Guanajuato, Gto. Los mandos policiales tendrían que someterse a realizar los exámenes de control y confianza cada seis meses y no cada dos años como lo establece actualmente Ley de Seguridad Pública del Estado.
Esto luego de que la bancada del PAN en el Congreso del Estado a través del diputado Guadalupe Vera Hernández presentara una iniciativa de reforma a la ley antes mencionada que plantea que en el caso de los policías que se encuentren en las corporaciones se sometan a los exámenes de control de confianza cuando sus superiores se lo indiquen.
Sin embargo, para los mandos tendrán que realizar cada seis meses por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado.
“Dichos servidores públicos deberán tomar parte en la citada evaluación cuando lo ordenen sus superiores y sin que necesariamente se deba esperar al término de la vigencia de la misma, lo anterior en caso de que existan dudas razonables sobre la confianza de su buen desempeño”.
Actualmente la Ley de Seguridad Pública del Estado establece que los exámenes se lleven a cabo cada dos años.
Esta iniciativa surge a raíz de la detención del exdirector de Seguridad Pública de Manuel Doblado, Alejandro Alanís Muñoz por el delito de privación ilegal de la libertad de dos mujeres por el cual incluso ya fue vinculado a proceso y permanece recluido en el Cereso de León.
El gobernador, diego Sinhue Rodríguez Vallejo la semana pasada había anunciado que tras la propuesta de Jorge Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León se buscaría la reforma.
Expuso que el objetivo es que las autoridades puedan detectar irregularidades en las funciones de los mandos policiales y aplicar las sanciones correspondientes en el menor tiempo posible.
“Conforme la sociedad sea testigo de esta depuración permanente de quienes están dedicados a protegerla, podremos dar pasos cada vez más firmes en la recuperación de la tranquilidad que durante tiempo ha sido anhelo”.
Vera Hernández consideró necesario “prevenir el ingreso de malos elementos” a las corporaciones policiales y estas se encuentren con una administración preparada para detectarlos y cerrarles la puerta antes de que puedan hacer daño.
“Estas modificaciones tienen el claro objetivo de brindarle mayores herramientas jurídicas a las propias instituciones de seguridad en el estado para que verifiquen en forma constante que la lealtad de sus funcionarios, particularmente aquellos en puestos clave para el éxito de la estrategia en materia de seguridad”.
