*Con información de Tere Segura y Alfonsina Ávila
Guanajuato. Más de cincuenta millones de pesos que ejerció la Universidad de Guanajuato (UG) se mantienen en el limbo. Se trata de un recurso público observado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como parte de un posible daño al erario, tras revisar el ejercicio fiscal de 2016.
Entre las irregularidades detectadas en la máxima casa de estudios del estado, se encuentran pagos a personal con funciones sindicales, así como aportación al sindicato de trabajadores, a personas que no son empleados de la UG y subejercicios presupuestales.
El dictamen fue entregado en diciembre del 2017. A pesar de la información enviada como respuesta por la UG, los 51.3 millones de pesos no han sido solventados a más de seis meses de distancia.
La ASF realizó una auditoría financiera y de cumplimiento a la UG por los recursos del subsidio federal para los organismos descentralizados estatales (U006) por 1 mil 649 millones 418 pesos, mediante el Programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales.
Del dictamen que emitió y entregó la ASF se desprende que en el ejercicio de los recursos, la UG registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero.
Dentro de la revisión se analizó el control interno instrumentado para la ejecución de los recursos, aplicando el Marco Integrado de Control Interno (MICI) en base a cinco parámetros: ambiente de control, administración de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión.
Las observaciones
Dentro de la auditoría se determinaron nueves observaciones, de las cuales dos fueron solventadas por la UG antes de la integración del informe. Las siete restantes generaron una recomendación, tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y cinco pliegos de observaciones.
La primera de las sanciones solicitadas por la ASF tiene que ver con la omisión de la apertura de una cuenta específica para concentrar los recursos federales dispuestos para el programa de apoyo, que derivaron en la ausencia de los intereses generados por los montos depositados.
El dinero del programa federal bajó a través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato (SFIA), pero no se abrió una cuenta específica para su administración para darle cumplimento en los objetivos para los que fueron etiquetados.
Por su parte, la UG abrió una cuenta bancaria específica y productiva para la recepción y administración de los recursos, así como otras cuatro cuentas adicionales.
La ASF observó que de diciembre de 2016 al 30 de junio de 2017, las cuentas bancarias de la UG y de la SFIA generaron rendimientos financieros en suma por 2 millones 916 mil pesos, mismos que no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda.
Del Convenio de Apoyo Financiero y su Apartado Único, la ASF registró inconsistencias en la distribución de las Plantillas de Personal y el listado de Prestaciones que se autorizaron por 187 millones 378 mil pesos.
También se detectó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 835 mil 128 pesos más los rendimientos financieros generados, por no haber reintegrado los recursos correspondientes de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2016.
Otros 44 millones 839 mil pesos se usaron en partidas presupuestales como Prestaciones Sociales y Prestaciones Contractuales, con recursos del mismo subsidio sin estar soportados en la documentación justificativa y comprobatoria del gasto; por lo que la UG deberá demostrar el reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación.
Durante el 2016, 23 funcionarios adscritos a los campus Rectoría General así como de Irapuato-Salamanca fueron comisionados a funciones sindicales sin contar con los oficios de comisión correspondientes. La ASF detectó un gastó por el pago de estos servicios por un monto de 5 millones 496 mil 787 pesos que también serían parte de una agravio al erario.
Además se detectó que la UG concedió 47 pagos por un monto bruto anual por 59 mil pesos a seis funcionarios administrativos que habían pedido licencia sin goce de sueldo de los campus de Guanajuato, Celaya-Salvatierra y el Colegio del Nivel Medio Superior.
En la revisión se distingue el caso de un trabajador que recibió 22 pagos indebidos que suman 46 mil pesos, a pesar de que solicitó un permiso, mismo que excedió el tiempo de la licencia. La ASF indicó que se le debió de rescindir el contrato.
Ante las observaciones señaladas por la ASF y entregadas el 20 de diciembre de 2017, la Universidad de Guanajuato remitió el oficio CG/UNICOFIS/54/2018 de fecha 22 de enero de 2018, mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo observado.
No obstante, la ASF determinó que la información entregada no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual las cantidades indicadas como posibles daños al erario aún se consideran como no atendidos.
Cuestionada sobre los 51.3 millones de pesos que fueron observados, la titular de la Contraloría Interna de la UG, Adriana de Santiago, dijo que esa información salió del primer informe individualizado que se publicó en diciembre del 2016, y a partir de la notificación, en marzo del 2018, se ha estado generando toda la información y los argumentos para solventar esas observaciones.
“Estamos confiados en que la Auditoría Superior de la Federación, no la tendrá por atendida pero en el mismo supuesto estamos en espera de la notificación formal. Es un proceso abierto”, afirmó.
La deficiente fiscalización
De los resultados de la evaluación se estableció que de 100 puntos posibles, la máxima casa de estudios de la entidad solo logró obtener 33, lo que evidencia un posible desorden institucional, falta de control y autoregulación en los procesos que lleva la universidad.
A decir de Adriana de Santiago Álvarez, no se trata de los resultados finales, porque es un cuestionario que se levantó en la etapa inicial de la auditoría y el proceso de solventación está en curso.
La Universidad de Guanajuato no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.
Durante la valoración se detectó que la UG no tiene establecido un comité en materia de Ética e Integridad que dé seguimiento a los asuntos relacionados; además de que no cuenta con un documento formal en donde se establecen las áreas, funciones y responsables en materia de rendición de cuentas.
Tampoco cuenta con un Plan Estratégico (PE) para establecer objetivos y metas que permiten presupuestar, distribuir y asignar los recursos del fondo orientados a la consecución de los mismos. No cuenta con un mecanismo de control que le permita identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas.
De los resultados se estableció que la UG no cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones que le permita asegurar el cumplimiento en la materia. Ni con un Comité responsable del proceso de las adquisiciones.
Al momento de la evaluación se identificó que la universidad carecía de un proceso interno de auditoría en el último ejercicio. “La Universidad no contó con un proceso externo de auditoría en el último ejercicio”.
“Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 33 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Universidad de Guanajuato en un nivel bajo”, señalan el informe de resultados de la ASF.
La Auditoría Superior de la Federación consideró que la Universidad de Guanajuato debe reforzar la cultura en materia de control interno y administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión.
Por lo anterior, recomendó implementar acciones para atender las debilidades e insuficiencias detectadas y mejore el sistema de control interno.
Justifica UG pobre resultado
La contralora de la UG precisó que fueron notificados de los resultados individuales el pasado 5 de marzo de este año, y a partir de esa fecha la ASF tiene 120 días para dar una resolución final, y en lo que corre ese plazo que vence el 11 de octubre, la universidad puede aportar las pruebas para solventar las observaciones y recomendaciones.
“Después de ser notificados la UG le ha estado haciendo llegar a la ASF documentos y oficios para solventar observaciones y recomendaciones. En esa fotografía que se tiene de ese primer momento, todavía no tiene respuesta del ente fiscalizador, el estatus es que está en proceso”.
Sin embargo, reconoció que sí hay rubros en los que habrán de acatar las recomendaciones por las deficiencias detectadas, aunque no precisó cuáles por encontrarse en un proceso.
“Todos esos cuestionamientos donde se observaron debilidades, en todos, la Universidad de Guanajuato, en los 120 días que establece la ley, ha estado generando información documental para evidenciar que la Universidad o sí tenía eso que dicen que no tenía o estamos en proceso de implementación, porque también hay que reconocer que algunos temas se tiene que trabajar”.
Indicó que la medición que hace la ASF con el MICI, en la etapa de planeación, es con el objetivo de identificar las áreas de riesgo y “ahí dirigir su proceso de fiscalización con más atención”. De acuerdo con el Sistema Nacional Anticorrupción el control interno es un tema preventivo, “porque nos ayuda a conocer el grado de madurez que tiene el ente público para la consecución directa de sus objetivos sustanciales”.
Incluso, argumentó que a comparación de las revisiones que hace la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), las cuales son públicas una vez que son aprobadas por el pleno del Congreso, las de la ASF se hacen públicas incluso desde los resultados individuales, “pero es ahí cuando empieza la oportunidad de los sujetos fiscalizados de comenzar a solventar”.
Las mejoras
A pesar de las observaciones, Adriana de Santiago afirmó que la UG tiene un alto grado de compromiso con el sistema de control interno, pues en mayo el 2017, la comisión de Vigilancia aprobó los lineamentos generales de control interno de la universidad.
Además se creó el departamento de Control Interno y Evaluación al Desempeño Institucional. A principios del 2016 se generó un diagnóstico de control interno institucional, el cual se dio a conocer a cada titular; revisiones de control interno; se generó una planilla básica de control interno que se entrega a cada titular de oficina.
El titular del departamento de Control Interno y Evaluación al Desempeño, Antonio Vega, reconoció que la Universidad de Guanajuato, cuando se inició la auditoría, no contaba con un marco de referencia que aglutinara los cinco elementos con los que se evalúa el MICI, pero que se ha ido “empujando”.
Esta situación llevó a las recomendaciones que emitió la Auditoria Superior de la Federación, porque aquello que consideraron que no tenía la UG, quizá si lo tiene pero con otro nombre.
Recordó que en el 2016 hubo reformas para que todos los entes se alinearan a un mismo marco de referencia (MICI), y la Universidad de Guanajuato ha trabajado con estos lineamientos a partir del 2017.
Por su parte Rafael Álvarez, titular de la Unidad de Control de la Fiscalización de la Contraloría general, argumentó que las recomendaciones emitas fueron en base a los criterios MICI que son para la administración pública, “cómo lo tenemos nosotros, a lo mejor es cuestión de semántica nada más”.
“Hasta ahorita esta recomendaciones están totalmente atendidas, sólo espera del documento que me diga que ya está solventada”.
