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lunes, febrero 10, 2025

Urgen revisar eficiencia de la FGE para atender delitos contra periodistas y defensores de DDHH

Guanajuato. La periodista Verónica Espinosa, representante del Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato, advirtió que la representación de la Fiscalía General del Estado (FGE) ante el mecanismo de protección a periodistas no rinde cuentas ni información de los casos, como lo es el de Víctor Manuel Jiménez, quien fue hallado muerto luego de más de cuatro años desaparecido.

La también exconsejera del Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos explicó que la Fiscalía Especial para Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Fadle) tiene sólo una sentencia condenatoria en Guanajuato entre 2019 y 2023 que es el caso del asesinato de Israel Vázquez.

Víctor Manuel Jiménez fue localizado sin vida luego de estar más de cuatro años desaparecido. Foto: Cortesía

“Hace una semana fueron localizados los restos de Víctor Manuel Jiménez, periodista de Celaya que fue desaparecido y que ahora sabemos que fue asesinado. Sólo tenemos la certeza de que fue asesinado, pero no tenemos las otras certezas y creo que este es una una oportunidad para hacer un llamado de exigencia de la Fiscalía para que se esclarezca y se localice y se sancione a los responsables”.

Advirtió que a nivel estatal no hay datos públicos de la FGE sobre los casos, incluso con un fiscal asignado para atender casos relacionados con periodistas, que es el que normalmente asiste a las sesiones del Consejo Estatal de Protección, pero este no rinde cuentas.

(Al centro) Verónica Espinosa. Foto: Alfonsina Ávila, Zona Franca

“No hay información pública pero tampoco hay información sobre cuál es la infraestructura que tiene este fiscal. Tampoco se informa sobre las actividades y resultados ni siquiera al Consejo Estatal de Protección que eso creo que sería parte de las reformas legales que tendríamos que impulsar”.

Por ello advirtió que es urgente revisar que estas áreas trabajen de forma eficiente con el personal, capacidades, la representación y la voz pública suficientes para que las personas defensoras y los periodistas cuenten con un mecanismo verdadero de prevención, protección y sanción contra los agresores.

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