Por Gabriel O’Shea Cuevas *
Una vez que en 2014 se publicaron las reformas a la Ley General de Salud (LGS) y su Reglamento entró en vigor en 2015, hemos podido documentar un antes y un después en la gestión, operación y administración del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS).
Esas modificaciones a la Ley dejaron estipulado que la transferencia de recursos líquidos de las secretarías de finanzas estatales a los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) debería realizarse en un plazo no mayor a cinco días hábiles; adicionalmente, se definieron sanciones punitivas que van de 4 a 7 años de prisión y multa de mil a 500 mil días de salario mínimo a quien desvíe recursos del Sistema.
Para el 2015, las 32 entidades federativas suscribieron nuevos Acuerdos de Coordinación; los REPSS se instituyeron como Organismo Públicos Descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propios. El REPSS se volvió un ente independiente con autonomía operativa, permitiendo financiar servicios de manera estratégica; optimizando acceso, eficiencia y calidad.
Las mismas Reformas a la LGS hicieron posible que los REPSS aperturaran 32 cuentas en la Tesorería de la Federación; con ello se asegura que los recursos se destinen únicamente para la compra de medicamentos, material de curación y los servicios subrogados necesarios para la atención de los afiliados al Seguro Popular y no para ningún otro fin.
Además, se puso en marcha un Sistema de Gestión Financiera que asegura que los pagos cumplen con los objetivos del Seguro Popular. Esta medida es muy importante porque nos permite contar con un sistema que controla las bolsas financieras más robustas, tales como la de Nómina (40%) y Medicamentos (30%). Esto quiere decir que ahora se puede tener seguimiento de al menos el 70 % de los recursos enviados a las entidades.
Se logró también la verificación de los Certificados Fiscales Digitales (CFDI), gracias a un Convenio con el SAT, para que los titulares de los REPSS, utilicen su Firma Electrónica (e. Firma), y se ejerza un control muy puntual del ejercicio presupuestal, así como de la comprobación y el destino final de los recursos.
Se realizó la limpieza de las bases de datos de las nóminas financiadas, con lo que hoy es posible relacionar los perfiles de puesto de los trabajadores con las 285 intervenciones del CAUSES, conformando un listado de 72 puestos para la rama médica y paramédica y 38 para la rama administrativa, con lo que se podrá identificar con nombre y apellido al personal financiado con recursos del Sistema.
Se consiguió que del 40 por ciento de la bolsa financiera disponible para remuneraciones, el 20 por ciento sea para la rama administrativa y el 80 por ciento para la rama médica. Con esto se contará con más personal médico que estará atento a resolver las necesidades de servicio y de atención a los beneficiarios.
Además, a partir del 2017, todas las entidades federativas tienen la obligación de aportar, del total de recursos de la Aportación Solidaria Estatal (ASE) del ejercicio, el 30% en recursos líquidos a los REPSS estatales, inyectándole recursos al propio Sistema en cada entidad.
Todas estas acciones han venido a transformar al SPSS; el propósito es que los mexicanos tengan la certeza de que en el Seguro Popular los recursos públicos serán ejercidos con total transparencia, para beneficio de nuestros 55 millones de afiliados.
*Gabriel O’Shea Cuevas es comisionado Nacional de Protección Social en Salud.
