Celaya; Gto.- Endurecer las sanciones cuando una infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno se cometa en entornos escolares de cualquier nivel educativo con multas desde 15 hasta 30 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA) y arresto de 36 horas.
La intención es inhibir las prácticas antisociales que ponen en riesgo la seguridad de los estudiantes, de ahí la propuesta de reformar y hacer una adhesión del artículo 116 al Bando de Policía y Buen Gobierno.
Algunas de las acciones consideradas como infracciones son: Obstruir o permitir la obstrucción de la vía pública, ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados, consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas en vía pública ingerir bebidas alcohólicas a bordo de cualquier vehículo en la vía pública.
También utilizar y portar objetos bélicos, rifles, pistolas de municiones, dardos, postas de plomo, diábolos, cuchillos o cualquier otro objeto que denote peligrosidad, provocar y participar en riñas u ocasionar disturbios, formar u organizar grupos o pandillas en la vía pública, realizar actos obscenos, sexuales o de exhibicionismo en vía o lugares públicos, vehículos y lotes baldíos, realizar cualquier actividad que impida, deteriore o disminuya el funcionamiento del sistema de alumbrado público.
Mauricio Hernández Mendoza, regidor y presidente de la Comisión de Educación del Ayuntamiento de Celaya, fundamentó su iniciativa en diversos artículos de la Constitución Política, La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y diversos ordenamientos específicos.
“En el Programa de Gobierno 2018-2021 se encuentra comprometida la acción de ´Diseñar estrategias de seguridad en los entornos escolares de todos los niveles´, por lo que la iniciativa que presenté al Pleno del Ayuntamiento contribuiría, en caso de ser aprobada, a inhibir las prácticas sociales que ponen en riesgo la seguridad de los estudiantes celayenses”.
El Regidor Hernández Mendoza, reconoció que el Gobierno Municipal tiene la responsabilidad de emitir los lineamientos para la prevención y atención de la violencia que se genere en el entorno escolar, además de garantizar la seguridad pública en los inmuebles destinados al servicio educativo y salvaguardar a los educandos.
