Guanajuato, Gto. Diputados de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso local, aprobaron reformas a la Ley de Seguridad Pública que busca establecer que los exfuncionarios que requieran seguridad personal, deberán acreditar la extrema necesidad de dicha protección.
El presidente de la comisión Rolando Alcántar Rojas señaló que dentro de la iniciativa se pretende establecer qué funcionarios pueden solicitar el servicio de protección cuando dejen el cargo, siempre y cuando no hayan sido separados por alguna causa que los señale y además, el tiempo que se le prestaría el servicio de escoltas.
Indicó que sobre la temporalidad en el que se le otorgaría el servicio de seguridad personal, iría en proporción al tiempo que el funcionario saliente estuvo ocupando el cargo.
Rolando Alcántar señaló que la decisión sobre esta posible protección se determinará con un estudio de riesgo previamente realizado por la Secretaría de Seguridad Pública con ayuntamientos según sea el caso, con el fin de saber si amerita o no el servicio de seguridad privada.
“A través de la Secretaría de Seguridad Pública según corresponde, sería un estudio de riesgo del funcionario para saber si amerita o requiere el tema de la prestación del servicio de seguridad privada, para que esto no fuera netamente en automático a quienes están señalados en la ley, resultado de ello, se les estaré brindando el servicio de seguridad en los términos en que ya venía establecido en la propia ley”, explicó.
Indicó que la iniciativa fue presentada por el PRI y mencionó que también se revisó cuántos funcionarios están actualmente ocupando el servicio.
Alcántar Rojas agregó que se realizó una consulta tanto al Ejecutivo como a los ayuntamientos para contar con una opinión clara y unánime, con el fin de que se tuviera una adecuación conveniente a la reforma se está haciendo en la ley.
“En el caso de Gobierno del Estado, actualmente son cuatro funcionarios los que cuentan con este servicio, en León solo lo ocupa una persona por temporalidad en el caso y en nuestro caso, el número es sorprendentemente pequeño no lo han querido a pesar de tener el derecho de usar este tipo de protección personal”, detalló.
Finalmente el presidente de la comisión, aseguró que la modificación pretende garantizar la prestación del servicio de seguridad pública en caso necesario, pero considerando que esto implica la aplicación de recursos materiales y humanos por parte del ayuntamiento y del Gobierno Estatal.
