A reserva del análisis y discusión que en su momento se realice en las comisiones de Economía y Competitividad, a las que fue turnada, y en el pleno de la Cámara de Diputados, la Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforma el artículo 254 bis del Código Penal Federal, enviada por el Ejecutivo Federal; cumple, en mi opinión, con los objetivos que se plantearon los legisladores federales en la reforma constitucional que en este rubro realizó el Congreso.
Esta iniciativa es una propuesta de ley reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones, es de orden público e interés social, aplicable a todas las áreas de la actividad económica y de observancia general en toda la República.
Tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
Para fijar su posición respecto a la iniciativa presidencial, el PRD la examinará a la luz de la reforma del artículo 28 constitucional y frente a la propuesta que nuestro propio partido presentó en materia de competencia el 18 de febrero pasado.
Firmada por la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, por quien esto escribe y los diputados Fernando Belauzarán Mendéz y Trinidad Morales Vargas, la iniciativa del PRD establece las normas generales bajo las cuales el Estado garantizará, protegerá y restaurará las condiciones necesarias para la libre competencia y libre concurrencia, mediante la eliminación, prevención, investigación de monopolios, prácticas monopólicas, estructuras de mercado monopólicas, concentraciones prohibidas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.
Además, vamos a proponer que, a fin de que los legisladores cuenten con mayores elementos de análisis y discusión antes de elaborar y votar el dictamen respectivo, se escuche a los expertos y a los actores principales en el sector, frente a una nueva regulación que busca promover la libre competencia y el desarrollo económico del país en beneficio de la población.
Los mexicanos padecen las consecuencias de la existencia en el país de monopolios en diversos sectores de la economía que prestan servicios de mala calidad y a costos muy altos, como son los casos de telecomunicaciones, banca comercial, ferrocarril, minería, medios electrónicos y en las industrias del cemento, avícola y de la tortilla, entre otras.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirmó en un reciente estudio que las familias mexicanas gastan cerca de una tercera parte de su presupuesto en bienes producidos en mercados monopólicos u oligopólicos.
El organismo internacional aseveró que la competencia en el mercado de productos es débil en muchos sectores mexicanos, lo cual daña la eficiencia, productividad y bienestar del consumidor.
La nueva normatividad en materia de competencia de ninguna manera busca afectar al sector empresarial del país, sino a los monopolios y las prácticas monopólicas, que afectan la economía del país y de los mexicanos y que encarecen abusivamente los precios.
Se pretende fomentar la competencia empresarial que permita mejorar la calidad de productos y servicios, abaratar los precios de los mismos y ofrecer más y mejores opciones de compra a los ciudadanos.
Por eso habrá que revisar con cuidado la definición de conceptos en relación a la operación de los agentes económicos dominantes y las sanciones a establecer ante posibles prácticas monopólicas; con el objeto de evitar malas interpretaciones y abusos.
Pero también hay que impedir que las empresas que resulten afectadas con las resoluciones del órgano autónomo impugnen sus decisiones y obstaculicen las reformas y los objetivos que se pretenden alcanzar.
Aunque es un sector regulado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), lo que ha sucedido en telecomunicaciones y radiodifusión, es un buen ejemplo para ilustrar lo que se pretende con la reforma de competencia.
Durante décadas, los servicios de telecomunicaciones y televisión, y en menor medida la radio, han sido monopolizados por unas cuantas empresas que, ante la falta de competencia, ofrecían servicios de mala calidad e imponían precios exagerados en detrimento de los consumidores y, ante una débil normatividad, cuando el órgano regulador intentaba poner orden, las empresas interponían amparos para evitar su actuación.
Es el caso de Televisa y TV Azteca que pretendían evitar que los operadores de televisión de paga retransmitieran las señales de los canales de televisión abierta, como lo estipuló la reforma en telecomunicaciones, porque con ello perderán cientos de millones de pesos que obtenían al vender las señales de los canales abiertos a las compañías de televisión privadas, que terminaban pagando los suscriptores de éstas últimas.
En el conflicto que enfrentaban Dish y TV Azteca por este tema, el Ifetel, en ejercicio de sus facultades, ya determinó que Dish podrá continuar con la retransmisión de los canales de Televisa 2 y 4, y el 7 y 13 de Televisión Azteca, que son los que cubren más del 50 por ciento del territorio nacional.
Lamentablemente, en México existe una obsesiva e inmoral actitud de los grandes empresarios de enriquecerse sin medida, algunos de los cuales ya ni tienen idea de todo lo que poseen y de la cantidad de negocios que les pertenecen y, sin embargo, se afanan en concentrar más dinero.
Es por eso que, entre otros objetivos, como parte de la nueva normatividad en el rubro de competencia, se pretenda reformar el Código Penal Federal, para aumentar las penas correspondientes a los delitos derivados de prácticas monopólicas absolutas de cinco a diez años de prisión y de mil a diez mil días de multa, equiparándolas con las más altas para delitos patrimoniales y con estándares internacionales.
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