Irapuato, Gto. La contralora, Patricia Aguilar Gallardo informó que desde hace aproximadamente tres o cuatro semanas se envió al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), la investigación en contra de Juan José Mendoza Pérez, quien fue separado de la Dirección de Tránsito Municipal.
Esto, tras haber sido señalado por una agente por aparente acoso laboral y hostigamiento sexual, situación que denunció a finales de marzo pasado.
De acuerdo con la funcionaria municipal todavía no ha recibido el oficio de recepción, documento que formaliza la aceptación del TJA, instancia a la que se envió debido a que los elementos que emanan de la investigación, se determinó que se cometió una aparente conducta grave y otra no grave.
“Está ahí, está por resolverse en cuanto ellos nos acusen la recepción formal del tema, los tiempos corren a partir de lo que ellos determinen, pero está allá, la parte que tiene que ver con la Contraloría se formalizó, concluyó y se hizo el envío. Hay una presunta responsabilidad, es presunta porque todavía no es firme, inclusive, una vez que determine el Tribunal la sanción, recordemos que una sanción no es firme hasta que se agoten todos los medios de defensa posibles”, explicó.
De momento, Patricia Aguilar detalló que se trata de una presunta responsabilidad por una conducta grave cometida por Mendoza Pérez, a quien se le notificó de manera personal el caso, derivado de una investigación, en la que subrayó, no aportó ninguna prueba.
La contralora expuso que el TJA tiene que revisar y analizar cada uno de los elementos probatorios que se enviaron, para calificar y determinar sanciones, pero no hay un plazo estimado para que resuelva, pues depende de formalizar la recepción del caso y la carga de trabajo de la sala que se hará cargo.
“Vamos a estarle dando seguimiento porque a nosotros como Municipio, nos interesa mucho el tema, dado que hubo elementos objetivos, técnicos y suficientes para la presunción de esta responsabilidad”, apuntó.
Agregó que de haber una sanción la determina el TJA basado en la propia ley de Responsabilidades que contiene un catálogo de sanciones aplicables para conductas graves y no graves.
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