Irapuato, Gto. La defensora de Derechos Humanos y abogada de las víctimas del exsacerdote, Raúl Villegas, Dalia Ramírez Delgado señaló al fiscal general del Estado, como la persona que debería de responder ante cualquier acto de agresión hacía su persona. Esto, luego de que en febrero pasado fue interceptada en la carretera por un hombre, quien la golpeó y le exigió desistir de un amparo.
Y es que, la activista reconoció que el único recurso legal de esa índole que ha promovido como quejosa, es el que interpuso en marzo del 2017 contra la antes Procuraduría General del Estado, ahora Fiscalía General del Estado y (FGE) y del que incluso se dictó una sentencia, de la que se solicitó una revisión que involucra una reposición del testimoniales, proceso que se detuvo tras la contingencia.
La agresión
La abogada relató que a finales de febrero de este año regresaba de Guadalajara, donde lleva un caso como litigante, pero fue interceptada por el hombre que sin identificarse la golpeó en el rostro cerca del ojo.
“A mi regreso antes de llegar a la caseta de la Piedad y Pénjamo, a un kilómetro de la caseta, me ponchan mi llanta de mi vehículo particular, iba yo sola a las nueve de la noche en una parte de la carretera, donde no hay señal y al picarse mi llanta me orillé y soy abordada por un hombre, el cual me golpea, me pega en mi cara y me dice, ‘deja de estar chingando con el amparo. El único amparo en el que yo soy quejosa es este que citó, de cuando fue levantada lamentablemente en la subprocuraduría de aquí en la región B”.
Ella consideró la posibilidad de que se tratará de un asalto, pero la persona, la dejó retirarse, por lo que dirigió a la caseta y después a la gasolinera, donde recibió asistencia.
Le asignan medidas de protección
“Estos hechos ya también han quedado registrados en el amparo que afortunadamente tengo en el Juzgado Noveno de Distrito ante la Juez Karla Macías, y quien ha dictado medidas pertinentes para mi seguridad y que podamos volver a obtener una sentencia apegada a derecho”, destacó.
Después de esa noche, a Dalia Ramírez se le asignó custodia dentro del mecanismo para Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, por lo que además se le ha facilitado un dispositivo que opera como botón de pánico, cuya efectividad en el municipio de Irapuato, puso en duda.
Precisó que este mismo mes por la noche, al escuchar detonaciones de arma de fuego lo activó, pero nunca acudieron los elementos de la Policía Municipal al auxilio.
“En mi caso ha dictado también un control de pánico, que quiero referir que soy beneficiada, pero que escuchando días anteriores una balacera en mi domicilio, (afuera de su casa) activé el control de pánico, inmediatamente me contestan, pero me dicen que van a dar auxilio autoridades municipales y llaman a la Policía Municipal para que vayan y hagan un rondín en el municipio de Irapuato y me den seguridad por estas detonaciones al parecer producidas por arma de fuego, nunca acudieron las autoridades de Seguridad Pública y dieron las seis de la mañana y yo estaba con una angustia y nunca acudieron”.
El hecho lo reportó al mecanismo, pues cuestionó que de qué le sirve el dispositivo si al pedir auxilio, no hay autoridad en el municipio que la pueda ayudar en Irapuato, y es que indicó de estar en otro estado de la república, probablemente si acudirían.
También hizo un llamado, pues dijo que a pesar de que el secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini accedió al apoyo, se le marcaron horarios para su custodia.
“Hoy (el miércoles) por participar y apoyar la marcha de esta muchacha que lamentablemente apareció muerta, Dulce, solicité que se me extendiera el horario para poder participar y sentirme segura, y me fue negado porque ellos tienen prioridad en otro tipo de eventos, esto fue extensivo, me lo hizo saber el comandante Artemio; le pido al secretario de Seguridad, Alvar, que si bien es cierto han aceptado la custodia a mi favor en los horarios que se ha propuesto al mecanismo, deben ser flexibles en virtud de que el día de hoy la mujer es más vulnerable”.
Dalia Ramírez dijo que otra de las medidas que le fueron asignadas son rondines aleatorios a su oficina, que también ha sido atentada con disparos de arma de fuego; números directos de contactos federales para cualquier situación; y un control de localización y de pánico en su vehículo.
El amparo
La abogada interpuso el amparo 268/2017- III, luego de que el 24 de marzo, fue retenida por varias horas en el Cereso de Irapuato, junto a un cliente, a quién asesoraba jurídicamente por la desaparición de su esposa.
El caso fue presenciado y publicado en medios locales, donde trascendió que la activista, estuvo a punto de ser llevada por la fuerza al estado de Jalisco, donde habría aparecido el cuerpo de la mujer desaparecida.
Sin embargo, una vez que se hizo pública la situación, la activista fue devuelta a la Subprocuraduría de la Región B, lo que no ocurrió con su cliente, quién si fue trasladado a Jalisco.
“Yo me amparo por los actos contra actos del 22 constitucional, donde tuve actos de tormento, incomunicación y me llevan sin ninguna orden ni justificación, estaba amenazada de que me iban a privar de la vida”.
Dalia Ramírez atribuyó la actuación de los policías ministeriales a represalias e intimidación, pues en ese momento era la abogada de las víctimas del colegio ‘Atenas’ que acusaban al sacerdote, Raúl Villegas por abuso, violación, hostigamiento sexual y corrupción de menores, delitos por los que fue sentenciado y quien incluso declaró, nuevamente se volvió a amparar.
“El caso de Raúl el sacerdote del colegio Atenas, el cual está sentenciado y que quiero decir que se volvió a amparar nada más que por la cuestión del Covid esta suspendida esa resolución, fue un amparo directo y todavía esta pendiente de la resolución”.
La sentencia: investigación al fiscal
Derivado de este amparo que señalaba delitos como detención arbitraria, hostigamiento, incomunicación, amenazas, obstrucción de la defensa de Derechos Humanos, así como actos de tortura en agravio de su cliente, hubo una sentencia contra la Fiscalía.
“Dentro de las resoluciones de este amparo obtuvimos una sentencia a favor, se le solicita a la fiscalía que como se me impidió el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos y como fui exhibida, como un alto delincuente, se me pida una disculpa o se publique esta sentencia en los diarios de mayor circulación federal y local en el Estado; además de que se le gira como facultad de atracción a la Fiscalía General de la República que se investigue y se inicie la carpeta de investigación en contra del fiscal por los hechos que cometió en mi contra si son constitutivos de un delito”.
La activista agregó que la autoridad responsable no le benefició la sentencia solicitó revisión del amparo, lo que conlleva reponer algunas diligencias y testimoniales, que están en espera de que se puedan desahogar para volver a emitir la sentencia, lo que ha quedado detenido por la contingencia.
“Una sentencia que está marcando precedente en favor de los defensores de Derechos Humanos a nivel nacional; El fiscal es la autoridad responsable que yo señale y señaló ante estos medios como responsable, de cualquier acto que pudiera en mi suceder a consecuencia de esta resolución, es decir, Carlos Zamarripa Aguirre, es quien debe responde por cualquier acto de agresión hacia mi persona”.
