Irapuato, Gto. La activista Norma Nolasco confirmó que hubo fraude con el programa de vivienda, del que aseguró ella, su familia, amigos y conocidos también fueron víctimas al igual que otras 240 personas de tres municipios de la entidad, aunque todavía no lo ha denunciado.
Esto, luego de las acusaciones en su contra que derivaron de este mismo programa del que responsabilizó a Gerardo Mujica Neira, quien se ostentaba como representante legal de “Por el derecho a las familias Mexicana A.C. y a quien identificó como Jesús Quintana, en cuyas cuentas se depositó el dinero.
“No estoy vinculada a proceso y no hay una manifestación de que yo sea responsable o culpable. Si se cometió un fraude. El licenciado Mujica Neira tiene otras denuncian en la ciudad de México, Tlaxcala y creo que en Puebla, ya tiene otras denuncias”.
La también fundadora del Grupo Unidos de Madres Solteras, A.C (GUMSAC), refirió que Luz Cortez, otra presunta implicada, fue su testigo y proporcionó los domicilios de los presuntos responsables.
“Todas las personas al igual que yo no tenemos casa, el principal requisito era que no tuvieras casa, para ingresar al programa te ibas que depositar ese dinero porque iban hacer con 30 mil pesos como te iban a donar tu casa, se hace esta entrega de diez mil en dos partes, que fue lo que entregamos todas las personas”.
Cuando se le cuestionó dónde estaban ubicadas las viviendas, respondió que no había lugares específicos pues cada municipio se tenía que buscar un terreno de los que se haría cargo un comité y se trataría de una hectárea para 40 viviendas de 120 metros, 90 de construcción con tres recámaras, baño, sala comedor, cocina.
“Algo que por supuesto nos iba a cambiar la vida a todas las personas que no tenemos vivienda, algo que por supuesto nos iba a mejorar la calidad de vida porque íbamos a dejar de pagar renta, para entonces tener un lugar propio en donde vivir, creímos, confiamos y estuvimos esperando a que esto se diera. en lo personal lo que me dio el golpe de realidad fue cuando me enteré que estaba demandada en Guanajuato”.
Sobre la petición del Consejo Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos para retirar la protección policiaca a la activista, defendió que no conocen su situación de riesgo, que se evalúa cada año, pues sufre acoso, hostigamiento y desprestigio por parte de otra persona.
“Se autodenomina activista, defensor de derechos humanos, aunque no tienen ninguna acreditación ni estatal, ni nacional, ni internacional como la tengo yo; y esto me pone en riesgo porque lamentablemente en muchas ocasiones voy a un evento público y sus acosos son muy fuertes hacía mi persona, si temo por mi persona”.
A esto añadió que su escolta también se debe a los atentados de los que ha sido víctima desde el 2009, cuando incluso su hermano fue secuestrado y asesinado.
“No puedo ir al cine, al antro, no puedo hacer muchas cosas que la gente de manera normal podría hacer, el precio que estoy pagando por ser activista es el precio de mi libertad”.
Defendió que no han encontrado evidencias contra los elementos de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) que la escoltan y están acusados de agredir a una ciudadana por un asunto personal relacionado con la disputa de una propiedad, de lo añadió si ocurrió en un funeral,y hubo conato de pleito, pero asegura no se involucraron los efectivos.
