Por Sugeyry Romina Gándara
Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).- La escena estuvo cargada de tensión. En el templete de la conferencia matutina, el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, se inclinó hacia la Presidenta Claudia Sheinbaum mostrándole la pantalla de su celular. Hablaron brevemente, en voz baja. Era evidente que algo pasaba. Afuera, las sirenas rompían la rutina de la ciudad rumbo a la colonia Moderna. En la avenida Tlalpan, una de las más transitadas, acababa de ocurrir un doble homicidio que ha sacudido al Gobierno de la Ciudad de México: el de Ximena Guzmán y José Muñoz, dos personas de absoluta confianza dentro del círculo de la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina.
Ximena y José formaban parte del engranaje interno del Gobierno de Clara Brugada, con ambos tenía años de trabajar, como ha dicho ella misma. Momentos después del crimen, la propia Presidenta Claudia Sheinbuam leyó desde su conferencia de prensa mañanera la tarjeta informativa que confirmaba el doble asesinato. Lo hizo después del reporte de Omar García Harfuch, quien hace cinco años salió con vida de un atentado perpetrado en Paseo de la Reforma, por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes alcanzaron a lastimarlo con tres balazos.
Pese a ese incidente, Claudia Sheinbaum Pardo y García Harfuch lograron reducir en la capital del país los índices de violencia. Ese fue uno de los logros que se destacaron en la campaña a la Presidencia de México y que incluso colocaron al hoy Secretario de Seguridad federal como un candidato serio a la Jefatura de Gobierno.
Hoy el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz recuerda otros episodios de alto impacto que han sacudido a la capital, desde el atentado contra el propio García Harfuch, hasta el asesinato del General Arturo Acosta Chaparro, ocurrido en abril de 2012, hasta la ejecución del conductor Paco Stanley, entre otros.
Me siento profundamente triste por la pérdida de Ximena y de Pepe. Con ellos compartí muchos años de anhelos y luchas por transformar, primero Iztapalapa, y ahora nuestra gran ciudad. Ximena era una mujer maravillosa, incansable, muy buena. A Pepe lo traté casi desde niño, una de… pic.twitter.com/OYJlk2XaU9
— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 20, 2025
El doble homicidio ocurrido el martes tampoco puede tomarse como un hecho aislado. En lo que va del actual sexenio, otros ataques han tenido como blanco a figuras clave dentro del gobierno de la Ciudad. Uno de los casos más recientes fue el asesinato en el Estado de México Milton Morales Figueroa, coordinador general de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Morales Figueroa era una pieza central del equipo que, bajo la dirección de García Harfuch, logró reducir los índices de homicidio, secuestro y robo en la capital durante los últimos seis años.
Además del hecho de que Ximena y José, como Milton Morales Figueroa, tenían vínculos con las altas esferas del poder, el ataque que sufrieron esta mañana los asesores del gobierno de Clara Brugada también forma parte de una serie de crímenes de alto perfil ocurridos en la Ciudad de México. Y es que desde hace años —y no sólo en tiempos recientes—, en la capital del país se han perpetrado atentados que han sacudido a la ciudad y al país entero. Uno de los más graves ocurrió en junio de 2020 cuando Omar García Harfuch fue atacado en pleno Paseo de la Reforma.
El atentado que sacudió la capital
Cerca de las 06:35 horas del viernes 26 de junio de 2020 un grupo de hombres armados con granadas y rifles calibre .50 —armamento utilizado en guerras como la de Irak— emboscaron al Secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch y a su equipo de escoltas en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Como resultado del ataque murieron dos integrantes del equipo de seguridad del Jefe de la Policía y una civil; además, dos personas resultaron heridas.
—Voy en una ambulancia al hospital. Tuvimos un atentado grave. Serpico (Coordinador General de SSC), comunícate. Ocelot (director operativo de la zona sur), manden varias patrullas. Serpico, Serpico, Puerto de Virreyes, ahí te veo y tiren un cóndor, rápido— eran las palabras de García Harfuch, entonces Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, dando instrucciones vía radio después de resultar herido la mañana de ese 26 de junio de 2020, en el atentado en su contra.
—Ya se realizó la coordinación correspondiente con el personal de cóndores—, le respondió un hombre, de acuerdo con el audio que fue revelado semanas después por Ciro Gómez Leyva en su noticiero de Imagen TV.
Ese viernes, la ciudad fue escenario de algo nunca antes visto: un ataque tácticamente armado con decenas de sicarios, vehículos, granadas y armas de alto calibre. A diferencia de agresiones anteriores —que, por lo general, involucran a uno, dos o tres atacantes con armas cortas—, este atentado fue cuidadosamente planeado. Las investigaciones revelaron que hubo al menos tres semanas de preparación. Los sicarios se disfrazaron de trabajadores de obras y emplearon armamento como un fusil Barret .50.
El ataque perpetrado contra el entonces jefe de la policía capitalina no tiene precedentes, no solo por el objetivo del mismo, sino por la estructura y forma táctica en la que se ejecutó. Organizar un ataque así, en una de las zonas más vigiladas y transitadas de la capital, es extremadamente complejo y, aunque ocurrió a primera hora de la mañana, cuando aún no había tráfico intenso, fue sobre Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes, con vigilancia constante, cámaras de seguridad y presencia policial.
Aun así, lograron ejecutar la emboscada, mostrando de forma abierta la capacidad de fuego y la estructura operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Ciudad de México, que hasta ese momento, se hablaba apenas de su intención de operar en la capital, pero con dicho ese atentado, su presencia quedó evidenciada.
Hasta entonces, las autoridades locales, regionales y federales habían negado la presencia operativa de grandes cárteles en la capital. Lo más que reconocían era la existencia de “células delictivas”. Sin embargo, ese ataque desmintió cualquier minimización: el CJNG no solo estaba presente, sino que mostró la capacidad de ejecutar operaciones complejas y letales en el corazón político y económico del país.
La respuesta fue inmediata. Ese mismo día, fueron detenidas doce personas procedentes de diversas entidades: Ciudad de México, Guadalajara, Guerrero, Nayarit, Chihuahua, Michoacán, e incluso un hombre de nacionalidad colombiana. Posteriormente, otras personas fueron capturadas, sumando al menos 19 presuntos responsables.
El propio García Harfuch atribuyó el atentado al Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado uno de los grupos delictivos más violentos del país. Tras el atentado, las investigaciones continuaron y, en marzo de 2024, doce hombres fueron sentenciados por su participación en el ataque. Cada uno recibió una condena de 316 años y ocho meses de prisión. Sin embargo, debido a lo establecido por el Código Penal, sólo podrán cumplir hasta 70 años de cárcel. Ese mismo año, en diciembre, otras dos personas más fueron condenadas por su implicación en los hechos.
El asesinato de Acosta Chaparro
El 20 de abril de 2012, en el tramo final del Gobierno de Marcelo Ebrard, se perpetró el asesinato del General en retiro Mario Arturo Acosta Chaparro en un taller de la colonia Anáhuac. El militar, fundador de la Brigada Blanca, acusado de desaparición forzada y crimen organizado, recibió dos impactos de bala en la cabeza y otro en el tórax. Fue atacado por sujetos que iban a bordo de una motocicleta. Ese día fue llevado herido al Hospital de la Cruz Roja de Polanco, en donde murió.
Acosta Chaparro, quien en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se reunió con los principales capos de la droga para buscar reducir los niveles de violencia en el país, ya había sido atacado en 2010 en un atentado similar al que logró sobrevivir.
Se sabe que el General Mario Arturo Acosta Chaparro se reunió con líderes del crimen organizado entre 2008 y 2009, entre ellos Joaquín “El Chapo” Guzmán, Heriberto Lazcano Lazcano, Jesús Méndez Vargas, “El Chango” o “El Chamula”, y Nazario Moreno, “El Pastor”, “El Chayo” o “El Más Loco”, dos de los jefes de La Familia Michoacana. Calderón Hinojosa siempre negó que su Gobierno haya ordenado estos encuentros, pero el General Tomás Ángeles Dahuare lo confirmó a SinEmbargo.
Acosta Chaparro fue detenido en agosto de 2000 acusado de proteger al líder del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. Por este motivo estuvo preso en el Campo Militar Número 1, hasta junio de 2007, cuando un Tribunal le otorgó el beneficio legal contra la sentencia de 15 años de prisión impuesta en agosto de 2005 por un Consejo de Guerra.
El crimen contra Paco Stanley
El 7 de junio de 1999 el entonces Distrito Federal vivió uno de los crímenes que cimbró el día a día de la capital. La mañana de ese lunes Jorge Francisco Alonso Stanley Albaitero, mejor conocido como Paco Stanley, fue acribillado al salir del Charco de las Ranas, donde desayunó con Mario Rodríguez Bezares, Paola Durante y el reportero de espectáculos Jorge Gil. Cuando esperaban su vehículo para retirarse del lugar sujetos armados se acercaron y le dispararon más de 20 veces. Cuatro balas acabaron con la vida del comediante que instantes antes había salido de TV Azteca luego de aparecer en su programa “Una tras otra”.
La entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) dijo que el ataque “fue una operación destinada a quitarle la vida al señor Stanley”. Incluso delineó varias hipótesis, entre ellas los supuestos nexos de Stanley con el narcotráfico, lo cual fue rechazado por la familia. Por su asesinato, Mario Rodríguez Bezares y Paola Durante fueron señalados como sospechosos e incluso pasaron un tiempo en prisión.
La Procuraduría armó el caso contra Bezares y Durante con base al testimonio de Luis Valencia, cocinero de Luis Ignacio Amezcua, líder del Cártel de Colima, quien aseguró que Amezcua se reunió con Bezares y Durante y un sujeto identificado como “El Cholo” para planear el asesinato de Stanley porque supuestamente tenía deudas con los hermanos Amezcua. En enero de 2001, un juez penal absolvió y ordenó la inmediata liberación de Bezares, Durante, “El Cholo” y otros tres acusados al no encontrar elementos suficientes para acreditar su participación en el asesinato de Stanley.
El asesinato de Bayardo en el Starbucks
Un asesinato registrado hace décadas, pero que en su momento, también fue de alto impacto es el del abogado Édgar Bayardo, quien fue asesinado a tiros el 1 de diciembre de 2009 cuando se encontraba en un Starbucks ubicado en la colonia del Valle. En el ataque, resultaron heridas dos personas, uno de sus guardias de seguridad y una clienta de la cafetería ubicada en el cruce de las calles Pilares y Pestalozzi, hacia el sur de la Ciudad de México.
Édgar Enrique Bayardo del Villar, alias ‘El Jugos’, era uno de los perfiles e integrantes del círculo cercano de Genaro García Luna; fue subprocurador de investigación especializada en delincuencia organizada para el estado de Tlaxcala, y posteriormente se le nombró inspector de Operaciones de la Policía Federal Preventiva. Además de ser uno de los integrantes del círculo del exsecretario de seguridad de Felipe Calderón hoy se sabe –luego del juicio realizado contra el propio Genaro Garcia Luna– que Bayardo era un infiltrado del crimen organizado en la PFP:
Y es que, de acuerdo con el testimonio del capo Jesús Reynaldo Zambada García (“El Rey Zambada”) en la Corte Federal de Brooklyn durante el juicio a Genaro García Luna , Édgar Enrique Bayardo del Villar, excomandante de la Policía Federal Preventiva (PFP), fue el verdadero infiltrado del Cártel de Sinaloa dentro de la corporación, pues el testimonio del Rey señaló que recibió sobornos para proteger al cártel, incluido un pago de 350 mil dólares para ser colocado en el área de combate a las drogas. Fue señalado por colaborar con narcotraficantes, mantener contacto con la DEA y ayudar a proteger a Zambada, hasta ser detenido en 2008. Después se convirtió en testigo protegido, pero fue asesinado en 2009 antes de poder ratificar su testimonio en juicio.
La ola de ataques y asesinatos a funcionarios de seguridad en 2008
Otros crímenes de alto impacto perpetrados en ese mismo periodo, entre 2008-2009, fueron también de otros mandos y cercanos a García Luna. Édgar Millán Gómez, comisionado de la Policía Federal y tercero en la jerarquía de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en tiempos de García Luna, fue uno de ellos. También era director de Despliegue Regional Policial de la Policía Federal Preventiva (PFP). Fue asesinado a balazos la madrugada del 8 de mayo de 2008 en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México.
En junio de ese mismo año, en la colonia Argentina Antigua, en la Delegación Miguel Hidalgo de la capital, fue asesinado a balazos Igor Labastida Calderón, comandante de la PFP. En 2004 había sido investigado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, pero no se le comprobó responsabilidad alguna.
Un mes después, la hoy gentrificada colonia Condesa fue escenario del asesinato del polémico abogado penalista Marcos Castillejos Escobar, conocido por defender a personajes como Mario Bezares y a los hijos de Marta Sahagún de Fox. También fue defensor de García Luna cuando éste dirigía el área de inteligencia de la PFP, en 2001 y 2002. Castillejos, suegro de Luis Cárdenas Palomino —considerado uno de los principales operadores de García Luna—, fue ejecutado en las calles de Mazatlán y Montes de Oca, al llegar a su despacho.
Otro caso fue el de Roberto Velasco Bravo, quien fungía como director para el crimen organizado en la Dirección General de Análisis Táctico de la AFI. Fue asesinado el 1 de mayo de 2008 en la Ciudad de México. Velasco fue señalado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y, según declaraciones de Jesús Reynaldo Zambada García, alias “El Rey” —hermano de Vicente Zambada—, trabajaba para el Cártel de los Beltrán Leyva.
Además, ese mismo año, 2008, se registraron además dos atentados frustrados contra mandos policiacos. El 17 de enero, policías capitalinos detuvieron a tres individuos —un ex policía, un ex militar y un albañil— que portaban un arsenal compuesto por tres lanzacohetes antitanque M72-A3, dos rifles AK-47, cargadores y cartuchos. De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, los detenidos presuntamente pretendían atacar la camioneta blindada de José Luis Santiago Vasconcelos, entonces subprocurador jurídico de la PGR. Aunque se les vinculó con Los Zetas, Vasconcelos señaló que el ataque pudo haber sido ordenado por el Cártel de Sinaloa.
También en ese año, el 15 de febrero, un grupo intentó colocar un explosivo en el vehículo de Julio César Sánchez Amaya, jefe de la Policía Sectorial. El artefacto estalló antes de lo previsto, causando la muerte de uno de los implicados y lesiones a una mujer. La Procuraduría capitalina atribuyó el ataque al Cártel de los Beltrán Leyva.
Multihomicidio de La Narvarte
Otro hecho violento registrado en la Ciudad de México y que cimbró a la sociedad fue el multihomicidio en la colonia Narvarte. El 31 de julio de 2015, fueron asesinados en un departamento de esa colonia la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia Martín, la maquilladora Yesenia Quiroz, la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete y el fotoperiodista Rubén Espinosa. El crimen conmocionó a la sociedad mexicana, particularmente al gremio periodístico y a quienes defienden los derechos humanos, ya que evidenció graves fallas en la investigación, y la línea de las autoridades de criminalizar a las víctimas para disminuir la presión mediática. Además de que las familias acusaron a la entonces Procuraduría capitalina de ocultar e incluso alterar evidencia.
Desde el inicio, la investigación se vio marcada por filtraciones de información que derivaron en la estigmatización de las víctimas. Como en otros casos, se intentó presentar el crimen como vinculado al consumo de drogas. Sin embargo, las familias de las víctimas rechazaron esa versión y señalaron que tanto Rubén Espinosa como Nadia Vera habían salido de Veracruz tras recibir amenazas por su labor en defensa de derechos humanos y su crítica al gobierno de Javier Duarte. Su asesinato en la Ciudad de México generó sospechas de un posible móvil político.
El caso sigue sin ser completamente esclarecido. Se abrieron tres líneas de investigación: la relacionada con Veracruz, por la persecución que Rubén y Nadia enfrentaron por parte del exgobernador Javier Duarte; la de trata de personas, luego de que se confirmó que Mile y Yesenia eran víctimas de una red de trata; y la del crimen organizado, que fue la primera retomada por la entonces Procuraduría, aunque no existen pruebas contundentes que la sostengan.
A pesar de que todas las líneas siguen abiertas, ninguna ha sido agotada. La justicia, a casi una década del crimen, se mantiene como una posibilidad remota. Además, existe una carpeta adicional por las denuncias contra servidores públicos debido a las omisiones y la filtración de información desde el inicio del caso, la cual tampoco ha tenido avances significativos.
Durante la develación de un memorial en la calle Luz Saviñón, el 28 de julio del año pasado, Indira Alfaro, madre de Yesenia, recordó que lo único que hizo la Fiscalía capitalina en 2023 fue abrir una carpeta por el posible delito de trata, pero eso ocurrió gracias a la presión de las familias. “Nosotros hemos aportado información e investigado. Les hemos dicho cosas que ya existían en la carpeta desde el primer día en que ocurrieron los hechos y que no se tomaron la tarea de leer ni de investigar”, reprochó.
