se ventilará el proceso de investigación por parte de la Contraloría, por la compra directa de botas para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el ejercicio fiscal 2017, la subdirectora administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, Giovanna Arroyo, salió de la administración.
A los 15 días, Gloria Beatriz Guzmán Gordillo, directora de Adquisiciones de la Tesorería, dejó también su cargo. Sin embargo, al momento se desconoce si sus bajas están relacionadas con la compra de las botas tácticas.
