Por si le faltara un nuevo motivo de preocupación además de la agenda de gobierno, el cierre de su administración, las urgencias partidistas y su manejo dentro de la sucesión presidencial, ahora Juan Manuel Oliva también deberá ocuparse de gobernar el municipio de Celaya.
Las imágenes dicen más que mil palabras y la conferencia de prensa del miércoles pasado a altas horas de la noche en las instalaciones del municipio en Parque Celanese no pudo ser más elocuente: la alcaldesa Rubí Laura López Silva anunció el cese de su jefe de policía flanqueada, por no decir aherrojada, por los secretarios de Gobierno, de Seguridad y el Procurador del Estado.
Quizá, el mando policial del que se tenían más elementos para sospechar sobre pecados de acción y omisión en cuanto al resguardo de la seguridad y la paz de un municipio, era precisamente Juan Martín Rodríguez Olvera.
Esas sospechas eran mucho mayores, por ejemplo, que las que se cernían sobre sus homólogos de Acámbaro, Jerécuaro o Coroneo, los cuales fueron detenidos sin miramientos y sujetos a un proceso penal del orden federal, independientemente de las vicisitudes judiciales que se han presentado en el transcurso de los hechos.
Sin embargo, en Celaya se decidió actuar con pinzas, probablemente por tratarse de un bastión del panismo; quizá por que está gobernada por una corriente influyente dentro del propio PAN y del Yunque; o, también, por la previsión de mayores efectos mediáticos.
Incluso, puede ser que se haya temido una reacción más virulenta del crimen organizado, como finalmente ocurrió, aún sin la intervención.
Por si algo faltara, en el gabinete de seguridad del estado siempre se tuvo una negativa como respuesta de la alcaldesa López Silva a cualquier insinuación o recomendación sobre la necesidad de hacer cambios en la corporación. Integrantes de ese órgano han confirmado que lo que embargaba a la funcionaria era, sobre todo, un gran temor.
No pudo ser más gráfica, también, la forma en la que se desarrollaron los acontecimientos: la decisión de cesar a Rodríguez Olvera ocurrió luego de haber procedido una orden de presentación motivada por la inexplicable ausencia de los elementos de la policía de Celaya en la movilización suscitada tras el ataque a un agente ministerial que provocó tres muertes en pleno centro de la ciudad ese mismo miércoles.
La discusión entre el ayuntamiento y los funcionarios estatales, sobre la suerte del director de seguridad, ocupó más de tres horas. Sólo cuando se anunció la decisión y se realizó una sesión de ayuntamiento para validarla, Rodríguez Olvera pudo abandonar las instalaciones del ministerio público.
En su declaración a los medios, la alcaldesa fue enfática en señalar el apoyo del estado a los celayense: “no estamos solos”, dijo. Ese acompañamiento se ha convertido, por lo pronto, en la presencia permanente en Celaya del gabinete de seguridad del estado, encabezado por el secretario de gobierno Héctor López Santillana, en una medida más mediática que de impacto real contra los problemas de inseguridad.
Por si algo faltara, la cabeza del ayuntamiento celayense consideró pertinente salir a negar un extendido rumor que afirma que la familia de la funcionaria y ella misma han trasladado su domicilio a Querétaro, a causa de la inseguridad reinante en el municipio que gobierna.
Así, con una intervención de facto para el rescate de lo que ha pasado de ser inseguridad a franca ingobernabilidad; con un amplio descrito ante sus gobernados y con una evidente limitación para tomar decisiones autónomas, para todos los efectos políticos e institucionales, el gobierno de Rubí Laura parece haber llegado a su fin, algo que no le ocurrió, ni siquiera con las intervenciones hostiles, a ninguno de los ayuntamientos del sur del estado.
De aquí en delante, cualquier mejoría en materia de seguridad, entrará en la contabilidad del gobierno olivista, si es que en verdad se sostiene la presencia que inició esta semana. También, por supuesto, cualquier reclamo por el hecho de que se mantenga la afrenta criminal contra los ciudadanos o, incluso, que empeore, irá destinada a la esfera estatal.
El gobierno de Rubí Laura ha pasado ser testimonial y a dotar de formalidad los acuerdos que se tomen en otras esferas, si es que el panismo gobernante quiere apostar en serio a tener una posibilidad de recuperar Celaya. No parece un camino fácil, seguro no lo será.
