León, Gto. El jueves 11 de marzo, Lupita González Herrera, fue asesinada a balazos por su pareja sentimental, Sergio Antonio, cuando sostenían una discusión y una reacción violenta provocó su asesinato con un arma de fuego.
11 días después de permanecer desaparecida, las autoridades dieron con su cadáver abandonado en una zona cerril ubicada en los límites de San Felipe y de Dolores Hidalgo.
El miércoles 23 de marzo, un par de días después del hallazgo, autoridades ministeriales detuvieron a Sergio Antonio con una orden de aprehensión por el delito de feminicidio.
La Fiscalía General del Estado, informó que Sergio Antonio, inculpado por el feminicidio de la joven de 26 años, fue vinculado a proceso penal y desde ese momento permanecerá en prisión preventiva en el Centro de Readaptación Social (CERESO) en lo que se desarrolla su proceso con la justicia.
La tarde del martes se desarrolló la continuación de la audiencia inicial en el Juzgado de Oralidad Penal en el municipio de San Felipe, donde un juez del Poder Judicial, fijó un plazo de cierre de investigación de 5 meses para que Sergio Antonio sea sentenciado por el feminicidio de Guadalupe.
Durante la audiencia se reveló que la mañana del jueves 11 de marzo, Guadalupe se encontraba con su pareja sentimental Sergio Antonio, en una cabaña ubicada en Rancho Los Lobos, en San Felipe.
“En determinado momento tuvieron una discusión, que derivó en una reacción violenta por parte del imputado el cual con un arma de fuego disparó en contra de la víctima provocando su fallecimiento” informó la FGE en un comunicado.
Desde ese día la joven fue vista por última vez y en la ciudad de León, donde estaba domiciliada Guadalupe, sus familiares y grupos feministas, alzaron la voz y organizaron una serie de protestas para exigir avances en la investigación y justicia.
El 16 de marzo se activaron los protocolos de búsqueda para su localización, pero lamentablemente el lunes 22 su cuerpo fue encontrado sin vida.
La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía Regional D, en seguimiento a la investigación, recabó diversas entrevistas y realizaron diligencias en campo, además de labores propias de los peritos y analistas, para esclarecer el mecanismo de los hechos e identificar al probable inculpado, quien posteriormente fue aprehendido con orden judicial.
Como parte de las acciones de investigación tendientes al esclarecimiento de los hechos, se obtuvo de un juez una orden de cateo con la que se realizó una revisión en el inmueble donde sucedieron los hechos criminales, donde se aseguraron diversos indicios asociativos a la comisión del hecho delictivo, que obran en la carpeta de investigación como datos probatorios.
La noche del martes 30 de marzo, al culminar la duplicidad de término constitucional solicitado por la defensa del imputado, se reanudó la audiencia; el juez, al escuchar a ambas partes en su exposición, determinó que esta representación social aportó datos de prueba suficientes para vincular a proceso penal al imputado, y que permanezca en prisión preventiva como medida cautelar.
