Irapuato, Gto. El uso de explosivos en los recientes ataques contra agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) ilustra deficiencias en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, específicamente el marco legal que impide a los policías actuar o utilizar la fuerza solamente bajo una amenaza o una agresión, dejándolos en una situación vulnerable.
Así lo expuso Daniel Gómez-Tagle, quien encabeza Proyecto Azul Cobalto, una herramienta para identificar los riesgos laborales de los policías, así como opciones que abonen a la protección de los elementos.
“Ahí no existe ninguno de estos dos elementos para que haya una respuesta una actuación y es lo que viven los policías en la calles, todo el tiempo: las agresiones a los policías, se dan sin que exista una amenaza previa y entonces lo que tenemos a consecuencia de esto es un modelo plenamente reactivo; este caso lo ilustra de manera muy particular y muy específica”, precisó.
De acuerdo con el experto en seguridad pese a la situación no se anticipan y programan recursos económicos porque no hay análisis.
“En este caso corresponde, a lo mejor, el tener placas de balísticas de un nivel más alto para explosivos dentro de lo presupuestalmente viable, no hay este análisis y esto nos lleva a un consumo de recursos económicos materiales y humanos que termina siendo un desperdicio en la calle y terminamos con ciudadanos asesinados y policías asesinados porque no tienen los recursos que necesitan para poder alcanzar los objetivos que les fijan los políticos”, acentuó.
Y es que estás agresiones con explosivos y las ocurridas está semana en Celaya, suceden a un incremento de violencia en la entidad que ha cobrado la vida de 302 uniformados en los últimos cinco años, siendo el 2018 cuando la entidad se posicionó en el primer lugar a nivel nacional, con mayor número de policías asesinados.
Tan solo este 2022, suman ya 25 uniformados, víctimas de homicidios.
Los asesinatos de policías los encabeza Celaya con 49 víctimas e Irapuato, donde 39 elementos fueron privados de la vida, además de León que registra 28 homicidios.
“No se está considerando que el policía se encuentra en riesgo por el simple hecho de ser policía no por actuar como policías, en el caso particular de Guanajuato por lo menos el 50.33% de los agentes son asesinados en su día libre, es decir los buscan el momento en el que no pueden defenderse con un arma de fuego que les da la corporación o chalecos balísticos”, detalló Gómez-Tagle.
De ahí insistió que el modelo nacional de seguridad no considera que la función policial va mucho más allá de la actuación en el momento y que los agentes pueden ser víctimas de la violencia en el momento en el que menos resistencia pueden ofrecer al crimen organizado.
“Y eso obviamente les beneficia porque tiene un menor esfuerzo para conseguir sus objetivos”, declaró.
Portar arma de fuego en días francos sería hasta ético, pero no la solución
Ante la propuesta para que legalmente los policías puedan portar sus armas en sus días francos, el experto en armamento dijo que con base a números y datos reales que ha documentado al momento de la agresión, esta sugerencia no es una solución, sin embargo:
“Me parece que es obligación del Estado darle una oportunidad al policía de defenderse, al ser policía los están matando porque está siendo un agente del estado. Yo creo que lo menos que podríamos hacer es darle la oportunidad de que se defienda, es más que legal, es hasta ético, entonces solución no creo que sea pero al menos podríamos ver un cambio en el comportamiento de las agresiones y quizá una reducción leve pero materialmente significativa”.
Plata o plomo estrategia de crimen organizado
Para Daniel Gómez-Tagle el crimen organizado tiene más dinero que ofrecer, además de una violencia que el Gobierno no está dispuesto a ejercer, aunque sea legal, pero sin duda los salarios de policías a nivel nacional no son acordes al riesgo que implica su labor.
“Recurrimos nuevamente al ‘plata o plomo’, los policías se ven enfrentados si el gobierno les paga 18 mil y el crimen organizado, sin ningún problema, les paga 28 mil, si no los aceptas pues te dan 18 plomazos, es bastante complejo. Es responsabilidad del Estado garantizar el bienestar económico no solamente del policía sino también de su familia.
La depuración
Con respecto a la depuración dentro de las corporaciones policiales, el especialista consideró que Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Colima lo necesitan, aunque no es sencillo cómo se percibe.
“Puedes llevarte entre las patas a policías que sí están haciendo un trabajo, pero que están siendo amenazados”.
Por todo ello, Gómez-Tagle señaló que los gobiernos deben garantizar a los ciudadanos uniformados para que hagan su trabajo, sin depender de dinero del crimen organizado o dejar de actuar bajo sus amenazas.
“Saber separar quiénes son los que son amenazados y quiénes son los que están corrompidos, porque hay una gran diferencia en las razones de la actuación. Es muy complejo y requiere un análisis mucho más serio de lo que es la función policial”.
No obstante agregó esto sigue escapando de las manos a los gobiernos de las entidades incluyendo a Guanajuato, pues vuelve a ser un Modelo Nacional de Procuración de Justicia , el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica en los que los policías tienen funciones que no se pueden cumplir dentro de las obligaciones que corresponde propiamente a la seguridad pública.
“Es bastante complejo pero me parece que hay que empezar a separar a las frutas podridas de una u otra manera” añadió.
