Cuerámaro, Gto. Familias claman justicia por la muerte de cuatro adolescentes que fueron arrolladas por una camioneta, cuyo conductor, Juan de Dios ‘N’ de 16 años, desde el miércoles pasado enfrenta su proceso bajo arraigo domiciliario.
Esto, después de que venció el plazo de cinco meses de internamiento preventivo, sin que se le haya dictado sentencia al adolescente, quien el 16 de febrero, fue vinculado a proceso por homicidio simple en agravio de Juana Michel, Rosa Isela, Zicry Anahí y María Teresa,
Y es que, de acuerdo con la Ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en su antepenúltimo párrafo del artículo 122 refiere:
“El Ministerio Público deberá favorecer en su propuesta una medida cautelar diferente a la prisión preventiva, o en su caso, justificar la improcedencia de esta para poder iniciar el debate de imposición de la prisión preventiva.
La prisión preventiva se aplicará hasta un plazo de máximo cinco meses. Si cumplido este término no se ha dictado sentencia, a la persona adolescente será puesta en libertad de inmediato, mientras se sigue en proceso, pudiéndosele imponer otras medidas cautelares”.
Según la información oficial que se vertió sobre el caso, en la audiencia celebrada el miércoles pasado, precisamente se verificó la revisión de la medida cautelar de internamiento preventivo.
No obstante, al haberse cumplido el plazo de cinco meses sin sentencia, fue que una jueza ordenó el arraigo domiciliario como medida cautelar.
La orden de aprehensión contra Juan de Dios se hizo efectiva el pasado 15 de febrero en un domicilio de la ciudad de León, y fue el propio fiscal del Estado, Carlos Zamarripa, quién lo hizo público en sus redes sociales e incluso la versión de Rosa Isela Dávalos, madre de dos de las adolescentes que perdieron la vida, señaló que fue el propio funcionario estatal, fue quién se comunicó con ella para darle la noticia personalmente.
Familias claman justicia, señalan inconsistencias en el caso
Para las familias este arraigo domiciliario está lejos de la justicia que ellos claman por la muerte de las adolescentes, quienes perdieron la vida la noche de aquel 24 de noviembre del año pasado.
Refieren sentirse solos en el caso, sin una Fiscalía que les haya dado respaldo y seguridad, al menos eso señaló en entrevista para Zona Franca, José Guadalupe Hernández, padre de dos: Juana Michel y Rosa Isela, quien dijo que desde la detención de Juan de Dios han seguido paso a paso las audiencias, y señala inconsistencias en el caso.
Señaló que a ellos les fue asignado una abogada, ‘del gobierno’ cómo lo identifica, pero esta persona se ha ausentado de las audiencias, y le ha enviado una suplente.
Detalla que de la camioneta que usó el adolescente para aparentemente arrollar a las jóvenes, no ha escuchado nada, ni tampoco sobre la intervención de posibles testigos en el caso.
“Queremos justicia cómo es, como lo dijo el gobernador que aquí la justicia es pareja para todos y ya vimos que no; el dinero a mí no me interesa, ni por todo el oro del mundo”, dijo.
Guadalupe Hernández explicó que verá la posibilidad de pedir los audios y grabaciones de las audiencias, pues quieren saber dónde está el error y es que su desesperación lo ha llevado a pensar en pedir apoyo a la Federación.
“Es un delito grave y él está afuera”, agregó
La misma situación aplica para la familia de Teresa, quienes señalan no han recibido el apoyo de las autoridades.
“Por qué esta libre ahorita, qué paso la otra vez se les escapó”, dijo el familiar, quién por seguridad omitió su nombre.
Señaló que se han sentido burlados por los familiares del adolescente.
“Lo único que queremos nosotros es que no se burle el gobierno que, si lo van a soltar por lo que dice la Ley, que cuando termine esto, esa familia no se salga con la suya y siga como si nada paso, que lo juzguen como debe ser”, añadió.
Injusticia e indignación
Cabe recordar que el 24 de noviembre, las cuatro adolescentes viajaban en una motocicleta por la calle prolongación Pípila de la colonia Tepetates de aquel municipio, cuando fueron atropelladas por un vehículo.
Tres de ellas fallecieron en el lugar, mientras que una cuarta víctima fue arrastrada junto con la motocicleta por la misma camioneta, que aparentemente conducía Juan de Dios.
Oficialmente se dio a conocer que se trató de un accidente vial, pero esa noche, las familias y personas que se percataron del hecho, fueron hasta la casa del adolescente, quien fue detenido en lo que la autoridad municipal clasificó como una riña.
Unas cuantas horas después y pese a que las familias lo señalaron responsable del ‘accidente’, Juan de Dios fue liberado.
En los siguientes días, videos captados por una cámara instalada en una casa, daban cuenta de cómo es que el adolescente habría continuado su trayecto con la motocicleta y la joven arrastrando, a exceso de velocidad.
Para el 27 de noviembre, las familias se manifestaron y exigieron justicia frente a la Presidencia Municipal, ahí pidieron ser atendidos por la alcaldesa, Ana Bueno, quién no salió.
Sin embargo, a este movimiento se unieron varias personas, alrededor de 500, que caminaron hacía la casa de la munícipe, ubicada a unas cuantas calles.
La casa fue vandalizada al igual que la vivienda donde habitaba el adolescente con su familia y según testimonios, dos horas después, policías estatales detuvieron a 23 presuntos responsables que intervinieron en los daños del inmueble.
El 3 de diciembre, se suspendió la audiencia de formulación de imputación por el delito de homicidio doloso simple programada en el Juzgado del Sistema Acusatorio y Oral Especializado en Justicia para Adolescentes, con sede en Irapuato. Juan de Dios no asistió, pues en su lugar solo acudió su representante.
Dos días después, se vinculó a proceso a 20 de los 23 detenidos por los disturbios en la protesta, y posteriormente solo quedaron consignadas 17 personas, quienes fueron acusados de terrorismo.
Hasta el 8 de enero se sostenían reuniones con el subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, Alfonso Ruiz Chico y las familias de los detenidos, que a su vez fueron arropados por madres y padres de las adolescentes, exigiendo la liberación de las personas, algunas que aseguraron no tenían nada que ver en el tema.
Tras casi tres meses de haber permanecido en los reclusorios de Irapuato y Valle de Santiago, 16 de 17 cueramarenses acusados de terrorismo fueron liberados, cada uno tras pagar una multa de 3 mil 60 pesos,
Los imputados salieron libres mediante suspensión condicional por un plazo de seis meses, que obligará a las personas entre otras condiciones a residir dentro del domicilio que proporcionaron a las autoridades y firmar los primeros días cada mes en las oficinas de UMECA.
Trascendió que el Juez fijó un monto para la reparación del daño que asciende a los 43 mil 316 pesos y 5 mil 600 pesos. El acuerdo también incluye eliminar los antecedentes del expediente.
