Guanajuato. Los empresarios que integran la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) buscarán a los diputados federales por Guanajuato para que voten en contra de la Reforma Eléctrica, al considerar que afectará la inversión local y nacional.
En rueda de prensa, su presidente Héctor Rodríguez Velázquez, junto a Antonio Rivera García y Mario Arturo Coello de la representación Irapuato-Salamanca y Celaya, exhortaron a los legisladores a ver las consecuencias y alcances de está propuesta, ya que la Comisión Federal de Electricidad ha demostrado incremento en el costo de los servicios.
Rodríguez Velázquez dijo que hoy están alzando la voz para rechazar la propuesta del Poder Ejecutivo Federal, pues echa en borda los tratados internacionales y el uso de energías limpias en el país.
El líder empresarial rechazó el planteamiento de desaparecer entidades como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para que sean absorbidos directamente por la CFE convirtiéndose en juez y parte; “el dueño del estadio, balón todo”.
“En estos días hemos visto las implicaciones que pudiera tener esta propuesta de reforma eléctrica que ha sido promovido por el ejecutivo federal y más que eléctrica pareciera energética porque está proponiendo, entre otras cosas, desaparecer tres organismos que ayudan a regular el tema energético”.
“Esto genera un duro golpe a las economías, y la libre competencia…hoy estamos alzando la voz para rechazarla porque atenta contra la inversión local, inversión extranjera, las finanzas públicas y los tratados internacionales”, expuso.
Antonio Rivera García comentó que según datos de la CRE se ha observado que la energía que genera la CFE es 4.9 veces más cara que la que produce el sector privado, es decir, son mil 852 pesos por megawatts hora contra 377 megawatts hora. Esas cifras demuestran que la CFE no es eficiente ni lo será al entregarle toda la generación de energía.
El empresario externó que la deuda no la paga el gobierno, sino los ciudadanos y se pagaría en el futuro.
“Las finanzas públicas se verán afectadas, ya que el gobierno no querrá asumir el costo político de subir las tarifas y optará probablemente por más subsidios (…) La reforma atenta contra el medio ambiente ya que aunque los recursos solares y eólicos no se están aprovechando”.
Además, dijo que la iniciativa elimina los certificados de energía limpia que son un incentivo para que las personas generen energía limpia. Con ello, se acaba el compromiso de México de generar el 35 por ciento de su energía con fuentes limpias para el 2024.
