La solución encontrada por el Consejo General del IEEG para salir del atolladero en que se metió al tratar de frenar a los políticos que, desde diversas trincheras, iniciaron informalmente la contienda por la gubernatura del próximo año, resultó pueril, por decir lo menos.
Ante una denuncia panista que pretendía el dictado de medidas precautorias contra los priistas que también andan desatados, Jesús Badillo Lara y sus consejeros decidieron no intervenir. Su mejor argumento: fue casi un “ya pa’ que”.
En efecto, el cambio de circunstancias motivado por la resolución del Tribunal Estatal Electoral que considero “ilegal” la decisión del amarrar a los aspirantes tempraneros, influyó en el nuevo caso.
Como ahora hay un recurso de PRI y PRD ante la autoridad jurisdiccional federal, para objetar el fallo del tribunal local, el criterio del IEEG también está en suspenso, pero también está en veremos la autoridad de quien, en primera instancia, debe garantizar la equidad de la próxima elección.