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sábado, enero 16, 2021

Acceso a la información y transparencia, una reforma pendiente

En la primera mitad de la década pasada, prácticamente quedaron configuradas todas las leyes de acceso a la información del país.

Para 2007 el auge de estos derechos se trasladaba a la constitución, logrando una más de esas reformas que los protagonistas definieron como “la reforma posible”, que no “la deseable”.  Si bien se reconocía que la reforma era un paso importante, también había que asumir que se quedaba corta, pues para entonces varias legislaciones estatales habían regulado estos derechos con mucha mayor amplitud.

Una de las consecuencias de la reforma constitucional de 2007 fue que obligó a los estados a adecuar sus leyes secundarias.

En el caso de Guanajuato, la reforma se produjo en junio de 2008.  Hay que reconocer que es cierto que reduce el tiempo de respuesta a una solicitud de acceso, y que pone en su texto un principio constitucional de independencia de los consejeros, pero también que ello no marca un avance sustancial

Un estudio denominado “Métrica de la Transparencia” realizado en conjunto por el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) y la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip) entre 2009 y 2010 arroja resultado verdaderamente desalentadores, pues ubica a Guanajuato como la ley que está en el lugar 31 de 33 posibles.

Es de destacar que en la parte en que se analiza lo que el estudio denomina “usuario simulado”, Guanajuato ubica el primer lugar.  Lamentablemente ello no es para llenarnos de orgullo, pues si bien hace suponer una pronta respuesta, de las conclusiones del propio estudio se desprende que “…el problema más serio se encuentra en la calidad y exactitud de la información.  Los usuarios carecen de mecanismos para verificarla y no existe ninguna consecuencia efectiva por la mala calidad de la información proporcionada…”

Regresando a la calificación que se da a la ley local, cabría preguntarse ¿qué es lo que lleva a considerar que tenemos una ley tan deficiente?.  Cito sólo algunos aspectos que me parecen relevantes:

  1. Somos el único estado que tiene un medio de impugnación exclusivo para la autoridad.  El Consejo General de Instituto de Acceso a la Información conoce únicamente de las impugnaciones que formulan las autoridades, no los particulares, lo cual es aberrante en términos de derecho procesal, y de la tutela de la garantía constitucional, pues parece privilegiarse la impugnación de la autoridad, sobre la del particular.
  2. Los consejeros siguen siendo designados por nombramiento directo de cada uno de los poderes; y el director general, por designación del gobernador.  Este es un esquema absurdo, que resta un importante nivel de independencia al Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado (Iacip), sobre todo si consideramos que la unidad de acceso a la información del poder ejecutivo es una en contra de las que más impugnaciones se presentan en el propio Iacip.
  3. La ley no otorga al Iacip mecanismos claros de monitoreo de las páginas web de los sujetos obligados, ni del manejo de sus archivos.
  4. Mientras que las inconformidades de la autoridad, en contra de las determinaciones del director general se ventilan ante el Consejo General, según lo he mencionado, las de los particulares tienen que ser tramitadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo que conlleva un periplo de que puede tomar varios años, antes que se resuelva si se entrega o no la información solicitada por el particular.  Esto tiene además otra consecuencia grave, pues mientras los institutos de acceso están creados, entre otras cosas, para atender de manera especializada las controversias que existan en torno a la aplicación de estos derechos, los Tribunales de lo Contencioso Administrativo siguen siendo genéricos, lo que llevaría a aplicar el principio de derecho que establece que debemos privilegiar lo especial sobre lo general.

Es cierto que la sola reforma a la ley, no logrará acercar al particular a la información en poder del gobierno.  Habrá que trabajar en la real aplicación de principios como el de “máxima publicidad”, o en una adecuada suplencia de la deficiencia de la solicitud, o en permitir que las solicitudes se hagan a través de una llamada telefónica, o incluso de un mensaje desde un celular.  El trabajo por hacer es muchísimo, y una buena ley sería el mejor instrumento para llevarlo a cabo.

Mientras sigamos padeciendo las aberraciones de esta ley, perdemos todos.

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