El déficit fiscal de Pemex ha venido agravándose desde 2009 y ha venido acompañado de un aumento en el nivel de endeudamiento de la Empresa Productiva del Estado. Sin embargo, en el último año, la deuda consolidada de Pemex decayó 9.1 puntos porcentuales reales (a precios de 2019).

En la actualidad, la deuda de la petrolera es de 1 billón 983 mil 174 millones de pesos corrientes del año pasado.

Los problemas productivos y financieros de Pemex están ligados al abrupto contexto internacional y a la falta de inversión productiva. Pero también incluye corrupción y malos manejos que en las últimas semanas han sacado a relucir, de nueva cuenta, casos como el de Agro Nitrogenados y Fertinal, o el de la aplicación de medicamentos infectados con una bacteria en el Hospital de Pemex de Villahermosa, Tabasco, que ha causado la muerte de ocho pacientes, cuya defunción podría estar ligada –según la proveedora Pisa– a una adulteración o violación de la integridad de los medicamentos, o bien, a problemas de negligencia administrativa.

Precisamente, una de las mayores pérdidas económicas ligadas a la corrupción interna de Pemex es aquella relacionada con el huachicol, o el robo de combustibles a través de los ductos de la petrolera.

Pemex ha referido que el llamado “huachicoleo” sería imposible sin un “pitazo” a los delincuentes, por parte del personal de la Empresa Productiva del Estado.

Las cifras oficiales indican que el robo de combustible se quintuplicó entre 2013 y 2018, al pasar de 2 mil 216 a 14 mil 910 casos registrados.

No obstante y durante el primer año de mandato de AMLO, Pemex dio a conocer que el número de tomas clandestinas fue a la baja en casi 13 puntos porcentuales en comparación con 2018, al registrarse 13 mil 16 casos.

Según el actual titular de la compañía, Octavio Romero Oropeza, el combate al huachicol del Gobierno Federal no sólo redujo el robo de combustibles, sino que sus acciones de prevención y atención supusieron un ahorro de 56 mil millones de pesos en poliductos y mil 900 millones en gas licuado.

Sólo entre 2011 y 2016, la Auditoría Superior de la Federación reportó un total de 17 mil 535 tomas clandestinas reparadas, cuyo costo de compostura ascendió a 3 mil 70 millones 852 mil 500 pesos, sin considerar el costo derivado del robo de combustibles.