Guanajuato. La Fiscalía General del Estado (FGE) estaría protegiendo a un asesor del alcalde de Juventino Rosas, Fernando Gasca Almanza, luego de que este fuera denunciado penalmente por intento de feminicidio.
El caso ya ha llegado a manos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), luego de que la FGE redujera la gravedad del delito para darle trámite como lesiones dolosas.
La víctima que presentó las denuncias, tuvo que abandonar el estado bajo la amenaza latente de una nueva agresión de quien es identificado como Luis N; actualmente parte del equipo de asesores y sobrino del edil santacrúcense.
La agresión
A finales de noviembre de 2018 ella conoció a Luis en un evento organizado por la Dirección de Ecología del municipio de Silao, dependencia en la que laboraba.
Para marzo del siguiente año que le ofrecieron empleo en la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), fue ahí cuando se hizo colega de él, pues laboraba en el área de comunicación.
Después de mucha insistencia y de ganar su confianza iniciaron una relación que posteriormente ella trató de terminar en 18 ocasiones, pues él era posesivo, celoso y nocivo, pues le decía que “estaba loca y tenía telarañas en la cabeza”.
En 2020, en época de pandemia vivieron unos meses juntos, pero no salió bien, pues la dejaba encerrada y no le permitía ver a su familia.
Tras unos meses de separación, el 12 de septiembre del 2021, Luis N pasó a casa de sus papás y la llevó a su casa en Guanajuato capital, pues la había invitado a un evento de charrería. Eran casi las 4 de la tarde cuando este comenzó a tomar e iniciaron una discusión.
Enfurecido agarró una botella vacía de vidrio y la atacó con ella. La lastimó en su rodilla izquierda, e hizo una herida de 8 centímetros, que requirió tres puntos internos y 16 externos.
Ella hizo lo que estuvo en sus manos para escapar, ante la amenaza directa de Luis. Le marcó a sus padres y la fueron a auxiliar, ya cuando ellos llegaron hicieron una llamada al 911, de una duración de más de 4 minutos. En esa grabación incluso se escucha la voz de Luis donde reconoce la agresión.
Irregularidades
Después del ataque, ella fue a la Fiscalía a presentar su denuncia. Sin embargo, en el lugar, la agente del Ministerio Público, Adriana Trejo le dijo “pero sí ya estás grande, y cómo no te diste cuenta… pues si tienes una maestría”.
En un primer momento, la denuncia fue procesada como violencia familiar, al final quedó como lesiones agravadas.
Además de que los 4 minutos de la llamada al 911 no fueron entregados por la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato capital, si no han entregado fragmentos cuidando la voz del agresor.
Al ver qué no había avances en las investigaciones, ella pidió ayuda a todas las dependencias. Incluso le escribió al presidente Andrés Manuel López Obrador de ahí canalizaron el caso a la Conavim y CNDH.
Las dependencias federales determinaron que faltaba perspectiva de género en el caso, desde su investigación y atención.
En estos meses de 2022, buscó la ayuda del Instituto de la Mujer de Guanajuato (IMUG) sin embargo, no ha recibido respuesta. Pero sí observó que la titular, Anabel Pulido, publicó fotografías con el tío de su agresor, el alcalde de Juventino Rosas.
La evidente impunidad la orilló a salir de México. Además de que teme por la seguridad de su familia; pocos días después de la agresión física e intento de feminicidio, sufrió violencia cibernética.
Vinculó un número de teléfono a su cuenta de Google y desde ahí podía descargar el contenido de su celular.
“Cómo a muchas mujeres la autoridad nos deja solas y no hace lo que tiene que hacer y para mí el Instituto de la Mujer es un elefante blanco (…) Me siento decepcionada porque en México no nos cuidan. Ha sido una tortura institucional todo el proceso”, expresó la víctima en entrevista.
El agresor trató de conciliar en cuatro ocasiones a través de medios alternos, pero no lo logró. Ahora resulta que presentó una denuncia contra ella porque dañó su celular, cuando ella estaba separada de él, por lo que es una forma de hostigamiento legal.
Oficios a la Comisión Nacional de los Derechos humanos y la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y un exhorto a la autoridad en Guanajuato, en particular a la Fiscalía, para que el caso fuera investigado y procesado con perspectiva de género.
La fiscalía no ha podido que la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato entregue un audio de atención en la llamada del 911, dónde es expuesta la culpabilidad del agresor.
