Guanajuato, Gto. Expertos secundaron la posibilidad de incrementar las sanciones por el delito de extorsión en el Estado de Guanajuato, como lo plantea una iniciativa presentada por diputados del Partido Acción Nacional (PAN).
Durante la Mesa de Trabajo de la Comisión de Justicia del Congreso local, el magistrado del Poder Judicial Daniel Chowell Arenas, y los representantes de la Fiscalía General de Guanajuato y la Coordinación General Jurídica, coincidieron en que la extorsión es un delito que se ha incrementado, que afecta más allá de lo patrimonial a las víctimas y que tiene penas bajas para las consecuencias que genera en la sociedad.
Chowell Arenas se pronunció a favor del incremento de las penas, pues dijo que podría abonar a combatir de mejor manera el delito y como un instrumento para establecer penas proporcionales.
“En el supremo tribunal de justicia compartimos la iniciativa en el sentido de que este tipo de conductas vienen agraviando nuestra sociedad y que requiere de un mejor instrumento para poder combatirlas, sin embargo tenemos algunas observaciones estimando que en la iniciativa ponemos las grandes propuestas… hay una propuesta al incremento del cuánto de la pena, no hay en realidad una certeza sobre la proporcionalidad de la pena en atención al bien jurídico tutelado y tampoco con la comparación del resto de los tipos penales”, explicó.
Por su parte la representante de la Fiscalía General del Estado, explicó que el daño no debe focalizarse al daño económico, pues sus efectos son múltiples y muchas veces afectan psicológica, física y emocionalmente la salud de una víctima y de la sociedad en conjunto.
“Desde la Fiscalía coincidimos con el propósito buscado con esta iniciativa que en esencia presenta los notables fundamentales: la primera ajustar los rangos de punibilidad a las penas que nuestro Código Penal establece para el delito y el segundo, introducir agravantes en aquellos casos que son de mayor reproche”, señaló.
De la Coordinación General Jurídica, Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco, señaló que la extorsión es un delito que vulnera la seguridad social, el bienestar de los ciudadanos y imita y diezma la inversión formal sobre todo de los pequeños y medianos empresarios, por lo que conlleva un daño al desarrollo económico regional y federal.
“El concepto de extorsión trae consigo una connotación de índole económico, ya que es un delito que afecta directamente al patrimonio de la víctima, pero a su vez también lleva inmerso un defecto con la autonomía para que la persona acceda en contra de su voluntad, a las exigencias a favor del agente agresor”, finalizó.
Legisladores de la Comisión de Justicia contemplan retomar las observaciones en una mesa de trabajo técnica para después presentar el dictamen para su votación.
“La entidad es uno de los Estados en los que se sanciona con menor pena este delito. con la propuesta de los panistas, las penas podrían aumentar de 10 a 15 años y además se incorporarían agravantes”.
