San Miguel de Allende, Gto. Desde este viernes 5 de junio, la Secretaría de Seguridad Pública reforzará su equipamiento tecnológico con la activación de 150 cámaras portátiles corporales (body cam). Ello permitirá acción rápida para la captura de eventos en la intervención de los elementos de las comisarías de Policía y Tránsito.
Este aditamento cuenta con un receptor GPS, sensor de visión nocturna para ambientes de baja luminosidad y modo infrarrojo automático. Su alcance es de 130 grados, hasta por 10 metros de distancia y reconocimiento facial hasta 5 metros.
Graban video y audio en tiempo real. Su calidad de imagen es de 32 mega pixeles, video HD·3; descarga automática. Por sus características son el mejor grabador portátil de la industria, diseñadas para la seguridad pública y privada.
Estas 150 cámaras corporales se suman a la tecnología de punta que, desde el mes de septiembre de 2019, se entregó a los elementos que integran la Secretaría de Seguridad Pública -Protección Civil, Policía y Tránsito-.
Conforme inicien su turno, los elementos recibirán estos dispositivos y los activarán para documentar sus intervenciones. Al término de su jornada, habrán de entregarlas y se colocarán en una estación de descarga, con capacidad simultánea para 8 unidades.
Pueden estar hasta 120 horas en modo de espera -encendida y lista para grabar- y con capacidad de grabación continua por 8 horas. Cargar la batería no lleva más de 4 horas. La pantalla es de 2 pulgadas y pesan menos de 150 gramos.
Con estas imágenes, en fotografía y video, podrán documentar sus intervenciones para reforzar partes informativos y enriquecer las carpetas de investigación en la presentación ante las autoridades de los presuntos responsables.
Estas cámaras se suman a los cientos de cámaras del sistema de video vigilancia en calles, avenidas y caminos de zona urbana y rural, que puso en marcha el presidente Luis Alberto Villarreal García, en el mes de septiembre, que incluyó además 2 drones.
El uso de estos aditamentos tecnológicos está facultado en el Reglamento y la Ley Federal que regula el uso de tecnología de la información y comunicación para la Seguridad Pública.
