Como ocurre a menudo, los árboles tienden a ocultar el bosque. Lo que estamos viendo en el escenario nacional después de las elecciones de Guerrero y Baja California Sur, no es fortuito ni accidental: las aguas se mueven más allá de los hechos aislados y, sin duda, amenazan con ponerse tempestuosas.
Aunque en las redes sociales el despido de la periodista Carmen Aristegui se ha convertido en un verdadero tsunami de inconformidad y hasta de rabia, del cual es responsabilizado Felipe Calderón, sobre la base históricamente probada del carácter autoritario de nuestro presidencialismo, lo cierto es que el hecho tiene significados más profundos que el de un atentado más contra la libertad de expresión.
La acción política que originó el comentario de la prestigiada conductora ha sido interpretado como una maniobra política de Andrés Manuel López Obrador, a cuya línea obedece sin ninguna duda el diputado petista Gerardo Fernández Noroña, para torpedear las alianzas de facto entre el presidente Calderón, la dirigencia perredista de Jesús Ortega y el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.
El intercambio de éxitos políticos, un triunfo repartido de PRD y PAN en las dos primeras entidades que acudieron a su cita electoral en este 2011, produjo en automático un retroceso priista y erosionó el discurso triunfalista en torno al casi inevitable ingreso de Enrique Peña Nieto a Los Pinos en 2012.
El logro se produjo, además, a través de acuerdos políticos plenamente pragmáticos que provocaron la declinación del candidato panista en Guerrero y el abandono desde el centro del país del abanderado perredista en la entidad peninsular.
El avance en una estrategia cuya meta intermedia pasa por una alianza en el estado de México y que culminaría con un gran acuerdo para la próxima candidatura presidencial entre las dos fuerzas políticas que protagonizaron el gran choque de 2006, tendría como saldo colateral la marginación de López Obrador casi hasta el nivel de la desaparición.
De ahí la respuesta del ex candidato: el ataque directo a Calderón con un tema que, por ser personal, pega bajo la línea de flotación de un presidente particularmente reactivo. El regalo adicional producido por el despido de una periodista de primera línea, abona tácticamente a la estrategia lopezobradorista mejor que si lo hubiera planeado.
Buena parte de la izquierda, pejista o no, verá con pésimos ojos que se avance en una confluencia política con un presidente acusado de censor y persecutor de periodistas, precisamente en un país donde esta profesión se ha vuelto la más riesgosa de ejercer.
Incluso si se trató de una reacción de los empresarios propietarios de las frecuencias donde se trasmitía el noticiero de Aristegui, constituye un error de grandes proporciones, pues el largo tramo de control gubernamental en la industria radiofónica no permite especular otra cosa que una presión oficial como origen de su decisión.
Así, la maniobra lopezobradorista rindió frutos inesperados: bien, gracias a la proverbial intolerancia que se atribuye a Calderón; bien por un temor reverencial de los propietarios de MVS, bien por una desafortunada e inoportuna interpretación de un código de conducta que se aplica de manera excepcional y nunca para proteger a los inermes ciudadanos carentes de poder.
El predicamento en que ha sido puesta la apenas incipiente alianza entre el PRD de Ebrard y Ortega y Felipe Calderón, no sólo debe tener de plácemes a López Obrador, sino más aún a Peña Nieto y, quien lo dijera, al mismísimo Carlos Salinas de Gortari.
Los extremos, y no pocas veces como muestra la historia, terminan juntándose.
