Guanajuato. La Fiscalía General del Estado (FGE) rechazó ejercer acción penal por la represión de la que fueron objeto cuatro buscadoras de familiares de personas desaparecidas. Es la tercera ocasión que ocurre por lo que nuevamente se apelará esta decisión.
El abogado Roberto Saucedo Pimentel, que asesora a las víctimas, informó la determinación de la FGE, sobre lo hechos registrados en julio del 2020, en los que agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) arremetieron contra las buscadoras, una activista y un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En aquel momento, la protesta se desarrolló con motivo de la designación de Héctor Díaz Ezquerra como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB). Los familiares de personas desaparecidas se congregaron en la glorieta de Santa Fe de Guanajuato capital, de donde iniciaron la marcha.
Sobre la vialidad, alrededor de una centena de elementos de las FSPE ya resguardaban la zona y, en cuanto se dio el encuentro con el contingente, procedieron a realizar detenciones a la fuerza provocando incluso lesiones a las buscadoras que resultaron denunciadas ante la FGE.
Desde entonces su pugna por el retiro de los cargos y la apertura de una investigación contra los elementos y mandos que operaron la detención de las buscadoras. Lo primero se logró pero lo segundo sigue estando pendiente, pues a pesar de los testimonios y elementos adicionales la FGE ha archivado el caso.
“Las víctimas tienen la convicción de que en éste caso existe una clara connivencia entre el fiscal general (Carlos Zamarripa Aguirre) y el secretario de seguridad pública (Alvar Cabeza de Vaca) para que no haya consecuencias legales en esta represión estatal”, señaló al respecto Saucedo Pimentel.
El abogado también recordó el capítulo en el que el Cabeza de Vaca indicó que no se puede permitir que Guanajuato se convierta en un “manifestódromo”, luego de otros actos de represión cometidos ese mismo año en León. “Aquella amenaza se hace presente”, advirtió Saucedo.
