Salamanca Gto . Una masacre en un centro de rehabilitación en la colonia El Rosario, a la que continúo una fuga masiva de otro anexo ubicado en el primer cuadro de la ciudad, cuyos vecinos demandan su reubicación, puso en la mira la regularización y la seguridad de estos establecimientos en Salamanca.
El líder de la red estatal de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), Nicolás Pérez Ponce dijo que después de este ataque armado que cabe recordar dejó un saldo de cinco internos sin vida y más de veinte desaparecidos al igual que la encargada y la dueña, quienes habrían sido halladas sin vida, se atendió seguridad por parte de la Guardia Nacional que realizaron rondines al exterior de los anexos, lo que consideró no es suficiente.
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Expuso que en el centro donde ocurrió la masacre había 45 internos aproximadamente y se presume que más de veinte no fueron localizados, pero hasta el momento no se le ha hecho saber si ya los encontraron.
“Yo ahorita desconozco del tema porque ya no nos han comunicado nada, no sé sí se están comunicando con la familia o desconozco porque ya ve que a la dueña se la llevaron, ahorita a mis compañeros les he preguntado qué que les han dicho y dicen a nosotros nada, no sabemos sí estén en contacto con la familia de dueña del grupo”, indicó.
El líder de CRUB reconoció que el anexo ubicado en Privada Guadalupe Victoria en el centro de la ciudad pertenece a su red y detalló que está fuga masiva que aconteció unos días después de la masacre, se debió a qué por problemas personales, el dueño tuvo que ausentarse aquel 9 de octubre, y los internos tumbaron el portón y se fugaron.
Sobre la opinión de los vecinos que temen por seguridad, dijo que es comprensible.
“Nosotros estamos en una situación vulnerable por muchos lados, la sociedad no nos acepta, alguna si ,otras no, yo me pongo en su lugar, es por tantas situaciones que hemos vivido, ellos tienen el temen de que los vayan a atacar como los otros centros y tienen razón de tener miedo, de vivir una situación es alarmante“, precisó.
Refirió que por lo pronto habló con el encargado de este anexo en particular para que tome medidas y evite estás fugas que aseguró ya no se han registrado.
Ello al señalar que aunque un permiso de uso de suelo considera su instalación fuera de la ciudad, el problema es que están desamparados.
“Solo aquella persona que padece el problema o que tiene un familiar entiende, mientras no, nos ven hasta los funcionarios como cosas raras, claro que de ahí hay ciudadanos que nos ven de esa manera”, sostuvo.
Insistió que no culpa a la ciudadanía pues también es resultado de la imagen que habría en otros anexos donde se recurre a las malas prácticas.
En tanto, este centro rehabilitación del primer cuadro de la ciudad y otros cinco grupos estarían ya en proceso de regularización, del que antes de la masacre ya había pláticas.
De acuerdo con Pérez Ponce actualmente se encuentran en revisión el plan interno de Protección Civil para dar continuidad al permiso de uso de suelo.
“Ahorita estamos en espera, desde ese entonces estamos esperando, para ver si nos liberan el plan interno, están viendo uno y ahí tenemos cinco o seis grupos. Hemos tenido reuniones con el departamento de Protección Civil y están evaluando para ver si liberan el plan interno” concluyó.
