Informa la Secretaría de la Función Pública no haber detectado hasta el momento irregularidad alguna que pueda asignarse al ex director del ISSSTE Miguel Ángel Yunes, aunque mantiene en curso diversas auditorías.
De acuerdo con el programa anual de estas fiscalizaciones, la SFP, a cargo de Salvador Vega Casillas, está obligada a realizar supervisiones a todas las dependencias gubernamentales, adicionales a la revisión de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación.
La dependencia informó que las auditorías revisan procedimientos y al concluir se determina la responsabilidad de los servidores públicos que, dependiendo de la falta, pueden ser sancionados administrativa y económicamente; sin embargo, en las auditorías concluidas no se ha encontrado a Yunes como responsable de alguna irregularidad.
La presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, exigió practicar una auditoría al ISSSTE por el supuesto desvío de 50 mil millones de pesos en adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.
La SFP insistió en que no ha recibido petición formal alguna para iniciar una revisión sobre dicha cantidad y no está obligada a preparar una auditoría puntual ante la denuncia pública, sino más bien como parte de sus obligaciones realiza la revisión en todas las dependencias e instituciones de la administración pública.
La dependencia aclaró que mantiene abiertos diversos procedimientos de revisión como el del Turissste, dependiente del instituto, por la asignación de contratos directos a las empresas que prestaron servicios durante los festejos del Bicentenario.
Sobre las finanzas, la Auditoría Superior de la Federación detectó que durante 2009, pese a la reforma a la ley de pensiones, todavía existía déficit en el ISSSTE. En ese año se recaudaron 73 mil millones de pesos por concepto de cuotas y aportaciones para otorgar los seguros, prestaciones y servicios; esto significó 15.1 por ciento menos que los 84 mil millones registrados como egresos.
Dichos ingresos “no garantizan el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios para su población derechohabiente, debido a que se registró un déficit financiero de 11 mil 49 millones de pesos, el cual fue cubierto con los recursos financieros transferidos por el gobierno federal”, concluyó la ASF.
Esta cantidad fue 35. 8 por ciento superior al déficit registrado en 2008, que ascendió a 8 mil millones 134 mil pesos, según explicó el informe de la Cuenta Pública 2009 de la Auditoría Superior de la Federación.
Con información de agencias.
