Por Sugeyry Romina Gándara
Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).– Los corporativos de productos chatarra siguen infiltradas en los tres poderes en México: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, alertó Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, al hablar de la incorporación del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) al programa del Gobierno federal “Vida Saludable“, lo que muestra el poder que estas compañías –comercializadoras de miles de productos ultraprocesados– siguen ejerciendo en el país, donde han contribuido a desatar una pandemia de obesidad y de diabetes.
“Es un conflicto de interés total. No entendemos esto. No entendemos si se les está empezando a abrir la puerta o si ya se abrió la puerta trasera para que entren. Esto ya lo vivimos con el PAN, ya lo vivimos con el PRI. Espero que no lo empecemos a vivir con Morena o con la 4T”, dijo Calvillo en entrevista con SinEmbargo.
ConMéxico agrupa a las principales empresas comercializadoras de bebidas alcohólicas, alimentos ultraprocesados y tabaco, por lo que para Alejandro Calvillo –uno de los activistas más reconocidos por su lucha contra el abuso de estas poderosas compañías internacionales– incluirlos y sentarse con ellos en torno al programa “Vida Saludable”, como hizo Mario Delgado Carrillo en su carácter de titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), significaría avalar que dichas compañías maquillen sus prácticas en lugar de resolver el fondo del problema.
“Estás ayudando a maquillarse y no estás yendo de fondo al problema, y la situación en este momento es muy grave: uno de cada seis adultos en este país tiene diabetes y uno de cada dos niños y niñas nacidas en México a partir de 2010 va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida. Esa es una pandemia”, destacó el también sociólogo.
El pasado 13 de abril, SinEmbargo dio a conocer que el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) será parte del programa federal “Vida Saludable”. El anuncio de la Secretaría de Educación Pública fue calificado por analistas y especialistas en el tema de salud pública como una rendición del Gobierno federal a esta poderosa industria que durante el sexenio pasado, el del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue combatida y contenida.
Pero no es sólo en la Secretaría de Educación Pública donde se han encendido las alertas. Además del encuentro de Mario Delgado con representantes de esos corporativos y la firma de pacto con ellos, difundido en un presunto documento interno de la SEP que propondría debilitar los lineamientos escolares contra la comida chatarra, Calvillo destacó decisiones y planteamientos en otras dependencias que beneficiarían a estas grandes empresas.
“Están pasando cosas muy extrañas”, destacó el director de El Poder del Consumidor.
Uno de los ejemplos que planteó fue la reciente consulta pública de una reforma que busca reducir drásticamente la franja horaria en la que está prohibida la publicidad de comida chatarra dirigida a niñas y niños. Actualmente, esa protección es de cinco horas entre semana y los fines de semana es de 12.5 horas; sin embargo, se presentó una propuesta que pretende reducirla a sólo dos horas diarias. Al resspecto, Calvillo dijo que aunque el documento fue presentado si la Cofepris lo hubiera elaborado, la misma institución pidió retirarlo días después. “¿Qué pasó ahí? Si lo hizo Cofepris, ¿por qué luego pidió que se bajara?”, cuestionó el activista.
Otro aspecto que denunció el especialista fue la decisión de la Secretaría de Economía de suspender la tercera etapa del etiquetado frontal de advertencia, una política reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La dependencia, según explicó Alejandro Calvillo, dijo que se basó en una evaluación conjunta con la Cofepris, pero ese estudio no ha sido dado a conocer públicamente.
“Dicen que fue a partir de una evaluación que realizó la Secretaría de Economía junto con la Cofepris, así está el escrito. Pero no conocemos esas evaluaciones. Esto está respondiendo a las empresas que no quieren la tercera etapa. No está respondiendo a evaluaciones científicas publicadas por el Instituto Nacional de Salud Pública. Esto es responder a los intereses de las empresas. Entonces, ¿quién está moviendo la cuna?”, insistió.
El especialista, que ha dedicado años de su vida a la lucha contra las empresas chatarra, también alertó sobre la presencia de personas que, habiendo trabajado previamente en la industria alimentaria, hoy ocupan cargos dentro del Gobierno federal. Aunque no reveló nombres, aseguró que han comenzado a revisar los currículums y que, en su momento, los darán a conocer.
“Hay en algunas dependencias muy claramente personas que trabajaron para la industria y que ahora tienen puestos en esas dependencias”, reiteró el especialista.
—¿Quiénes son esas personas?, se le preguntó.
—Nosotros estamos revisando algunos currículums de personas, los daremos a conocer. Nosotros somos una asociación civil registrada y todo, o sea, somos muy serios en esto, pero sí [hay].
Calvillo afirmó que esta situación tampoco es nueva pues, recordó, durante gobiernos anteriores también se observó la presencia de funcionarios con vínculos previos con la industria, particularmente en la Secretaría de Economía.
“Nos llama mucho la atención la Secretaría de Economía, porque siempre ha puesto los intereses de las grandes corporaciones por encima de la salud o incluso de los intereses ambientales. Entonces, hay que poner un ojo muy fuerte es en esa Secretaría, pero también en otras; o sea, hay que ver cómo está y cómo siguen trabajando la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud en estos temas, porque la Secretaría de Salud no se puede hacer un lado en esto. Estamos hablando de una política conjunta, de los lineamientos donde participa la SEP y participa Salud”, dijo.
–¿Entonces lo que usted dice es que las estas empresas tienen incrustada a su gente en Gobierno Federal y también en el Legislativo?, se le insistió.
– Sí, sin duda. Sin duda en el Legislativo, no te podría hacer una identificación en este momento, pero sin duda los tiene, están ahí. Y en el Poder Judicial ahorita los tienen. En los tres poderes. Son las empresas más poderosas.
Y añadió: “Estas empresas son de las empresas más poderosas en el mundo. Entonces, la capacidad que tienen de meter actores en posiciones de gobierno, de de vincularse con funcionarios públicos o durante la carrera de de políticos, es altísima, es altísima. Entonces, hay que estar checando”.
ConMéxico agrupa 34 empresas líderes en alimentos, bebidas sin y con alcohol, y el tabaco. Muchos de sus productos superan los límites recomendados para consumo humano en azúcares o grasas saturadas, por ejemplo. Otros han sido vetados por muchos países del mundo. Sin embargo, esta industria participa desde hace décadas en “programas de salud” propios o gubernamentales en todo el mundo. Los activistas dicen que es para “lavarse la cara” y seguir envenenando poblaciones. México, además, ya lidera dentro de los naciones con mayores índices de obesidad infantil.
La polémica de la SEP
Los Lineamientos generales para la preparación, distribución y expendio de alimentos en todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional (SEN) —que tienen como objetivo promover estilos de vida saludables y enfrentar la crisis de sobrepeso y obesidad infantil— entraron en vigor el pasado 30 de marzo. Su aplicación no pasó desapercibida: en redes sociales circularon fotografías de tiendas escolares completamente vacías, lo que evidenció que la mayoría de los productos que antes se vendían eran alimentos ultraprocesados o “comida chatarra”.
La polémica estalló cuando Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública, se reunió el pasado 9 de abril con representantes del sector empresarial bajo el argumento de “impulsar y fortalecer la estrategia Vida Saludable”. La reunión fue duramente criticada por permitir la participación de empresas productoras de comida chatarra en una estrategia cuyo fin es mejorar los hábitos alimenticios de millones de estudiantes en México.
Alejandro Calvillo, activista y defensor del derecho a la salud, explicó que, a diferencia de intentos previos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, estos nuevos lineamientos son ahora judiciables, es decir que las familias pueden denunciar su incumplimiento ante las autoridades. Por ello —advirtió— preocupa que, justo en este contexto, la SEP esté firmando acuerdos con representantes empresariales.
“En medio de esto, sí llama la atención que la Secretaría de Educación Pública empiece a hacer estos acuerdos, convenios con ConMéxico, que está plenamente identificado —en revistas científicas y artículos— por interferir para frenar políticas dirigidas a la salud pública y que obviamente afectan los intereses de las corporaciones”, dijo Calvillo.
El activista enfatizó que no importa el nivel del acuerdo, una firma de esta naturaleza “no puede ser posible de ninguna manera”.
“No conozco bien cómo va a entrar ConMéxico a esto, pero de la manera que sea, no debería entrar en ningún convenio; hay un acercamiento como lo hubo atrás con el PAN y con el PRI […] No puede la SEP hacer un acuerdo con una asociación de empresas que ha estado bloqueando permanentemente las políticas para proteger a la infancia de esta epidemia de sobrepeso y obesidad, que es una de las más graves para la población infantil en todo el mundo. Entonces, ¿por qué?, ¿qué necesidad tiene la SEP de hacer estos acuerdos?”, insistió.
Ese 9 de abril, Mario Delgado se reunió con directivos de 27 empresas agremiadas a ConMéxico. Como resultado, acordaron “sumar esfuerzos para impulsar y fortalecer la estrategia integral Vida Saludable” impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, la cual “tiene como objetivo en común poner por delante la salud de las infancias”.
https://x.com/mario_delgado/status/1910171466764628069
Calvillo también expresó preocupación por un acuerdo que la SEP firmó con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, organismo con el que la empresa Coca-Cola mantiene una alianza histórica), pues se teme que, a través de dicho convenio, la refresquera pueda tener acceso a las escuelas.
“Nos preocupa mucho ese acuerdo con la FIFA, porque la FIFA tiene un convenio de muchos años con Coca-Cola”, advirtió.
A esto se suma la circulación de un presunto documento interno de la SEP en el que se propondrían reformas para debilitar los recién publicados lineamientos, eliminando la obligación de garantizar alimentos saludables en planteles universitarios y diluyendo la responsabilidad institucional.
“Y en el caso de Mario Delgado, no entendemos… no entendemos por qué está haciendo esto. No debe hacerlo. O está mal asesorado o está entrando en un conflicto de interés y está abriendo la puerta, está destruyendo los lineamientos que tanto trabajo costaron. Está tirando todo el esfuerzo que se hizo en el Legislativo para que se aprobara esa reforma a la Ley General de Educación”, destacó el reconocido activista.
El director de El Poder del Consumidor explicó la gravedad de lo que ocurre al advertir que niñas y niños consumen más de 500 calorías durante su jornada escolar, lo que representa una parte considerable —y excesiva— del total diario recomendado.
“Los niños de primaria requieren como 1700 a 2000 calorías. En la escuela están consumiendo más de 500 calorías”, explicó. Sobre las calorías que consumen en la escuela, dijo, esa información es con base en dos estudios del Instituto Nacional de Salud Pública y uno propio de la organización.
Estrategias de la industria y su lavado de imagen
Sobre las estrategias de las empresas para continuar distribuyendo productos dañinos en las escuelas, Calvillo detalló que una de las más frecuentes es la reducción de porciones para evadir la regulación.
Antes, recordó, la regulación se basaba en la cantidad de calorías por cada 100 gramos sin importar el tamaño del empaque. Sin embargo, tras una fuerte presión empresarial, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa esta disposición fue modificada: “La industria se lanzó en contra. La Secretaría de Economía, que domina bastante a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, dijo: ‘No, está mal’… y lo que vamos es a reducir las porciones. Entonces apareció el mini Gansito, apareció la mini chatarra”.
El director del Poder del Consumidor también se refirió que cuando se trató de imponer al impuesto a las bebidas azucaradas, con una propuesta original de 20 por ciento, las presiones de la industria lograron que se aprobara solamente un 10 por ciento durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. “Hay un documento interno de Coca-Cola Europa que dice que la política que más podía afectar sus intereses son los impuestos”, expuso. A pesar de la intensa campaña en contra de quienes estaban en contra de las bebidas azucaradas, se logró el impuesto, pero México impuso solo el 10 por ciento. Después, recordó Calvillo, vinieron otros paises que también pusieron impuestos como Reino Unido, Sudáfrica e India, y destacó que las naciones que sí adoptaron el 20 por ciento de impuesto han tenido mejores resultados en salud pública.
Calvillo también narró cómo las empresas lograron frenar un etiquetado más estricto entre 2014 y 2020. “Un muy buen juez dijo: ‘Este etiquetado que pusieron Mikel Arriola y compañía, diseñado por Coca-Cola, está violando el derecho a la información, el derecho a la salud, los derechos de la infancia’”. Sin embargo, la Cofepris se amparó y el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y fue rechazado por presión de la industria: hubo un cabildeo de esas empresas en la Suprema Corte y rechazaron el proyecto”.
Al hablar del lavado de imagen de las empresas, Calvillo fue contundente: “Es un permanente lavado de imagen”, dijo, y añadió que las campañas publicitarias se enfocan en mostrar a las marcas como agentes positivos, ocultando el daño que generan.
“La campaña más costosa de Coca-Cola se llamó ‘El amor multiplica’. No veías la botella de Coca-Cola y se decía que la refesquera cuida el agua de las comunidades, pero hace todo lo contrario”, acusó. También dijo que la empresa se presenta como promotora del reciclaje y del apoyo a pueblos indígenas, aunque su producto es el principal factor detrás de la epidemia de diabetes en estas comunidades.
El Poder del Consumidor y Greenpeace presentaron en 2023 denuncias ante la Profeco y la Cofepris por publicidad engañosa, pero estas no prosperaron, según recordó el especialista:
“Nos dijeron: ‘Es que el esquema legal que tenemos es publicidad engañosa de productos’ y ellos están hablando de una marca. Nosotros les dijimos: ‘Perdón, la marca es el producto’”.
Actualmente, las organizaciones buscan una reforma legal para que la publicidad de marca sea tratada como publicidad de producto, como ya se hizo en el caso del tabaco.
La Secretaría de Salud no puede hacerse a un lado
Calvillo advirtió que la Secretaría de Salud debe asumir un papel activo. “Está muy bien que haya un foco fuerte en la atención médica, pero no está enfrentando la causa de este problema”. El consumo de comida chatarra, bebidas azucaradas, alcohol y tabaco, dijo, son hoy las principales causas de enfermedad y muerte en México: estas empresas se están llevando grandísimas ganancias y los costos para el erario público son enormes, lo mismo que para el bolsillo de las familias”.
En ese sentido insistió en que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública deben actuar de forma coordinada y no renunciar a su responsabilidad en la regulación alimentaria: “Estamos hablando de una política pública, de los lineamientos donde participa la SEP y participa Salud”.
Calvillo destacó la gravedad de la infiltración del poder económico en el ámbito de la salud pública. “Más allá de que uno esté de acuerdo o no con el Gobierno actual, algo que ocurrió fue la separación de estos poderes. Sin embargo, estos poderes se pueden infiltrar y es muy grave que se infiltren en este ámbito en el que más daño han hecho a la población mexicana, que es en la salud pública”, comentó.
Al ser cuestionado sobre qué mensaje le enviaría a la Presidenta Claudia Sheinbaum el especialista fue claro: “Yo creo que debe poner mucha atención en esto. Ella, en este evento latinoamericano que acaba de realizarse, habló nuevamente de esta separación del poder político y el poder económico, y es lo que debe honrar”.
También recordó que México es uno de los principales consumidores de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, lo que está directamente vinculado con un aumento de enfermedades y de mortalidad. “Lo que está pasando con la infancia es gravísimo. Y lo que está pasando, por ejemplo, con las poblaciones indígenas es tremendo con la invasión de la comida chatarra y las bebidas azucaradas”, enfatizó Alejandro Calvillo.
