Guanajuato, Gto. La imposición de Carlos Zamarripa Aguirre como próximo fiscal general del estado incumple con los indicadores internacionales que han sido promovidos para garantizar una Fiscalía General autónoma para Guanajuato, lo que convierte al actual procurador en el fiscal más carnal del país; a esta conclusión llegó un grupo de expertos tras hacer una revisión del tema.
A convocatoria de la Red Internacional de Criminología, se reunieron en Guanajuato especialistas para exponer estrategias que fortalezcan las nacientes fiscalías, que llegan a sustituir a las Procuradurías de Justicia, con un foro para hablar de mejores prácticas.
Uno de los participantes fue el activista Raymundo Sandoval, integrante del Colectivo Fiscalía Que Sirva, detalló los seis indicadores que no solo se ha promovido desde el movimiento nacional, sino que son considerados por el derecho internacional.
La primera acción para poder hablar de una fiscalía autónoma en Guanajuato sería la eliminación del pase automático, luego que exista un proceso de designación.
El tercer punto está enfocado al perfil del fiscal, que debe incluir la autonomía e independencia del titular, requisito que no cumple Carlos Zamarripa, quien durante casi 10 años ha estado al servicio de cuatro gobernadores panistas.
Además de la transparencia en el proceso de deliberación para la elección del fiscal general, también quedó en el aire la integración de un comité de asignaciones con la representación ciudadana.
El sexto punto que se ha incumplido en Guanajuato es respecto a la remoción del fiscal, que como está en la legislación actualmente corre a cargo del Ejecutivo estatal.
A todo lo anterior, se suma la cifra negra que tiene Guanajuato en la denuncia de delitos, y una manipulación en las cifras que reporta la Procuraduría de Justicia del Estado a la Federación, declaró Raymundo Sandoval.
Detalló, como ejemplo, que han desaparecido de los registros de Guanajuato 120 personas que han sido borradas del sistema, mientras se reportan 600 desapariciones sí reconocidas por las autoridades.
Las violaciones desde la Procuraduría de Zamarripa
El periodista Arnoldo Cuéllar Ornelas expuso cuatro casos emblema en los que la Procuraduría de Justicia a cargo de Zamarripa ha dado muestra de la manipulación de la información, la inacción y la violación a los derechos humanos.
Recordó el caso los tres hombres torturados por elementos de la Policía Ministerial para que se inculparan por el secuestro de siete hombres en el municipio de Salamanca, que resultó en recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
También habló del asesinato de tres menores de edad en la comunidad Ampliación de Cieneguita, del municipio de San Miguel de Allende. Cuando, después de un operativo, son asesinados los hijos de un velador, pero la Procuraduría inculpó al padre.
El tercer caso es el del migrante asesinado en el mismo municipio a manos de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, sin que se abriera una investigación a los policías que están a cargo de Alvar Cabeza de Vaca, su compañero de gabinete en los últimos seis años.
El caso de la Ciudad de los Niños mereció exposición aparte, al destaparse la red de complicidad desde el Gobierno Estatal, a pesar de los casos documentados de constantes violaciones a los derechos de los menores de edad que estaban en el orfanato que dirigió el padre Pedro Gutiérrez Farías.
Todo lo anterior como muestra del modo de operación de la Procuraduría de Justicia con Carlos Zamarripa como titular de la dependencia, y próximo fiscal general.
Fortalecimiento de las Fiscalías
Especialistas de diferentes puntos del país también participaron en el foro para mejorar las fiscalías estuvieron presentes en las aulas magnas de la Universidad de Guanajuato, donde expusieron algunas de las prácticas que deben ser consideradas para mejorar el funcionamiento de las fiscalías.
La independencia de los institutos de ciencias forenses, para que dejen de pertenecer a las Procuradurías, además de la capacitación integral de agentes para aplicar la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos, son algunos de los temas que se plantearon en el foro “Buenas Prácticas para una Mejor Fiscalía”.
Aurelio Coronado, psicólogo forense, reconoció que en México es necesario transitar para que los institutos de ciencias periciales dejen de pertenecer a los Ministerios Públicos, pero tomar en cuenta las experiencias de otros países de América Latina para no repetir patrones que podrían terminar en el fracaso de la autonomía de los institutos.
Jessica Vega, abogada, planteó que el acceso a la justicia se ve limitada cuando la víctima es una persona de escasos recursos, porque no se trata solo de tener un marco legal adecuado, sino que al aplicarlo pueda ser realmente efectivo para los sectores más vulnerables.
Además, señaló que si los elementos de la policía llegan a cometer excesos están relacionados a la falta de capacitación, el estrés y las excesivas cargas de trabajo a las que están sujetos.
La psicóloga Lorena Rodríguez destacó la importancia de la humanización de quienes están en contacto directo con las víctimas, sensibilidad que se logra no solo con la impartición de conferencias, sino que es un proceso paulatino en el seguimiento de los diversos casos.
