Guanajuato, Gto. Tras el asesinato del diputado local y precandidato del PAN a la alcaldía de Juventino Rosas, Juan Antonio Acosta Cano, legisladores de Morena, PRD, PVEM, y de Acción Nacional condenaron el atentado donde perdió la vida su compañero, pero también coincidieron en que es momento de que se ponga un freno a la violencia.
Juan Antonio Acosta fue asesinado la mañana de ayer martes, cuando caminaba por la calle Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, y un hombre se acercó por detrás y le disparó en la cabeza.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Guanajuato, el panista Jesús Oviedo Herrera, condenó enérgicamente los hechos y pidió a la Fiscalía General del Estado el esclarecimiento de los hechos y se castigue a los responsables.
Fue a través de un audio compartido por el área de comunicación social del Legislativo, que Oviedo fijó un posicionamiento en el que enfatizó que “los guanajuatenses queremos vivir seguros, merecemos vivir seguros”.
“Esta mañana con profundo dolor recibimos la terrible noticia de que nuestro compañero y amigo, el diputado Juan Antonio Acosta Cano, fue cobardemente asesinado. Quienes integramos la Legislatura condenamos enérgicamente el asesinato de Juan Antonio.”
Oposición exige freno a la violecia
Tras lamentar los hechos, la coordinadora de los diputados de Morena, Magdalena Rosales Cruz, señaló que la escalada de la violencia en Guanajuato va en aumento como resultado de la ineficiencia de los titulares de las dependencias encargadas de la seguridad en el estado.
Dijo que hoy le tocó a un miembro del Poder Legislativo, pagar por la inoperancia de Alvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa Aguirre, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado respectivamente.
“Es un ataque al Poder Legislativo, un diputado, y las autoridades responsables de seguridad en el estado, en este caso, el secretario de seguridad Alvar Cabeza de Vaca, el fiscal, Carlos Zamarripa, que realmente han sido totalmente ineficientes, donde la impunidad es lo que priva. Esto alarma, porque no hay nadie que esté seguro en el estado”.
Para el legislador del PRD, Isidoro Basaldúa Lugo es momento de que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo considere la destitución y remoción de Alvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa, porque la delincuencia organizada ya rebasó a Guanajuato y los responsables de la seguridad no han dado resultados.
“El gobernador debe revisar ya la situación que tiene Guanajuato y si ve que no están dando resultados es tiempo de que reflexione y vea si es prudente el cambio, porque no veo resultados, las cosas están cada vez peor, nosotros pusimos un voto de confianza, pero no hay resultados. Ya se les dio mucha oportunidad y no dan resultados ya hay que cambiarlos”.
El perredista manifestó que desde el Congreso local podrían enviar un exhorto para que Sinhue Rodríguez tome una determinación, pues de lo contrario estaría siendo responsable directo de la violencia e inseguridad que priva en el estado.
Por su parte, Israel Cabrera Barrón, diputado del PVEM, coincidió en la necesidad de que se deben tomar cartas en el asunto para mejorar la seguridad en Guanajuato, y aprovechó para hacer un llamado a una reunión emergente con los tres poderes para analizar y revisar el tema de la seguridad en el estado.
“Esto es un claro mensaje de que, si un diputado es alcanzado o una persona de nivel bajo también es alcanzado por el crimen organizado, creo que debemos blindar, y cerrar esfuerzos el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo”.
Además, consideró que las autoridades electorales locales y federales, también deberían revisar las condiciones en el estado y garantizar la seguridad a aquellos que busquen contender por un cargo de elección popular, pues no descartó que el asesinato del diputado del PAN esté relacionado con sus aspiraciones a la presidencia municipal de Juventino Rosas.
“Definitivamente es un tema que se debe atender e investigar, porque no creo que sea coincidencia el tema de su candidatura, también pudiera ser tema relacionado con el asesinato y pensaría en que en estos momentos el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, (IEEG), el INE y el Estado, tendrían que analizar las condiciones políticas para quienes pretenden contender en las elecciones del 2021”.
Preocupa a partidos políticos asesinato de precandidato
Los dirigentes estatales del PRI y del PVEM, manifestaron su preocupación por el clima de inseguridad que se vive en Guanajuato y que alcanzó a un precandidato a la presidencia municipal de Juventino Rosas, pues podría ser síntoma de un proceso electoral marcado por la violencia.
El secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Arias Ávila, indicó que el asesinato del diputado Juan Antonio Acosta Cano, perpetrado la mañana del martes, es un mal mensaje de cara al arranque de las campañas.
“Lo peor que le puede pasar a nuestro estado, es que el proceso electoral se dé en un ambiente de violencia y miedo que trastoque el derecho a elegir libremente a sus gobernantes”.
Al lamentar el atentado donde perdió la vida Acosta Cano, dijo que le toca a la Fiscalía General del Estado esclarecer los hechos y castigar a los responsables, no solo por la tranquilidad de los guanajuatenses, sino también por el bien del proceso electoral.
Por su parte, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Contreras Guerrero, confió en que Guanajuato no viva una jornada electoral violenta.
“Espero que Guanajuato tenga una jornada electoral donde reine la vida democrática, donde podamos y sintamos la tranquilidad, tanto ciudadanos como candidatos de que será un proceso electoral en donde no corra sangre”.
No obstante, reconoció que el proceso electoral será difícil porque el clima de inseguridad no terminará de la noche a la mañana, además, por las condiciones generadas por la pandemia del COVID-19.
Sergio Contreras, también lamentó el asesinato del diputado local Juan Antonio Acosta, sin embargo, indicó que no se puede exigir mayor justicia en su caso, que por aquellos guanajuatenses que no tienen un cargo público y que también han sido víctimas de la delincuencia.
