León, Gto. El Semáforo Epidemiológico no puede ser un argumento rígido y discriminatorio que afecte el derecho a la educación; aseguró el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez, quien agregó que la evidencia disponible en otros países, no asocia el retorno a las escuelas con el incremento de contagios.
El defensor de derechos humanos señaló que la escuela es también un espacio de contención emocional y protección social, por lo que, a un año del cierre, es evidente la crisis de aprendizaje y los problemas de salud mental que ha provocado la situación al incrementarse del abandono escolar y trabajo infantil.
Juan Martín Pérez pidió que el Sistema Integral de Protección a Niñas Niños y Adolescentes, sesione de forma urgente para articular los esfuerzos de entre los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal.
“A un año del cierre de escuelas en México, resulta urgente convocar a un amplio diálogo a toda la comunidad educativa, a fin de generar condiciones para un retorno gradual y seguro a las escuelas, que permita garantizar el derecho a la educación para más de 30 millones de niñas, niños y adolescentes”.
Indicó que el retorno inmediato a la escuela permitirá contrarrestar los efectos sociales nocivos de la pandemia: crisis de aprendizaje, problemas de salud mental, incremento del abandono escolar y trabajo infantil.
“Durante el último año se ha forzado a millones de niñas, niños y adolescentes a reducir el movimiento físico y la interacción social, ocasionando una crisis global en esta población. El Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha realizado varios llamados a los Estados a priorizar el retorno a las escuelas”, señaló.
Alertó que por motivos asociados a COVID-19, o por falta de dinero, no se inscribieron 5.2 millones de personas, es decir, 9.6 por ciento del total de tres a 29 años, al ciclo escolar 2020-2021.
Sobre los motivos asociados a COVID-19 para no inscribirse en el ciclo escolar vigente 26.6 por ciento, consideró que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje; 25.3 por ciento señala que alguno de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo, 21.9 por ciento carece de computadora, otros dispositivo o conexión de internet.
“Más de la mitad de la población de 3 a 29 años, tiene mucha disponibilidad para asistir a clases presenciales una vez que el Gobierno lo permita”.
Alertó que la crisis de aprendizaje al permanecer mucho tiempo frente a pantallas, se suma al agotamiento de las familias ante la dinámica del confinamiento, quienes no pueden sustituir el rol de maestras y maestros.
“Impartir clases por televisión no ha logrado consolidarse como una solución eficiente a los retos educativos, y no se puede mantener esta dinámica porque la afectación para niñas, niños y adolescentes es muy alto en relación con sus habilidades sociales, estabilidad emocional, desarrollo físico, adquisición de conocimientos e incertidumbre en sus perspectivas de futuro”.
Por ello, compartió la solicitud de los sindicatos magisteriales de ser considerados con prioridad en la estrategia de vacunación, por el rol insustituible de las y los maestros en el retorno gradual y seguro a las escuelas, “esto implica la prioridad para vacunar al segmento de población de riesgo por edad y comorbilidades”.
