Guanajuato, Gto. El diputado suplente del Partido Verde Luis Gerardo Suárez propuso el endurecimiento de penas por crímenes hacia personas con preferencias sexuales diferentes o identidad de género, además a quienes promuevan o sometan a terapias de conversión sexual por orientación.
En sesión del Pleno del Congreso del Estado, el diputado criticó el retraso en la legislación relacionada con la protección de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ y la inoperancia de las políticas públicas creadas en el mismo sentido, por la inexistencia de instituciones que les den seguimiento.
Puntualizó en que a pesar de que dentro de la Constitución Federal se garantiza que todas las personas gocen de derechos humanos y se reafirman en tratados internacionales de los que México forma parte, se siguen vulnerando las garantías de las personas con preferencias sexuales diferentes.
“Tenemos el deber de visibilizar con mayor contundencia a los sectores y colectivos de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestí, transexuales, intersexual y queer (LGBTTTIQ)”.
“No podemos continuar como si nada pasara o simplemente volver la vista a otro lugar donde no nos cause algún problema. Guanajuato, ha mantenido y manejado diversas políticas públicas en favor de estas personas, las cuales han resultado con pocos o casi nulos resultados”, subrayó.
Aseguró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado preocupación por el alto grado de saña con que se cometen los crímenes de odio por homofobia y transfobia a la población de personas LGBTTTIQ en México, motivado por la expresión e identidad de género y orientación sexual,
“Es alarmante el uso de métodos especialmente crueles como la decapitación, asfixia, incineración en vida, heridas de tortura con armas punzo cortantes, lapidación, desmembramiento, etc.”, señaló.
Ante ello, el diputado suplente dijo que en Guanajuato es importante generar estructuras e instituciones para garantizar cada uno de los derechos de estas personas, pero también, generar un mecanismo legal que inhiba la comisión de actos ilícitos que pongan en peligro la vida de la comunidad LGBTTTIQ.
Y planteó establecer el delito de crimen de odio a quien por razones de orientación sexual o identidad de género, prive de la vida a una persona, con una sanción de 22 a 50 años de prisión.
En el supuesto, de que entre el activo y la víctima existió una relación de matrimonio, concubinato o hecho, de parentesco, laboral docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, se impondrán de 30 a 50 y cinco años.
Entre los supuestos de este delito se contempla que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; cuando se haya realizado por violencia familiar con conocimiento de la orientación sexual o identidad de género de la víctima; cuando a la víctima se la hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida o con acentuación de tortura y especial violencia; existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público y cuando la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, entendiéndose como la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa.
Además, propuso castigo de uno a tres años de prisión y de 50 a 250 días de multa por terapias de conversión, con la finalidad de castigar a quien someta, coacción, fomente u obligue a otro a recibir o realizar procedimientos o métodos con la finalidad de cambiar su orientación sexual o identidad de género y derivado de éstos se afecte su integridad física o psicológica.
