Irapuato, Gto. El alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez dejó en claro que no está de acuerdo, pues hay procesos e investigaciones vigentes, pero acatará las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), en un par de expedientes con distintos casos que se han resuelto en las últimas semanas.
“Seguiremos las recomendaciones, pero tengo mis propias opiniones”.
Ambas resoluciones incluyen una disculpa pública, de la que no se ha fijado fecha, a 20 días de que el munícipe concluya su Administración.
“No sé si haya algún tiempo de proceso o algo, sería más bien al secretario del Ayuntamiento (José María González Navarro), al que le corresponde”.
En el caso concreto del homicidio del menor de 12 años y las heridas de bala de un joven de 17 años, presuntamente en manos de un elemento de Policía Municipal, Ricardo Ortiz reprochó que la Procuraduría nunca dio respuesta a la prórroga que solicitó, para que que concluya el proceso penal que enfrenta el elemento Pedro ‘N’.
“Nosotros vamos de salida y queremos salir bien sin mayor problema, no estamos al 100% de acuerdo y lo he dicho, vamos acatar lo que nos diga la Procuraduría, lo que no se dijo es que nosotros habíamos solicitado una prórroga y nunca nos fue contestada, cuando generalmente es un procedimiento normal, pero bueno nos apegamos a la decisión o petición de la Procuraduría y haremos lo que tengamos que hacer, no nos vamos a meter en pleitos a estas alturas”.
Aseguró no tener problema con la disculpa pública para ambos casos, pero el proceso penal del policía continúa.
En dicha recomendación del expediente 55/21-B, el Municipio está obligado a cumplir otros siete puntos, además de la disculpa pública.
Hay una investigación en Contraloría Municipal por quejas contra Sandra Baeza
Ricardo Ortiz dijo que además sigue en proceso la investigación en la Contraloría Municipal por las quejas en contra de la Juez Administrativa, Sandra Baeza, quién cabe recordar también emitió una queja más ante la Procuraduría de Derechos Humanos, de la que se resolvió que tanto el alcalde como el síndico, Jaime Antonio Morales Viveros, tendrían que ofrecer una disculpa pública a la funcionaria, por violar el derecho al trabajo, el trato digno y la no descriminación.
“Igual también, y sin embargo, seguimos en lo mismo, la vamos aceptar, pero también estamos diciendo que hay procesos en contra de ella en la Contraloría para que se digan las dos versiones”.
Mencionó que él no tiene fecha para que concluya esta investigación de la Contraloría.
“Las quejas que hay en su contra y todo lo demás ahí está, la investigación de la Contraloría, pedir una disculpa pública porque así me obliga la Procuraduría no tengo ningún problema, a mi no se me cae nada, pero que se asuman las responsabilidades”, añadió.
