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jueves, abril 25, 2024

Proyectan panistas regular el teletrabajo y crear una junta de enlace de seguridad

Guanajuato, Gto. En su agenda parlamentaria, diputados del PAN contemplan la regulación del teletrabajo en la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, sólo en los casos en los que la actividad laboral que se realiza en casa es mayor a 40%. En la misma agenda también se destaca la creación de juntas de enlace de seguridad, como una copia de las Juntas de enlace en materia financiera.

La diputada Cristina Márquez aseguró que con la pandemia el “teletrabajo” se convirtió en una práctica común, pero no regulada que puede reglamentarse en la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado.

“Ante las circunstancias en  que hemos vivido se necesitan establecer reglas para que pueda ser mucho más eficiente, para que pueda ser garantizado el trabajo y para generar la certeza de qué, cómo, cuándo, dónde debe realizarse este trabajo de las personas. Como no era algo cotidiano, no tenía una regulación, estaba todo como un poco suelto y las personas necesitamos tener la certeza de cómo se debe llevar a cabo, la pandemia”, explicó.

Aunque anticipó que las disposiciones relacionadas con este tema deberán analizarse con instancias gubernamentales, dijo que podrían contemplarse esquemas mixtos con  dos o tres días de trabajo o casos en los que la actividad sea permanente desde casa del trabajador. 

Por su parte, el coordinador de los panistas en el Congreso del Estado, Jesús Oviedo señaló que generarán una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer la realización de la Junta de Enlace en Materia de Seguridad, con el fin de garantizar y de fortalecer el esquema de seguridad en la entidad.

“Desde el Congreso se estará promoviendo esta realización coordinada entre los tres poderes, la Fiscalía General del Estado y los municipios para dar seguimiento, por un lado al impacto que ha tenido el trabajo legislativo”, declaró.

Señaló que en la Junta de Enlace en materia de seguridad incluiría la participación de municipios y los tres poderes de Gobierno para analizar  la situación de seguridad desde las modificaciones legales. 

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