Guanajuato, Gto. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMPO), podría realizar una revisión de las más recientes contrataciones públicas realizadas por diferentes instituciones en la entidad, anunció el presidente del Comité de Participación Ciudadana, del Sistema Estatal Anticorrupción, Fernando Revilla Guerrero.
Explicó que esto podría ocurrir a través de un convenio que debe autorizar el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y que se denomina “mapeando la corrupción”.
“IMCO no acompaña en operaciones especificas, así que lo que estamos proponiéndoles a IMCO es que nos ayude ha hacer un análisis en el tema de adquisiciones y contrataciones públicas en Guanajuato, el primer paso que vamos a dar es que este siguiente 10 de noviembre, es probable que ya se autorice el convenio con el IMCO por el Comité Coordinador”, explicó.
Subrayó que expertos del instituto apoyarían al comité a definir criterios y metodologías para identificar riesgos en las contrataciones públicas de cualquier ente en el Estado, derivado de esto podrían emitirse algunas recomendaciones.
De hecho, señaló que con estos criterios el Comité de Participación Ciudadana contempla hacer un análisis específico sobre la compra de computadoras para el programa Inclusión Digital que se llevó a cabo el pasado mes de septiembre y que contempla una erogación por más de 900 millones de pesos.
“Lo que estamos tratando de hacer es que, se haga una revisión con otro enfoque más allá del tema legal porque eso lo que va pasar, ver si fue legal, si se tenían los diferentes dispositivos de ley, pero nosotros queremos ir en un sentido de fortalecer esos dispositivos, para ver de que manera podemos mitigar riesgos de posible corrupción y para ello estamos haciendo un acuerdo con el IMCO para que nos acompañe en el tema” añadió.
Revilla Guerrero recordó que hace un par de semanas el Congreso del Estado autorizó una auditoría relacionada con la compra de computadoras, la cual será realizada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).
“Nosotros vamos a colaborar desde la parte ciudadana, haciendo un análisis de aquello que no precisamente tenga que ver con el cumplimiento legal del proceso, sino de áreas de oportunidad que mitiguen riesgos de corrupción como son los tiempos cortos, la autorización previa de la compra, quien autorizó esa compra, por qué se autorizó, que indicadores hay, ese tipo de escenas todavía no están tan claras en la ley”, finalizó.
