Ciudad de México, (SinEmbargo).– El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que postularon a Enrique Peña Nieto a la Presidencia de México en 2012, estarían en riesgo de perder su registro si se llegan a comprobar las denuncias de Emilio Lozoya Austin, dijo Alfredo Figueroa, exconsejero del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE), a la revista Proceso.
“Las revelaciones sobre el caso de Emilio Lozoya Austin y la trama de sobornos de Odebrecht ponen en duda la legalidad de la Presidencia de la República durante el periodo 2012-2018, la de Enrique Peña Nieto; la denuncia apunta hacia ‘una Presidencia fraudulenta’ financiada con dinero negro, lo que la autoridad electoral aún puede indagar, pues el expediente sigue vigente”, escribe Jesusa Cervantes, reportera de Proceso, en el texto Sobornos que comprometen la legalidad de un sexenio.
En ese mismo texto, Figueroa, entrevistado por Cervantes, explica que “la sanción máxima que debieron recibir el PRI y el PVEM por el rebase de tope de campañas y permitir que empresas privadas extranjeras y mexicanas aportaran recursos económicos a la campaña de Peña Nieto es la pérdida del registro”.
“Eso lleva no solamente a sanción. Son partidos que han sido reincidentes plena, absoluta y claramente en términos de estas conductas. ¿Y qué consecuencias puede haber: la cancelación del registro, porque lo que corresponde ahora es poner un alto a este tipo de cosas”, dice el exconsejero del IFE.
El Instituto Nacional Electoral (INE) podría reabrir una investigación por los topes de campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) registrados en 2012, año en el que Enrique Peña Nieto ganó la Presidencia de México, dijo el 18 de agosto Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del órgano electoral.
Lorenzo Córdova recordó que la elección presidencial del 2012 fue administrada por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) que tenía un marco legal distinto, por lo que el INE tendría que analizar si hay elementos nuevos para iniciar una investigación.
“Lo que hace al rebase de los topes de gasto de campaña hay que recordar que el marco legal era distinto y entonces, al tratarse de campañas presidenciales junto con campañas de diputados y senadores, lo que hizo el partido que ganó esa elección, el PRI, fue diseminar todos los gastos de la campaña presidencial y provocar en las otras campañas el rebase de casi 200 topes de gastos de campaña”, expuso en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de recibir sobornos de Odebrecht, denunció al expresidente Enrique Peña Nieto por pedir 6 millones de dólares para su campaña y otro tanto para opositores como Ricardo Anaya, excandidato presidencial.
Esta semana se filtró a los medios la denuncia que Lozoya presentó el 11 de agosto ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la que delata nombres y montos de sobornos que ordenaron funcionarios del Gobierno de Peña Nieto (2012-2018) y de opositores que los recibieron.
En el documento, el exjefe de Pemex aseguró que Peña Nieto y Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, le instruyeron reunirse con Luis Weyll, exrepresentante de Odebrecht en México, para pedirle 6 millones de dólares para la campaña de 2012.
“Le dije a Luis Weyll que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganare. Él me dijo que lo veía bien e incluso hablamos de que en cuanto ganara Peña Nieto iría a ver a Marcelo Odebrecht personalmente”, afirmó.
El documento es la denuncia formal que presentó Lozoya, extraditado el 17 de julio de España a México, donde afronta un proceso en libertad condicional por recibir 10.5 millones de dólares de Odebrecht como asesor de la campaña presidencial de 2012 y después como director de Pemex (2012-2016).
Además, Lozoya acusó a Peña Nieto y Videgaray de pedirle usar parte del dinero para comprar votos de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) a favor de la reforma energética de 2013, que abrió el sector a la iniciativa privada.
El actual Presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido tratar a Lozoya como “testigo protegido” al insistir que la FGR “debe transparentar todo el proceso” para conocer nombres y montos de políticos involucrados.
