León, Gto. Derivado de las 202 recomendaciones que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Pdheg) emitió durante 2020, 38 funcionarios municipales y estatales terminaron fuera de las instituciones públicas por baja directa, despido y renuncia.
Así se informó como parte del informe anual que la dependencia entregó al Congreso del Estado, donde se indica que, de ese total de recomendaciones, 113 se formularon a autoridades estatales y se aceptaron 112, mientras que de las 89 de ámbito municipal, se aceptaron 88.
De las recomendaciones de medidas disciplinarias, fueron 117 correspondientes a servidores públicos estatales y 98 a servidores públicos municipales, éstas se desglosan con 27 amonestados, 19 arrestados 19, 35 elementos que causaron baja, dos fueron cesados, cuatro exhortados cuatro con llamada de atención cuatro, nota mala en hoja de servicio dos, renuncia una y suspendidos 21.
Del total, los cinco principales agravios investigados y confirmados consistieron en la Violación del Derecho de Acceso a la Justicia con 33; Violación al Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con 29; Violación del Derecho a la Seguridad Jurídica con 23; Violación del Derecho a la Integridad Física con 23 y Violación del Derecho a la Libertad Personal con 20 hechos denunciados.
“Al acreditarse una violación a derechos humanos, la Procuraduría se dirige al superior inmediato o jerárquico del servidor público infractor -con la Recomendación de referencia- a fin de darle a conocer las irregularidades detectadas”, explica el informe.
Expusieron que no implica que el órgano de control interno inicie y resuelva libremente el procedimiento administrativo ya que tiene que considerar las probanzas tendientes a acreditar la responsabilidad, como son los argumentos dados en la recomendación correspondiente, así como aquellos argumentos de la defensa.
Cabe resaltar que en cuanto a propuestas generales y particulares derivadas del estudio de los expedientes de queja, la dependencia expone que esta consiste en la opinión sobre cambios o modificaciones de disposiciones legislativas o reglamentarias, así como de prácticas administrativas, a fin de prevenir violaciones a prerrogativas fundamentales.
En el año, esta institución elaboró un total de ocho propuestas, mismas que fueron dirigidas a seis a autoridades estatales y dos a autoridades municipales; cuatro se centraron en tomar medidas administrativas, dos en actuar conforme a derecho y dos para capacitar al personal.
