Guanajuato, Gto. En el Código Penal algunos delitos de índole sexual, considerados menos graves que otros, tienen mayor sanción y fueron considerados como desproporcionados por la representante de la Fiscalía General del Estado, Elizabeth Durán.
Por ello, sugirió a los integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado revisar los rangos de punibilidad de las sanciones de prisión de delitos sexuales, sobre todo aquellas cometidas contra menores de edad, ya que actualmente algunas resultan mínimas en comparación con las afectaciones que causan en la víctima.
Estos comentarios surgieron durante la discusión en la Comisión de Justicia, de una iniciativa que plantó ampliar a 20 años la inhabilitación contra un funcionario público que cometa abuso sexual. La propuesta se aprobó, aunque este delito tiene menor sanción que el hostigamiento sexual.
“Se debería de analizar que en el hostigamiento se pena hasta por 30 años de prisión, pero inclusive en este caso, en el tema de hostigamiento, las sanciones que mantienen nuestro código, son mayores las que establece para el abuso sexual, y por lo tanto si habría que considerar cambiar las penas”, explicó a la Comisión la abogada.
La representante de la Fiscalía agregó que las afectaciones que causa en las víctimas, deben tomarse en cuenta para establecer rangos, y más cuando las víctimas de violencia sexual son menores de edad, pues en la legislación federal, en materia penal, recomiendan algunos estándares en este sentido.
El magistrado Víctor Pérez Hernández y el representantes de la Coordinación Jurídica del Gobierno del Estado, Carlos Rodríguez, también llamaron a la reflexión de las sanciones en materia sexual, para garantizar su proporcionalidad.
Durante la Comisión también se analizó una iniciativa en materia de violencia durante el noviazgo y otra relacionada con violencia política electoral. Ambas fueron consideradas no viables debido a que se estimaron ya reguladas en otros ordenamientos legales.
Además se discutió una propuesta relacionada con lesiones de género específicamente realizadas con ácido u otras sustancias corrosivas o flamables que presentó la representación parlamentaria del Partido del Trabajo, pero se aplazó su dictamen para reformular la propuesta e incorporarla como lesiones en razón de género.
