León, Gto. Los diferentes grupos de trabajo de la ONU solicitaron al gobierno de México, toda la información sobre la represión perpetrada por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), contra mujeres familiares de personas desaparecidas en Guanajuato que protestaron el pasado 10 de julio.
En concreto se trata de los casos de Gisela Verenice Olimpia Montoya, Carla Verónica Martínez Jiménez y Verónica Durán Lara, del colectivo A Tu Encuentro, además de la activista María del Carmen Ramírez de la organización Guanajuato Despertó, quienes participaron en la movilización en rechazo del nombramiento de Héctor Alonso Díaz Ezquerra como comisionado estatal de búsqueda.
Las mujeres denunciaron que fueron golpeadas y posteriormente detenidas por los agentes, por ello, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, solicitaron formalmente la comunicación sobre los hechos ocurridos.
El documento está fechado a 1 de octubre y da 60 días a México para responder. El plazo ya ha expirado pero hasta el momento no se han hecho públicas la respuesta gubernamental.
Sobre todo, solicitaron detalles sobre “la debida investigación de los hechos, y en su caso sanción a los elementos que hubieran incurrido en faltas administrativas o delitos en el operativo de ese día y en las detenciones, incluyendo el abuso de la fuerza por parte de los elementos de seguridad.
Justo antes de darse a conocer esta comunicación formal, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato fracasó en su intento de archivar las investigaciones contra los policías, debido a que la jueza Liliana Martínez Sandoval revocó esta decisión y ordenó que se reactive la investigación, no sólo para determinar si hubo abuso de autoridad, también la cadena de mando.
Por otro lado, la FGE se desistió de las acusaciones contra las mujeres tres meses después de los hechos.
Los representantes de la ONU piden “informaciones detalladas sobre la base legal del arresto de las defensoras”.
“En particular, sírvase indicar en qué medida el arresto y la privación de libertad de estas personas son compatibles con las normas contenidas en los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, indican.
Además, pidieron datos sobre las investigaciones penales que se condujeron contra las activistas y “sobre las medidas de reparación del daño ocasionado por las violaciones y hechos descritos”.
Cabe resaltar que, a partir de aquí, el organismo internacional podría decidir emitir recomendaciones o incluir estos hechos en el informe anual que redacta el Consejo de los Derechos Humanos.
