Irapuato, Gto. Las presuntas carencias en la corporación policial de Romita fue el argumento de la defensa para pedir libertad a los tres expolicías presuntamente implicados en el delito de desaparición forzada de tres jóvenes: Juan Pablo, Daniela y Carlos, cuyos cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina.
Previo a que el juez de Control vinculara a proceso a los exuniformados que permanecerán en prisión preventiva los siguientes cuatro meses, plazo que determinó para el cierre de la investigación, y tras vencer las 140 horas de duplicidad del término constitucional, la defensa basó su estrategia en una policía que carece de personal, vehículos, internet y equipos de cómputo y telefonía.
Esto para justificar que no se haya registrado la detención de Juan Pablo Vargas, por su aparente estado de ebriedad, pues además de que falla el internet en la Dirección de Seguridad Pública, las computadoras no soportan la Plataforma Nacional de Registro de Detenciones.
Lo anterior, trascendió en la audiencia presencial de más de cinco horas que se reanudó ayer lunes en la sala 4 de los Juzgados de Oralidad Penal. En presencia de sus familiares, los imputados subieron al estrado para emitir su declaración sobre lo ocurrido el 19 de febrero.
César ‘N’ es señalado como el policía que aparentemente entregó a las víctimas, una a una, a cuatro hombres que los recibían, los ataron de las manos, para subirlos a una camioneta gris, lo que la Fiscalía probó mediante los videos que obtuvo de las cámaras de C5, donde además se mostraría al elemento con una linterna.
Pero en su declaración el exoficial alegó que faltan elementos en el área y por eso su labor se deriva en múltiples funciones: él recibió a una persona que pagó la multa de los tres jóvenes, 415 pesos por cada uno de ellos, y después se dirigió a barandilla para conducirlos al pórtico, un trayecto de aproximadamente 15 metros que carece de iluminación, por lo que dificulta la visibilidad hacía la calle.
Juan Pablo fue detenido por estar alcoholizado
La Fiscalía refirió que Juan Pablo conducía un Jetta rojo acompañado por su pareja, Diana, así como su amigo, Carlos y participaron en un accidente de tránsito, donde el primero fue privado de su libertad al parecer por orden del comandante, que le advirtió que tenía un pendiente con él.
De la acusación el comandante y/o comisario Roberto ‘N’ no abundó, pero en su declaración dijo no acordarse de la calle y colonia donde ocurrió el percance vial, al que llegó con su hijo de tan solo 16 años, que siempre andaba con él.
Se le hizo raro que solicitaron una patrulla en un accidente, donde al llegar, el tránsito, testigo principal de la Fiscalía, le hizo saber que ‘se arreglaron’ las partes involucradas, pero el conductor de la unidad, Juan Pablo estaba ebrio.
Detalló que por las carencias de la corporación no se le asignó vehículo oficial y usaba el propio, y tampoco tiene escoltas, como se había dado cuenta en la imputación del fiscal.
No obstante, en la declaración su propio hijo a la Fiscalía, señaló que su padre descendió de la camioneta se acercó a una patrulla, y regresó para decirle, que se llevara el vehículo y después le marcaría para que pasara por él al trabajo.
Finalmente declaró Roberto Carlos, elemento que habría arrestado a Juan Pablo y posteriormente hizo lo mismo en las instalaciones de Seguridad Pública con Diana y Carlos.
Narró que se solicitó la intervención de la policía en el accidente, pues se reportó al 911 que había amenazas contra vecinos y al afectado del choque, cuya camioneta fue impactada por el coche en el que viajaban los jóvenes.
Aseguró que estaba acompañado por otro oficial identificado como Casimiro, de quien la Fiscalía, ni la defensa, hizo alguna mención durante el desarrollo de la audiencia.
Juan Pablo fue arrestado por su aparente estado de ebriedad, y pese no haberse ventilado antes lo que se describió como amenazas en las que incluso se jactaba de pertenecer a un grupo delictivo, fue de este hecho en particular que la defensa trató de justificar la detención para lo que aportó como testigos a vecinos de la calle Zapotecas.
Además de la aportación de peritos, se ampliaron las declaraciones de la Juez Cívica y demás personal de Seguridad Pública que confirmaron carecen de material y el equipo es obsoleto y no soporta la Plataforma Nacional por lo que únicamente se registran arrestos de personas que son puestas a disposición del Ministerio Público, lo que se hace en ocasiones a través de los equipos móviles de los policías.
Abogada defensora pretende criminalizar a víctimas: FGE
Con las declaraciones del padre de una de las víctimas, la abogada defensora, respaldó que Juan Pablo había tenido un altercado fuerte con una persona, que ya lo había amenazado.
De ahí expuso que en la casa que compartía la pareja Juan Pablo y Daniela, en una privada de Silao, se decomisó un arma de fuego calibre. 45; 700 bolsas con cristal, dinero en efectivo por la cantidad de 33 mil 410 pesos, etiquetas grandes y chicas, cuya marca hacía referencia a un grupo delictivo,pipa de cristal, un arma blanca, equipos de telefonía y una tablet.
Para la defensora era evidente que las víctimas estaban ligadas a un grupo delictivo y era trabajo de la Fiscalía investigar, quienes son las personas que se llevaron a los jóvenes, en respuesta el representante del Ministerio Público refutó que se buscaba criminalizar a los jóvenes, lo que no justifica su desaparición, ni el hecho de que los policías que deben cuidar a las personas, las entreguen.
Con lo anterior mantuvo su postura de solicitar el auto de vinculación a proceso contra los exuniformados.
Después de un receso de 43 minutos, el Juez de Control dijo que había elementos suficientes para vincularlos a proceso por desaparición forzada y resumió la imputación hecha por la Fiscalía basada en testimonios de víctimas indirectas y persona de Seguridad Pública.
El 19 de febrero alrededor de las 8 de la noche, Juan Pablo conducía un vehículo en el que viajaba con Daniela y Carlos, el cual chocó contra una camioneta que estaba estacionada en la calle Zapotecas. En el sistema de emergencias 911 se recibieron tres llamadas, la segunda hacía alusión a las amenazas.
El tránsito llegó y tanto el afectado como los jóvenes llegaron a un arreglo, por lo que estaba por retirarse.
Sin embargo, arribó el comisario, quien se aproximó a Juan Pablo para decirle, que ya lo iban a entregar y ordenó su detención en clave 67 al policía Roberto Carlos, que esposa y condujo a la caja de la patrulla al joven.
De la detención no había motivo aparente, ni del accidente ni del vehículo asegurado se hizo trámite, pero el tránsito se quedó a esperar la grúa que llevó la unidad al estacionamiento de Seguridad Pública y no a la pensión, como se acostumbraba.
Carlos y Daniela se quedaron en el lugar, e incluso la joven llamó a su mamá para decirle que se llevaron a la cárcel a su pareja, mientras que el papá de Juan Pablo advierte que su hijo había sido amenazado por un comandante y le había dicho que lo entregaría a la maña.
Al llegar a Seguridad Pública, la Juez Cívica se encontró al comisario y 30 minutos más tarde al policía Roberto Carlos que llegó con Juan Pablo de quien no recibió datos y solo se le ordenó al tercer elemento César, llevarlo a los separos.
El motivo fue que consumieron bebidas alcohólicas en la vía pública, lo que se probó con el vehículo de los jóvenes donde se hallaron bebidas alcohólicas.
Daniela y Carlos se dirigieron a Seguridad Pública, donde el comisario ordenó su detención, pues justificó que en el lugar del accidente, ellos corrieron, lo que testigos aseguran no ocurrió.
Antes de las 11 de la noche,una persona que evitó registrarse en la bitácora y entrar a seguridad pública preguntó por los detenidos, pagó su multa y recibió junto a otras tres cómplices a los jóvenes.
Sus cuerpos fueron hallados en una fosa clandestina de la comunidad El Escoplo.
